El presidente colombiano Alvaro Uribe avanza en la búsqueda de un diálogo de paz con las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en medio de un gran debate.
El proceso, iniciado en diciembre, ”avanza positivamente” en opinión del obispo católico de la septentrional ciudad de Montería, Julio Vidal, miembro de la Comisión Exploratoria de los acercamientos nombrada por el gobierno.
El 12 de junio, las AUC entregaron a un grupo de 40 menores de 18 años que tenían en sus filas al Instituto de Bienestar Familiar, para que iniciaran una etapa de resocialización, y eso puede interpretarse como una señal de su disposición a negociar, opinó.
Esos jóvenes, de los cuales 38 son varones, tienen edades de 14 a 17 años, y proceden de los meridionales departamentos Putumayo, Caquetá y Nariño, los nororientales Arauca, Santander del Norte y Santander, el central Boyacá y el septentrional Bolívar.
Según Vidal, desde el inicio de los acercamientos una de las condiciones del gobierno fue que cesaran el uso de combatientes infantiles, cuyo número en las fuerzas irregulares se calcula de 6.000 a 7.000, los actos violentos contra la población civil y las actividades de narcotráfico.
Las AUC ”han entendido el momento histórico y entienden que por medio de las armas sólo van a conseguir salpicar más al país con sangre de colombianos” señaló.
Una fuente cercana a ese grupo armado, que pidió no ser identificada por razones de seguridad, dijo a IPS que las AUC se disponen a desmovilizar a 1.000 de sus combatientes, que serían cerca de un décimo del total, para mostrar su disposición a negociar.
Según esa fuente, eso sería parte de un proyecto de desmovilización gradual, dependiente del éxito que se logre en el proceso de reinserción social que ofrece el gobierno.
Algunos analistas destacan que ese eventual proceso no tiene precedentes y plantea al gobierno desafíos de tipo logístico y jurídico.
Los logísticos se relacionan con la infraestructura necesaria para reubicar a los ex combatientes y brindarles seguridad, pero los jurídicos son aun más complicados, puesto que no hay mecanismos claros para resolver la situación judicial de un ex paramilitar que se desmovilice en forma voluntaria.
El paramilitarismo que dio origen a las AUC comenzó en los años 70, cuando campesinos y hacendados se organizaron, con apoyo del ejército, para combatir contra guerrilleros izquierdistas.
En 1989, esos grupos armados derechistas fueron declarados ilegales, por sus vínculos con el narcotráfico y sus ataques a sindicalistas y otros activistas del movimiento social.
Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, los paramilitares han sido responsables de más de 70 por ciento de las masacres de civiles cometidas en el marco del conflicto colombiano en la última década.
Tras la asunción del derechista presidente Uribe, en agosto del año pasado, y el inicio de los acercamientos para una negociación de paz, las AUC han disminuido sus actos de violencia contra civiles, pero según algunos analistas aún asesinan a personas que consideran colaboradores de la guerrilla.
El punto de partida para resolver la situación jurídica de los paramilitares que se entreguen es un proyecto anunciado por Uribe a fines de mayo, que concedería libertad condicional y suspensión de condenas a miembros de grupos armados que se entreguen, aunque estén acusados de delitos muy graves.
Según el senador Rodrigo Rivera, del opositor Partido Liberal, es evidente que ”se está adecuando la legislación para negociar con los paramilitares”.
Pero el defensor del pueblo Eduardo Cifuentes expresó que cualquier negociación con esos grupos basada en dejar impunes delitos de lesa humanidad será frágil, jurídica y políticamente.
Otras dudas se relacionan con la agenda de discusión que se planteará con las AUC, que no disputan el poder con el Estado como los guerrilleros izquierdistas, y con el modo en que se tratará el tema de la relación de esos grupos con el narcotráfico, que es una de sus fuentes de financiación.
El gobierno lleva a cabo sus acercamientos con 34 frentes (unidades organizativas relativamente autónomas) de las AUC, que según organismos de seguridad suman presencia en 30 por ciento del territorio del país, y en opinión de algunos analistas están muy vinculados con poderes políticos y económicos de las zonas en que actúan.
Marco Romero, de la organización no gubernamental Paz Colombia, dijo a IPS que la negociación con las AUC tiene ”perspectivas interesantes pero también puede tener desarrollos complejos, dependiendo del escenario en el que se pueda situar”.
En opinión de Romero, cuyo grupo promueve la solución negociada del conflicto, se está aún en una etapa preliminar, sin respuesta a las preguntas de fondo.
Una de las posibilidades es que las AUC se desmovilicen, pero otra es ”una reingeniería de la guerra, en la que muchos de estos grupos terminen involucrados en las nuevas estrategias del conflicto”, como informantes del gobierno o incorporados a las Fuerzas Armadas, señaló el experto.
