La muerte de un obrero en una manifestación opositora y el ataque con una granada contra una estación de policía marcaron en Venezuela el regreso de la violencia que asedia desde hace un año la lucha política.
Decenas de miles de opositores marcharon el jueves, Día Internacional de los Trabajadores, tras las banderas de la mayoritaria Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), y eso marcó su regreso a las calles después de tres meses de reflujo.
Ese reflujo había comenzado tras el fracaso de una huelga empresarial y sindical en diciembre y enero contra el presidente Hugo Chávez.
El oficialismo también movilizó a miles de sus partidarios en una marcha en Caracas que dio nacimiento a una nueva central sindical, la Unión Nacional de Trabajadores, que afirma representar a 1.200 organizaciones de base, frente a los 2.300 sindicatos de la CTV.
En la plaza donde concluía la marcha caraqueña de la CTV, el obrero de la construcción Ricardo Herrera, de 46 años, se trenzó en una discusión con simpatizantes de Chávez que merodeaban en ese lugar. Uno de ellos sacó un revólver y dio muerte a Herrera con varios balazos en el pecho.
En incidentes menores resultaron heridas seis personas, entre ellas un agente policial.
En la madrugada de este viernes, desconocidos hicieron estallar una granada de fragmentación frente al cuartelillo de la policía de tránsito del municipio de Chacao, un sector residencial de clase media en el este de Caracas que se ha convertido en plaza fuerte de la oposición.
La violencia ha marcado la lucha política, con muertos y heridos en ataques a concentraciones opositoras y oficialistas, desde abril de 2002, cuando ocurrieron un golpe y un contragolpe de Estado.
El secretario general de la CTV, Manuel Cova, dijo este viernes que un año de violencia política ha cobrado 57 vidas y dejado 600 heridos, pero organizaciones no gubernamentales sostienen que los muertos por esa causa desde abril de 2002 fueron cerca de 80.
La Coordinadora Democrática, coalición opositora que incluye a partidos políticos, asociaciones civiles, la CTV y la central patronal, Fedecámaras, culpó al gobierno por la muerte de Herrera, y afirmó en un comunicado que su ”asesinato a manos de un sicario del oficialismo es una demostración de impotencia del régimen”.
El diputado oficialista Tarek Saab rechazó ese comunicado ”como muestra de cinismo y porque busca que no se esclarezcan los hechos, utilizando la muerte de un trabajador para hacer proselitismo político”.
El Ministerio del Interior deploró los hechos, afirmó que interroga a testigos del asesinato y persigue a sospechosos, aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía y exhortó a evitar declaraciones ”que propician la confusión y desinformación de la opinión pública”.
La Coordinadora anunció que retomará la senda de manifestaciones, para ”calentar la calle” según dijo uno de sus portavoces, Alfredo Ramos, y alentar la realización este año de un referendo con potencial efecto revocatorio del mandato sexenal de Chávez (2000-2006).
El oficialismo celebró el mes pasado el primer aniversario de la recuperación del poder por Chávez, tras un golpe de Estado de 48 horas, y aseguró que también aumentará sus movilizaciones, además de procurar la revocación del mandato de gobernadores y alcaldes que militan en la oposición.
”Entramos en una especie de biorritmo de la acción política callejera y veremos por lo menos una marcha importante cada mes”, dijo a IPS José Vicente Carrasquero, profesor de posgrado de ciencia política de la Universidad Simón Bolívar.
”La oposición buscará que Chávez no tenga escapatoria y deba contarse en un referendo”, por lo que manifestará tanto en apoyo de esa consulta como para protestar por medidas económicas o sociales que juzgue inconvenientes, pronosticó.
El académico atribuyó el asesinato de Herrera a que ”el gobierno quiere sostener una fachada constitucional y no aparecer como un régimen represivo, por lo que para disuadir las manifestaciones emplea civiles simpatizantes y no los cuerpos policiales uniformados”.
Para el analista Manuel Sierra ”en Venezuela se confrontan un proyecto de perfiles autocráticos y una robusta vocación democrática en las calles”.
Pero el vicepresidente José Vicente Rangel sostuvo que ”es la oposición la que no ha logrado estructurar una verdadera política democrática de largo aliento, y se deja arrebatar por el cortoplacismo de querer sacar a Chávez del poder a cualquier precio”.
El repunte de la violencia siguió a semanas dominadas por un reflujo en la agitación política y la negativa del gobierno a suscribir un acuerdo con la Coordinadora sobre el referendo eventualmente revocatorio, previsto en la Constitución si se presentan en su apoyo unos 2,5 millones de firmas de electores.
En las últimas dos semanas, pidieron asilo en las embajadas de Perú, República Dominicana y Uruguay seis oficiales del Ejército con rango de capitán, dados de baja o sometidos a investigación por declararse en desobediencia junto con decenas de otros oficiales sin cargos ni mando de tropas.
Portavoces policiales dejaron saber que esos capitanes eran investigados por su presunta participación en atentados con bombas realizados en febrero contra sedes diplomáticas de Colombia y España, y contra el edificio que albergó una mesa de negociación entre el gobierno y la Coordinadora. (
