El secretario general de la OEA, César Gaviria, puso a prueba su paciencia este jueves en Venezuela en busca de un esquivo acuerdo entre el gobierno y la oposición.
Gaviria informó que trabaja con las propuestas de una y otra parte para alcanzar un texto que, según trascendió, será más breve que el documento de 25 puntos elaborado el 11 de abril en la Mesa de Negociación y Acuerdos, instalada a fines del año pasado para intentar resolver el severo enfrentamiento político.
La delegación del gobierno de Hugo Chávez puede firmar el convenio a cambio de que se le confíen a los poderes públicos, en particular al Consejo Electoral y el parlamento, los cometidos de la Mesa creada a instancias del secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos).
”El gobierno quiere salir de la Mesa y que firmemos con ellos la carta de defunción, mientras que nosotros queremos su permanencia”, dijo Américo Martín, uno de los seis representantes de la Coordinadora Democrática, que reúne a empresarios, sindicalistas, grupos civiles y partidos de oposición.
Mientras, Gaviria admitió este jueves que ”todavía es muy temprano para decir si vamos a conseguir un acuerdo pleno”, en referencia al texto de compromiso entre las partes, que podría desembocar a fines de año en un referendo revocatorio del mandato presidencial de seis año de Chávez, que finaliza en 2006.
Las declaraciones fueron realizadas luego de reunirse con el vicepresidente José Vicente Rangel, cabeza del equipo negociador oficialista, y con los representantes de la Coordinadora Democrática para tratar de alcanzar un compromiso en ese sentido.
”Asistimos a la puja de fuerzas entre una oposición que confía en la comunidad internacional, y no en las instituciones del Estado, y un gobierno que desconfía de la injerencia externa y quiere enmarcar el conflicto dentro de los límites del país”, señaló a IPS el politólogo José Vicente Carrasquero.
La Mesa de Negociación y Acuerdos creada el 8 de noviembre cuenta como facilitador a Gaviria y a delegados del estadounidense Centro Carter y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Venezuela vivía entonces un clima de efervescencia, con multitudinarias manifestaciones en contra y a favor de Chávez, incidentes callejeros, amenazas de huelga y la intranquilidad provocada por oficiales militares que, sin tropas a cargo, proclamaban desde una plaza caraqueña su desobediencia a los mandos.
El gobierno aceptó una instancia de diálogo, pero la fuerza de la oposición logró acordar una Mesa de Negociación y Acuerdos.
En ese marco, la coalición opositora intimó a Chávez a que avalase antes del 4 de diciembre un referendo consultivo de su permanencia en la presidencia, caso contrario convocaría a una huelga general y a la desobediencia civil.
Finalmente estalló la paralización de actividades el 2 de diciembre organizada por la asociación empresarial Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela y los gerentes de la estatal industria petrolera, que proporciona 80 por ciento de las divisas y la mitad de los ingresos al Estados.
El gobierno resistió la embestida, despidió a miles de gerentes y técnicos petroleros y logró reanudar a fines de enero la producción y exportación de crudo, así como el abastecimiento interno de combustibles y otros bienes esenciales.
En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia invalidó el llamado a referendo consultivo que había hecho el Consejo Nacional Electoral (con mayoría de sus miembros simpatizantes de la oposición).
También por entonces el ex presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981) pidió a las partes escoger entre un referendo revocatorio o una enmienda a la Constitución.
La huelga se levantó formalmente el 2 de febrero, pero ”ambas partes quedaron muy golpeadas”, comentó a IPS un diplomático latinoamericano en Caracas que prefirió el anonimato.
Sin embargo, ”el gobierno ha sido más hábil en explotar la falta de aliento del contrario. La oposición puede hacer marchas y buscar firmas, pero por ahora no puede paralizar el país o agitar en los cuarteles”, agregó.
Así, el oficialismo planteó que la crisis política existente en Venezuela al momento de instalarse la Mesa ha desaparecido, y por eso la tarea de esa instancia debe trasladarse a la Asamblea Nacional (parlamento).
En cambio, la oposición insiste en que la Mesa y el llamado Grupo de Amigos de Venezuela, integrado por representantes de Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal, deben mantenerse durante todo el proceso de consultas electorales que sucedan a un posible acuerdo.
La Constitución aprobada en 1999, impulsada por el propio Chávez, establece que el mandato de toda autoridad elegida en sufragio popular puede ser sometida a un referndo revocatorio de su mandato una vez vencida la mitad de su periodo de gobierno.
Esa consulta, que para el caso de Chávez se podrá convocar después del 19 de agosto próximo, debe ser solicitada por al menos 20 por ciento del padrón electoral, entre otros requisitos.
Un borrador de acuerdo sobre la materia se alcanzó en la Mesa en abril, pero el oficialismo propuso modificaciones y en particular rechazó la supervisión internacional de la consulta electoral y pidió que además de Chávez sean sometidos a referendo otras autoridades, como gobernadores estaduales y alcaldes.
Manuel Cova, otro delegado opositor, apuntó que ”la causa que originó la Mesa, que es la crisis política, económica, social y de confrontación entre los venezolanos, es hoy día mayor que cuando surgió”.
”Necesitamos la mediación internacional para garantizar que el oficialismo no cambie las reglas de juego en el camino”, añadió.
Para Rangel, en cambio, ”la situación que existía cuando sectores de la oposición intentaban repetir un golpe de Estado, como el de abril de 2002, ya no existe”, y el referendo ”va si se reúnen las condiciones previstas en la Constitución: el número de firmas necesario y la convocatoria del Consejo Electoral”.
En tanto, la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral está empantanada en el parlamento, donde la correlación de fuerzas es 86 legisladores a favor del oficialismo frente a 79 de la oposición, y se requieren dos terceras partes (110 diputados) para designarlo.
Si el parlamento no consigue designar el Consejo, de cinco miembros y en el cual las partes pugnan por hacerse con la mayoría de tres puestos, la designación recaería en el Tribunal Supremo de Justicia. (
