La prisión preventiva dictada este jueves en Portugal contra el ex ministro y diputado socialista Paulo Pedroso por supuestos actos de pederastia es considerada un tiro al corazón del sistema político, más allá del desenlace del proceso.
El juez Rui Teixeira, del Tribunal de Instrucción Criminal (TIC) de Lisboa, había solicitado en la víspera al presidente del parlamento, Joao Bosco de Mota Amaral, el levantamiento temporal de la inmunidad de Pedroso, acusado de 15 casos de abuso sexual de menores.
Sin embargo, no fue necesario tratar el requerimiento judicial pues el propio diputado, número dos y portavoz del opositor Partido Socialista (PS), pidió la suspensión de su mandato ”hasta ser declarado inocente” y saber ”de dónde partió la calumnia, cuyos autores deben ser identificados y enjuiciados”.
Pedroso, viceministro y luego ministro de Seguridad Social entre 1999 y 2001, fue llevado ante el TIC el miércoles por la noche y tras 14 horas de interrogatorio fue puesto en prisión, por considerar el juez que la detención domiciliaria podría perturbar las investigaciones o continuar su actividad criminal.
El secretario general del PS, Eduardo Ferro Rodrígues, aseguró que Pedroso era inocente y pasó a la ofensiva, al señalar que se trataba de una campaña de intrigas orquestadas contra este partido y en la que él estaría incluido entre los sospechosos de abuso sexual de menores.
”Sabemos que mi propio nombre ha sido insinuado como haciendo parte del proceso, inclusive con montaje de testimonios, no por ser yo profesor universitario sino por ser secretario general del PS”, dijo Ferro Rodrígues.
”Este podrá ser el último combate de mi vida, pero advierto que daré una tremenda batalla contra esas pruebas forjadas”, agregó.
En noviembre de 2002 saltó a la luz pública el escándalo de Casa Pía, la principal institución de educación de niños huérfanos e indigentes del país, donde se ocultó por dos décadas y con el silencio cómplice del Estado una red de explotación sexual infantil que servía, según datos existentes hasta ahora, a diplomáticos, políticos, médicos, abogados y periodistas.
La administración de Casa Pía dependía entre 1999 y 2000 directamente de Pedroso, en su calidad de secretario de Estado (viceministro) de Seguridad Social.
La policía judicial detuvo el 7 de febrero pasado a Carlos Cruz, el más célebre animador de televisión de Portugal, y al médico pediatra JoFo Ferreira Diniz, quienes se unieron al hasta entonces único acusado en el caso, Carlos Silvino, un funcionario de Casa Pía que había montado la red, detenido a fines de 2002.
Esos arrestos se produjeron tras escuchar el testimonio de 700 alumnos de la Casa Pía, la entidad responsable de la educación de 3.500 huérfanos e indigentes, donde los investigadores aseguran haber establecido la consumación de 128 casos de abuso sexual contra niños y niñas.
A comienzos de este mes fue detenido también el abogado Hugo Marçal, defensor de Silvino, y en la madrugada del miércoles se le dictó prisión preventiva al embajador Jorge Ritto, acusado de 11 casos de abuso de menores.
Ritto se jubiló hace tres años de su extensa y destacada carrera diplomática, cuyas dos últimas misiones fueron la de embajador de Portugal en Sudáfrica y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París.
A Ritto se lo acusa de llevar niños elegidos por Silvino en Casa Pía a su residencia de Cascais, ubicada a 25 kilómetros de Lisboa y al parecer centro de orgías en las que solían tomar parte diplomáticos extranjeros y algunas de las figuras públicas ahora detenidas.
El escándalo ha adquirido proporciones de tal magnitud, que el primer ministro conservador José Manuel Durao Barroso pidió ”serenidad y confianza” en la justicia y recordó ”a todos los portugueses que hasta ser condenada, toda persona se presume inocente”.
El ex primer ministro portugués Antonio Guterres (1995-2001), actual presidente de la Internacional Socialista, que reúne a los partidos socialistas, laboristas y socialdemócratas de todo el mundo, se manifestó profundamente conmovido con la detención de Pedroso y se puso a disposición para ”ser testigo de fe” del diputado.
Por su parte, el juez Joao Pedroso, hermano del ex ministro, suspendió sus funciones en el Consejo Superior de la Magistratura, porque ”obviamente no me voy a sentar en la mesa que gobierna a los jueces mientras la cuestión de mi hermano no esté cabalmente aclarada”.
En cambio, el fiscal general de la República, Antonio de Souto Moura, responsable por los procesos en fase de investigación judicial, se mostró ”estupefacto” con las declaraciones del secretario general del PS.
”El Dr. Ferro Rodrígues tendrá la oportunidad para aclarar que entiende por intriga política, si es que su nombre constase en el proceso, pero, por lo que yo sé, él no es sospechoso en ésta ni en ninguna otra investigación judicial”, señaló.
Las posibilidades de que el Estado portugués salga airoso de esta prueba, según los editoriales de los principales diarios del país, son sumamente escasas.
”La pederastia llegó a la política o, mejor dicho, llegó al corazón de nuestro Estado democrático”, sostuvo en un editorial José Manuel Fernándes, director de Público, el principal diario del país.
En su editorial, coincidente con el sentir de los demás diarios, Fernándes añadió que, ”si se confirma que la telaraña de la pederastia alcanzaba a los más elevados niveles de la sociedad portuguesa, la autoestima nacional se encaminará por las vías de la amargura”.
Pero, si se demostrase que ”el sistema judicial actuó de forma precipitada, entonces nunca nadie volverá a tener confianza en la justicia” y se comenzará a ver a los magistrados como una especie de ”justicieros” de toga, empeñados en ”limpiar” Portugal, opinó. (
