Motivos políticos y personales se mezclan en el enfrentamiento con la justicia del primer ministro y magnate italiano Silvio Berlusconi, quien podría perder la libertad si pierde el poder, como otros políticos en América Latina.
El gobernante italiano acusa a jueces y fiscales de actuar con motivaciones políticas, y los opositores de Berlusconi alegan que él y su coalición de gobierno, que tiene mayoría parlamentaria absoluta, usan las posiciones de gobierno para lograr impunidad.
La situación tiene puntos de contacto con las planteadas en por lo menos dos países latinoamericanos.
En Nicaragua, el ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), tuvo que ser despojado de sus fueros parlamentarios para que afrontara un juicio por lavado de dinero, corrupción, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos.
En la Corte Suprema de Argentina aún prevalecen jueces nombrados por el ex presidente Carlos Menem (1989-1999), y los críticos aseguran que sólo eso lo ha salvado de condenas por su involucramiento en casos de corrupción, contrabando, lavado de dinero y tráfico de armas y drogas durante su gobierno.
Menem intentó este año ser elegido para un nuevo mandato, pero desistió de competir en segunda vuelta contra Néstor Kirchner, que lo superaba con amplio margen en todas las encuestas. Muchos observadores piensan que el ocaso político del ex presidente puede llevarlo a la cárcel.
La conflictiva relación entre el primer ministro italiano y el Poder Judicial tiene una historia larga de más de 50 juicios, cuyo punto más crítico hasta ahora fue la condena a 11 años de cárcel, por soborno a jueces, de Cesare Previti.
Previti fue abogado de Berlusconi cuando éste aún no actuaba en política, ministro de Defensa en su primer periodo de gobierno (de siete meses, en 1994) y ahora diputado del gobernante y centroderechista partido Forza Italia.
El abogado fue condenado el 29 de abril por soborno, en la septentrional ciudad de Milán, y aguarda el desenlace de otros dos juicios semejantes. En todos los casos fue acusado de sobornar a jueces para que favorecieran intereses económicos de Berlusconi.
El tribunal de Milán concluyó que el actual diputado corrompió en 1991 a jueces de Roma, para facilitar la compra por parte de Berlusconi de la editorial Mondadori, la más grande del país.
El propio primer ministro fue acusado en ese juicio, pero la Corte de Casación (máximo nivel de apelación de la justicia italiana) decidió que sus eventuales delitos ya prescribieron.
El juicio sobre el caso Mondadori duró muchos años, entre otras cosas por obstrucciones de los imputados.
No sé cuantas personas hubieran podido resistir cinco años en estas condiciones, comentó Ilda Bocassini, fiscal en ese proceso.
No quiero, por amor a la Patria, hablar de los que prefirieron esconderse, añadió, en clara alusión a Berlusconi.
El primer ministro expresó su solidaridad con Previti, y alegó que su ex ministro fue víctima de una persecución político- judicial, pero no se detuvo allí sino que atacó a todo el Poder Judicial.
El juicio a Previti no fue para hacer justicia, sino para golpear a quien recibió de los electores el mandato de gobernar, sostuvo Berlusconi en una carta al diario Il Foglio, propiedad de su esposa.
Hay que subir el tono de nuestra democracia y bloquear ese tipo de acciones, para evitar que nos roben el valor de nuestra soberanía, añadió.
El primer ministro alega que el Poder Judicial es criminal, porque busca derrocar el resultado del voto popular.
Durante su primer gobierno, Berlusconi recibió un aviso de garantía (notificación judicial a quien empieza a ser investigado). Fue el 22 de enero de 1994, cuando asistía en la meridional ciudad de Nápoles a un encuentro internacional sobre criminalidad convocado por la Organización de las Naciones Unidas.
Desde entonces, el político y empresario sostiene que los jueces que lo investigan son togas rojas, y actúan por intereses políticos.
Tras su segunda victoria electoral en 2001, Berlusconi volvió a atacar a los jueces de Milán y sobre todo a Bocassini, llamada Ilda la roja, por continuar la investigación del caso Mondadori y los otros dos de soborno, en los cuales Previti es acusado de la ejecución y el primer ministro de la autoría intelectual.
En el verano (boreal) de ese año, el oficialismo aprobó dos leyes que la oposición consideró herramientas para bloquear los juicios de Milán: una sobre pedidos de colaboración judicial entre Italia y Suiza, y otra que despenalizó la falsificación de contabilidad de empresas.
En verano de 2002 se aprobó otra ley, llamada de legítima sospecha, que permite impugnar la realización de un juicio y encomendar a otro tribunal que juzgue si existen posibilidades de imparcialidad.
La oposición y grupos de la sociedad civil se movilizan contra esa norma, hecha a la medida de Berlusconi según el director cinematográfico Nanni Moretti, uno de los principales convocantes de esas protestas.
Previti buscó ampararse en la ley de legítima sospecha apenas ésta entró en vigor, pero el Tribunal de Casación no aceptó esa demanda.
Por otra parte, el oficialismo busca restaurar la plena inmunidad de parlamentarios y otros gobernantes en ejercicio, anulada a comienzos de los años 90 en el marco de grandes escándalos de corrupción, cuando los fiscales de Milán encabezaron la llamada Operación Manos Limpias.
Está previsto concluir en el segundo semestre de este año el juicio en que se acusa a Previti y Berlusconi de sobornar a jueces romanos en los años 80, para ganar la privatización de la empresa alimentaria SME.
En ese semestre, Italia ocupará la presidencia rotativa de la Unión Europea, y Berlusconi teme un episodio bochornoso como el de 1994. (
