Los inmigrantes encontrarán más trabas para ingresar a España en una inminente reforma de la Ley de Extranjería, anunció este lunes el jefe del gobierno, José María Aznar.
El anuncio, realizado en un seminario sobre Seguridad, Justicia y Libertad en la Unión Europea, en el madrileño Colegio Mayor Universitario San Pablo, fue irresponsable e imprudente, dijo a IPS el presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España, Mustafá Mrabet.
Aznar está en plena campaña para las elecciones de gobiernos locales del 25 de este mes, y busca votos mediante la promesa de dar palos y palos a los inmigrantes, sostuvo.
En la actualidad, el desempleo afecta a casi 12 por ciento de la población económicamente activa, y eso aumenta la hostilidad hacia los inmigrantes, a quienes muchos ven como competidores por empleos.
El censo del 1 de enero de 2001 registró en España casi 1,6 millones de extranjeros, de los cuales casi 463.000 eran inmigrantes irregulares.
El jefe del gobierno informó que el Consejo de Ministros aprobará este viernes el texto de una reforma importante, que afectará a una veintena de artículos de la Ley de Extranjería, ya modificada en diciembre de 2000.
El gobernante y centroderechista Partido Popular (PP) cuenta con una mayoría parlamentaria que asegura la aprobación del proyecto.
Habrá que estudiar esas reformas con calma y atención, una vez que se haga público el texto completo del proyecto, señaló a IPS Ilya Topper, directivo de la organización no gubernamental Solidaridad Internacional.
En los últimos años primó la fortaleza de la Unión Europea (UE) y el control de ingresos, dejando en segundo lugar los derechos humanos de las personas, de los que también deben gozar los inmigrantes, opinó.
El control de fronteras fue uno de los principales temas abordados durante la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la UE, celebrada el 21 y el 22 de junio de 2002 en la sudoccidental ciudad española de Sevilla.
Luego los ministros del Interior de los 15 países miembros del bloque aprobaron un plan conjunto de repatriación de inmigrantes irregulares, cuyos costos comparten.
Aznar dijo que una de las medidas que tratará el próximo Consejo de Ministros será el uso de visados como permisos de trabajo y residencia.
En la actualidad, quien desee residir y trabajar en España debe conseguir primero un contrato de trabajo, y después tramitar un visado en su país de origen o residencia. Obtenido éste, al llegar a España debe comenzar otros trámites para lograr primero un permiso de residencia, y luego uno de trabajo.
Por eso, explicó Aznar, donde hay ahora tres trámites largos y muy lentos, habrá un único trámite que deseamos cumplir con la mayor rapidez, porque queremos que la burocracia no sea un obstáculo a la inmigración legal.
También se fortalecerá el cuadro de sanciones para los inmigrantes ilegales y se aumentarán las condiciones que deben cumplir los transportistas legales, destacó.
No debemos olvidar que la principal vía de entrada de inmigrantes ilegales a España no son las pateras que circulan por el estrecho (de Gibraltar) o en (el archipiélago de las) Canarias. Las principales son los aeropuertos españoles y otros en el espacio Schengen, sostuvo el jefe de gobierno.
Los integrantes del espacio Schengen son Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia, que no aplican controles fronterizos al tránsito de personas entre ellos, de modo que quien entra a uno puede pasar a cualquiera de los demás sin necesidad de visados ni pasaportes.
Aznar arguyó que aplicar las resoluciones de Sevilla implica homologar sanciones y obligaciones de transportistas, así como el reconocimiento mutuo entre Estados de la UE de las resoluciones de expulsión.
Por eso, el mayor problema para impedir la inmigración ilegal es controlar los aeropuertos y que haya unanimidad de normas entre los países del área Schengen, aseveró, y opinó que la política de la UE ante la cuestión migratoria debe basarse en tres criterios.
El primero es acoger a miembros de las sociedades menos favorecidas, el segundo ser muy conscientes de que la capacidad de acogida no es ilimitada, por lo que son necesarios estrictos controles, y el tercero es reafirmar que la única forma admisible de entrar debe ser respetando la ley, o sea con un visado que autorice a hacerlo.
Un objetivo que consideró no menos importante en la reforma es combatir a quienes trafican con los inmigrantes y los ponen fuera de la ley, por lo cual sólo pueden tener el futuro de la explotación y la marginalización.
Asimismo admitió que el gobierno deberá tomar en cuenta la opinión del Tribunal Supremo de Justicia, que anuló 13 preceptos del reglamento de la vigente Ley de Extranjería por considerarlos discriminatorios.
El 13 de este mes, el Tribunal Superior de Justicia de la noroccidental comunidad autónoma de Cataluña reprochó al Ejecutivo lo que calificó de actitud intransigente en materia de inmigración.
Ese organismo judicial dio la razón a un ciudadano marroquí al que se había negado la renovación de su permiso de trabajo.
Según el Tribunal, el ciudadano El Kebib O. demostró su voluntad de arraigo en territorio español de forma clara, patente e indiscutible, ya que de 1991 a 1996 fue residente legal, e incluso se inscribió en la oficina del Instituto Nacional de Empleo.
Consuelo Rumí, secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), manifestó al conocer el anuncio de la reforma migratoria que Aznar ha utilizado nuevamente la mesa del Consejo de Ministros para hacer electoralismo a favor de su partido.
Y lo hizo en un tema en que, además, el gobierno ha promovido tres reformas legales, ha tenido tres ministros y ha cosechado tres fracasos, subrayó.
No obstante esa crítica, de las declaraciones de Rumí se desprende que no es tanto lo que separa al PP y al PSOE en la materia.
La dirigente socialista opinó que la entrada irregular en España de 500.000 inmigrantes en los últimos años, evidencia el estrepitoso fracaso del gobierno en el control de las fronteras, y destacó que su partido considera necesario (…) más y mejor control en las fronteras aéreas y terrestres.
El PSOE ha considerado siempre que la inmigración es una cuestión de Estado, y como tal debe forjarse por medio del diálogo y el máximo consenso posible con todas las fuerzas políticas, alegó.
Anunciar ahora una reforma de estas características, en plena campaña electoral, nos parece una medida interesada en busca de presuntos réditos electorales concluyó Rumí.
La sección española de la organización humanitaria Amnistía Internacional constató un aumento en el país del racismo y los actos discriminatorios contra inmigrantes, con 321 denuncias en el último año sobre malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad, en ocasiones con muertes de inmigrantes que estaban bajo custodia.
El gobierno no ha puesto en marcha ninguna medida contra el racismo, a pesar de la directiva europea sobre igualdad de trato de las personas, apuntó el director en España de esa organización, Esteban Beltrán.
