Más de un centenar de organizaciones no gubernamentales y activistas de Colombia firmaron un compromiso por una salida política a la guerra civil y contra abordajes autoritarios del gobierno, la guerrilla y los paramilitares.
La llamada Confluencia por la democracia y contra la guerra, es una iniciativa civilista de un grupo de colombianos y colombianas provenientes de diversas corrientes políticas, movimientos sociales y de organizaciones que rechazan de modo contundente la guerra, dijo a IPS el activista humanitario Jorge Rojas.
El acuerdo trata de superar la atomización que han sufrido el movimiento humanitario y de la sociedad civil en las últimas décadas, explicó Rojas, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
También sostuvo que el reto principal del grupo es proponer caminos de reconciliación, en el entendido de que la respuesta al desafío de la violencia es más democracia, reformas con justicia social, y no el militarismo y el autoritarismo utilizados por el gobierno del derechista Alvaro Uribe para enfrentar el conflicto.
Para la abogada Alexandra Montoya, de la Comisión Andina de Juristas, Confluencia por la democracia y contra la guerra, no es un movimiento ni de izquierda ni de centro ni de derecha.
Es un punto de encuentro de personas y de varias organizaciones no gubernamentales que tienen como objetivo común defender un régimen democrático que, por un lado, repudie la violencia y busque una solución negociada al conflicto, y por otro, permita lograr la justicia social y la equidad, así como proteger el Estado social y los derechos humanos, apuntó.
Entre las organizaciones que forman parte del movimiento se encuentran la Comisión Colombiana de Juristas, Planeta Paz, la Red de Iniciativas por la Paz (Redepaz), la Red Nacional de Mujeres, el Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica y la Corporación Viva la Ciudadanía.
La Confluencia, en la carta de principios que fue divulgada y ya firmada por casi un centenar de personas y ONG, condena los actos de barbarie cometidos en el desarrollo de una guerra fratricida y rechaza el programa de seguridad democrática de Uribe por pretender la paz con más medidas de guerra.
Uribe ofreció a las guerrillas izquierdistas y a los paramilitares de derecha, al comenzar su gobierno el 7 de agosto, iniciar negociaciones de paz con mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sólo con los grupos que previamente se desmovilicen.
El documento de la Confluencia indica además que la guerrilla, en su nueva estrategia militar, incurre en acciones abiertamente terroristas, que constituyen crímenes de lesa humanidad, que alejan las posibilidades de la solución negociada al conflicto armado y crean un clima de miedo e intimidación generalizado.
Las prácticas sistemáticas de la insurgencia de secuestros, siembra de minas antipersonal y el uso de cilindros y oches-bomba desconocen las más mínimas normas humanitarias, contribuyen a su aislamiento político, y propician la política de mano dura por parte del gobierno, agrega la carta de principios.
Asimismo, se cuestiona con dureza el programa de seguridad democrática de Uribe y las medidas, como las llamadas zonas de rehabilitación y la red de informantes, dictadas en el marco de la declaración de conmoción interior, que habilita a las fuerzas de seguridad a detener personas y allanar casas sin intervención judicial.
De ese modo, el gobierno involucra directamente a la población civil en las hostilidades, en contravía del derecho internacional humanitario y demuestran su ineficacia para derrotar a los violentos, puntualiza.
Mientras, la presencia creciente de tropas norteamericanas (estadounidenses) atiza el espiral de la guerra, se afirma en la carta.
La Confluencia reconoce y acompaña todo esfuerzo e iniciativa encaminada a solucionar el conflicto armado interno por la vía del diálogo y la negociación, sin detrimento del monopolio y uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.
En tal sentido, llama la atención del país y del gobierno para que el proceso de diálogo con las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se dirija hacia el desmonte efectivo del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
El movimiento civil pide también el esclarecimiento sobre las atrocidades cometidas, el grado de corresponsabilidad estatal y la reparación y justicia para con las víctimas de estos grupos armados.
El informe anual de Amnistía Internacional (AI), divulgado el 29 de este mes, aseguró que las medidas de seguridad del gobierno de Uribe exacerbaron el ciclo creciente de violencia política en Colombia.
Esta organización humanitaria con sede en Londres también sostuvo que la ruptura de las conversaciones de paz en febrero del año pasado entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), intensificaron la crisis de derechos humanos.
La población civil siguió siendo la principal víctima de las violaciones de derechos humanos perpetradas tanto por el ejército, con sus aliados paramilitares, como por los grupos armados de oposición, cuestionó AI en su capítulo sobre Colombia.
Allí se añadió que en Colombia se registraron más de 500 desapariciones de personas, 4.000 civiles muertos por motivos políticos y unos 350.000 desplazados de sus hogares en los nueve primeros meses de 2002, además de 2.700 secuestradas por la guerrilla o paramilitares.
También se anota que el gobierno, en el marco de su política de seguridad democrática, implicó aún más a la población civil en el conflicto armado mediante la creación de una red de un millón de informantes, que se espera colaboren con las fuerzas de seguridad.
Junto a AI existen otras organizaciones civiles preocupadas también por la tendencia creciente de ataques por parte de fuerzas de seguridad estatal contra los activistas humanitarios desde que Uribe asumió el gobierno.
La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, que encabeza una propuesta de solución negociada al conflicto, fue víctima de un allanamiento a comienzos de año por parte de la policía y sin presencia de la justicia.
En ese sentido, Human Rights Watch (HRW), el grupo humanitario con sede en Washington, dirigió el 21 de abril una carta a Uribe en la que expresó alarma por la persecución de que son víctimas trabajadores en defensa de derechos humanos.
HRW denunció en esa misiva el grave riesgo que representa para la seguridad de dichos organismos la acusación continua y cada vez más reiterada de supuestos vínculos entre las ONG de derechos humanos y las guerrillas.
Como acciones inmediatas, la Confluencia por la democracia y contra la guerra comenzó una campaña de oposición al proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno al Congreso legislativo.
La iniciativa pretende otorgar facultades de policía judicial a las Fuerzas Armadas, y se conforman tres grupos de trabajo para abordar el tema de cómo hacer frente a la guerra.
Según el diputado independiente Gustavo Petro, es posible que por el momento este movimiento no tenga eco en el gobierno, pero es un indudable esfuerzo que intenta convencer a la mayoría de los colombianos de que el camino de la guerra es equivocado.
