El mundo del arte brasileño se alzó contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, al que ayudó a elegir, por la condición impuesta a las inversiones culturales de empresas estatales de una ”contrapartida social”.
Representantes del cine, la música, el teatro, las artes plásticas y la literatura protestaron este lunes contra lo que consideran ”dirigismo cultural”.
La ”contrapartida social” requerida para el patrocinio de las firmas estatales incluye ”actuar en sintonía con la política gubernamental, en especial con el Programa Hambre Cero”, según un documento de la empresa pública de energía eléctrica Eletrobrás, que recoge directivas de la Secretaría de Comunicación.
”Los nuevos criterios representan una intervención política e ideológica en la creación artística” y pueden golpear de muerte la actual recuperación del cine nacional, señaló el cineasta Carlos Diegues, como vocero informal de sus colegas.
Los cantautores Caetano Veloso y Chico Buarque de Holanda y los actores Miguel Falabella, Marieta Severo y Fernanda Montenegro, varias veces señalada en el pasado como posible ministra da Cultura, son algunas de las muchas personalidades que apoyaron las expresiones de Diegues publicadas el sábado en el diario O Globo.
En el documento de Eletrobrás se pide apoyar proyectos de generación de ingresos, capacitación de jóvenes y actividades culturales gratuitas o muy baratas para comunidades pobres.
Otras nuevas reglas de patrocinio pretenden que las actividades artísticas beneficiadas por esta vía promuevan tradiciones populares, la identidad brasileña y divulguen la cultura nacional en el exterior favoreciendo la imagen del país.
Para ello son prioritarias las obras que ”democratizan el acceso a la cultura” y estimulan el desarrollo social de los pobres, se argumenta.
Esas condicionantes para obtener patrocinante estatal pusieron en pie de guerra en especial a los directores de cine.
Los cineastas entienden que es un golpe extra después de varios intentos fracasados de negociar los nuevos criterios con el secretario de Comunicación, Luis Gushiken, quien define la política de patrocinio del sector estatal bajo las leyes de incentivo fiscal a actividades culturales y deportivas.
Eso se debe a la ”ignorancia y prepotencia” de la Secretaría de Comunicación, que centralizó esas decisiones ”sin contar con expertos en política cultural ni conocimiento del medio artístico”, dijo a IPS el escritor Eric Nepomuceno.
Se busca promover una ”política asistencialista y autoritaria que ni siquiera es factible”, sentenció Nepomuceno, quien ocupó la secretaría de Intercambio Cultural del Ministerio de Cultura cinco años atrás.
La exigencia de que un cineasta patrocinado distribuya 100 copias revela el desconocimiento de que eso depende del distribuidor y no del productor de una película, comentó a modo de ejemplo.
Nepomuceno opinó que es necesario ”revisar las leyes de incentivos fiscales a la producción cultural”, en un diálogo entre los artistas y el Ministerio de Cultura, cuyo papel debe ser fortalecido.
”Faltó diálogo” para evitar esa ”confrontación lamentable e innecesaria”, añadió el escritor y también guionista de cine, tras destacar que ”ningún otro ministerio recibe órdenes de otros sectores del gobierno”.
La Secretaría de Comunicación respondió a las críticas mediante una nota en que niega ”cualquier forma de interferencia en el contenido de la producción cultural”, aunque admite nuevos criterios para el ”buen uso de los recursos públicos”.
El objetivo es ”democratizar y descentralizar la distribución de recursos de patrocinios', buscando ”ampliar el acceso de la población más pobre a los productos culturales y deportivos que se hacen viables por medio de recursos públicos”, explica la nota oficial.
Veloso entiende que ”las exigencias sugieren un dirigismo temático y estilístico insoportable”, y agregó que un buen gobierno ”no debe siquiera parecer que insinúa menor libertad para los creadores”.
Lula debe recibir las protestas como ”un serio reclamo de la clase artística”, afirmó el cantautor.
Pero tampoco faltaron menciones de cineastas y actores al ”realismo socialista”, la política de la desaparecida Unión Soviética que imponía criterios y objetivos políticos al arte.
La idea de hacer de la cultura un instrumento de lucha por el poder es ”una herencia del viejo machismo revolucionario latinoamericano”, que considera el arte ”cosa de maricón” y un lujo a ser pagado con ”hambre y mucho sufrimiento por quien desea practicarla”, apuntó Diegues.
Las nuevas reglas provocaron indignación porque, según Diegues, pueden interrumpir el proceso de recuperación del cine brasileño, que produjo 250 largometraje desde 1994, 70 de los cuales marcaron el debut de directores.
Esa producción aumentó de uno a casi 10 por ciento la participación de películas nacionales en la taquilla de todo el país.
Lula y su izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) siempre contaron con un fuerte apoyo de los artistas en general, especialmente en las elecciones. Esta es la segunda frustración que sufren estos aliados con el gobierno de Lula, que asumió el 1 de enero.
La primera fue el nombramiento del compositor y cantante Gilberto Gil como ministro de Cultura.
Los artistas militantes del PT habían diseñado un programa cultural para el gobierno y esperaban un ministro que estuviese de acuerdo con sus ideas y Gil no había formado parte del grupo.
Esta segunda frustración pone fin a la luna de miel entre Lula y el mundo de la cultura, según algunas interpretaciones.
Sin embargo, el presidente del PT, el ex diputado José Genoino, decidió intervenir y prometió promover esta semana un encuentro entre el secretario de Comunicación y una comisión de cineastas.
