AUSTRALIA: Movimiento republicano aprovecha escándalo

Australia vuelve a debatir la instauración de la república tras la renuncia del representante de la corona británica, Peter Hollinworth, salpicado en un escándalo por agresión sexual contra niños y niñas.

El presidente del Movimiento Republicano Australiano, Jim Terrie, teme que para acallar la indignación se efectúen cambios institucionales menores referidas a la selección o remoción del representante de la corona, manteniendo al monarca de Gran Bretaña como jefe de Estado de este país.

El gobernador general Hollingworth renunció para poner fin al escándalo causado por su mal manejo de denuncias contra clérigos anglicanos por abuso sexual de menores cuando él era arzobispo de la oriental ciudad de Brisbane.

El primer ministro John Howard, del Partido Conservador, ”debe iniciar un proceso de consultas populares sobre la república”, afirmó Terrie, cuyo movimiento promueve la instauración de un sistema de gobierno con un jefe de Estado australiano.

”No nos convertirá de ningún modo en una república que Howard realice pequeños cambios en el proceso de selección” del gobernador general, sostuvo el dirigente republicano.

Terrie cree que el gobierno de Australia ni siquiera considera promover cambios en el sistema de designación del representante del trono británico, una decisión que hoy corresponde a la propia corona, aunque a iniciativa del primer ministro.

”Juguetear con los actuales convenios sobre el gobernador general no es suficiente”, dijo Terrie, para quien Howard ”debe consultar al gabinete australiano y al líder de la oposición” con el objetivo de realizar reformas de largo aliento.

Hollingworth era desde junio de 2001 gobernador general de Australia, un cargo fundamentalmente ceremonial pero al que la constitución asigna importantes facultades, entre ellas la de nombrar y destituir —aunque sea formalmente— a los ministros, así como al Tribunal Supremo y a otros jueces.

”Dadas las circunstancias, su decisión de renunciar fue correcta”, dijo Howard ante el parlamento este lunes. La sucesión de Hollingworth se resolverá en las próximas semanas, durante las cuales el decano de los gobernadores estaduales, Guy Green, ejercerá el cargo.

Howard seleccionó a Hollingworth antes de proponérselo a la reina Isabel de Inglaterra sin mayores consultas, ni siquiera a su gabinete.

Luego de la renuncia, el líder del opositor Partido Laborista, Simon Crean, reclamó para sí mismo participación en el nombramiento del representante de la corona.

”El puesto y la jerarquía del gobernador general deben restaurarse tan rápido como sea posible. Una forma de hacerlo es asumir el bipartidismo en el proceso de selección”, dijo Crean.

Aunque el primer ministro consulte al jefe de la oposición, persistirá el anacronismo de que la jefatura de Estado australiana permanezca en el trono de Inglaterra, así como la designación de su representante, advirtió Terrie.

La necesidad de un cambio institucional es agobiante, advirtió la directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la Universidad de Melbourne, Cheryl Saunders.

”La selección del gobernador general como prerrogativa del primer ministro es particularmente extraña, dada la necesidad de que el gobernador general actúe con imparcialidad en ciertas crisis constitucionales”, escribió Saunders en una columna para el diario Sydney Morning Herald.

La constitución prevé que el gobernador general sólo podrá ser destituido por la corona a iniciativa del primer ministro, un sistema que, según Saunders, le resta al cargo responsabilidad ante la ciudadanía australiana.

La renuncia de Hollingworth también desató un debate sobre cómo actuar ante denuncias de violencia sexual contra niños y niñas.

La organización Bravehearts, que apoya a menores víctimas de agresión sexual y a sus padres, puso a las escuelas de Brisbane dependientes de la Iglesia Anglicana en el centro de la controversia.

Durante más de un año, la directora de Braveharts, Hetty Johnson, ha recomendado la creación de una comisión real encargada de establecer mecanismos para impedir el abuso sexual contra menores y para responder mejor a los casos que se registren. (

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