Indígenas lacandones de México amenazan con detener a la fuerza la colonización de la meridional reserva de biosfera Montes Azules, mientras el gobierno promete por enésima vez soluciones al conflicto, que parece a punto de desbordarse.
Desde el comienzo del gobierno de Vicente Fox en diciembre de 2000 se registraron 10 nuevos asentamientos en la reserva de 331.000 hectáreas, ubicada en el estado de Chiapas, con lo que suman ya casi 45, con una población acumulada de 35.000 personas.
Un diagnóstico sobre la problemática, realizado por autoridades ambientales, indica que en la selva Lacandona y en la reserva Montes Azules existe un riesgo inminente de violencia entre los lacandones y colonizadores.
Las promesas de reubicación de los colonos y de freno a nuevos asentamientos datan de hace más de una década y no se concretan.
”Hay una bomba de tiempo en la selva Lacandona, pero no sólo ahí sino en todas las zonas rurales de Chiapas, donde persiste la pobreza y la violencia”, dijo a IPS Guillermo Trejo, quien estudia movimientos sociales en el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
La tala e incendio de bosque nativo, la presencia animales de pastoreo y la caza y pesca de especies en peligro de extinción son problemas derivados de la colonización, que avanza pese a la creación de múltiples comisiones negociadoras, el patrullaje militar y las innumerables promesas oficiales sobre la materia.
Pese a representar apenas una fracción del territorio mexicanos, lo que queda de la selva Lacandona y, dentro de ella, los Montes Azules albergan una gran riqueza natural.
En esa zona selvática, la principal reserva tropical húmeda de América del Norte, se concentra 37 por ciento de las especies de mamíferos del país, 48 por ciento de las aves, 33 por ciento de los reptiles y 32 por ciento de las aves.
Pero la colonización y la consiguiente destrucción de su riqueza natural están llevando a Lacandona hacia su muerte, advierten estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La selva Lacandona abarcaba hace dos siglos cerca de dos millones de hectáreas de vegetación húmeda, pero hoy son menos de 500.000 hectáreas y el resto, en parte colonizado, ocupa un paisaje semidesértico.
En cuando a la reserva de la biosfera, más de 20.000 hectáreas estarían ya degradadas y otras 20.000 en proceso de lo mismo, según cálculos del gobierno.
La colonización de nativos que provienen de zonas aledañas, en su mayoría simpatizantes del insurgente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se suma día a día a la población de lacandones, la etnia dueña legal de la mayor parte de la zona selvática.
Los lacandones, que no son más de 1.000 personas, amenazaron este mes con desalojar por su cuenta a los colonizadores, a quienes acusan de destruir la selva sin ninguna contemplación. El grupo señaló además que el gobierno de Fox no hace nada por frenar el conflicto.
Solucionar el problema de la colonización de las selvas de Chiapas, pasa por encontrar las fórmulas para negociar la paz con el EZLN, indicó Trejo.
El grupo, que se levantó en armas a inicios de 1994, mantiene en suspenso su diálogo con el gobierno desde 1996, cuando era presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), y hasta el presente, aunque Fox desmilitarizó parcialmente la zona e impulsó la puesta en libertad de guerrilleros presos, entre otras medidas.
El EZLN sostiene que sólo dialogará cuando se apruebe una ley sobre derechos indígenas en los términos que demanda y no en los que sancionó el Congreso legislativo en 2001. Mientras, se mantiene en la selva y cañadas sin atacar ni ser atacado, gracias a una ley de amnistía vigente desde 1994.
Los nativos que colonizan la selva Lacandona y la reserva sostienen que huyen de la pobreza, la violencia y la falta de tierras.
Hay un problema social complejo en Chiapas y la colonización de la selva es una arista más de ello, por lo que requiere un trabajo especial que el gobierno de Fox no parece estar haciéndolo, apuntó Trejo.
Desde 2001, las autoridades ofrecen solucionar el problema de Montes Azules mediante la concertación y el diálogo con los colonos y los lacandones, pero no lo ha logrado.
En diciembre consiguió desalojar de forma pacífica a 27 familias de indígenas choles, con la promesa de entregarles tierras en otras zonas. Pero la promesa no se concretó.
Cansados de esperar y luego de permanecer cinco meses en albergues del gobierno, a fines de este mes los nativos decidieron buscar tierras por su propia cuenta.
El gobierno estadual de Chiapas estima que se necesitarán unos 100 millones de dólares para realizar ofertas ciertas de reubicación de los colonos, dinero con que no cuenta por el momento.
La Asociación Rural de Interés Colectivo, que representa a 12 de los asentamientos irregulares registrados los últimos años en la reserva de Montes Azules, advirtió que no aceptará ningún programa de reubicación y que, por el contrario, pedirá la legalización de su estancia.
El portavoz de la agrupación, Mario Hernández, puntualizó que están dispuestos a enfrentarse con las fuerzas policiales para evitar cualquier plan de desalojo.
Sin embargo, el secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Santiago Creel, afirmó que no existe riesgo de violencia inminente en Montes Azules, pese a que lacandones y colonos amenazaron con usar la fuerza.
Creel repitió por enésima vez, tal como lo han hecho otros en el pasado, que el conflicto será solucionado a través del diálogo y la concertación con las partes involucradas.
Mientras eso se concreta, la selva Lacandona y la reserva de Montes Azules siguen en proceso de destrucción y la violencia amenaza con desatarse en cualquier momento.
