La ley de Bonos de Descontaminación que impulsa el gobierno de Chile ya recibió férrea oposición de ambientalistas y hasta de legisladores oficialistas, por entender que transforma el principio ”el que contamina paga” por ”el que contamina gana”.
Así lo señaló a IPS el diputado Alejandro Navarro, del cogobernante Partido Socialista (PS) y miembro de la Comisión de Medio Ambiente de su cámara, quien se sumó a las advertencias contra este proyecto de ley lanzadas por la dirigente ecologista Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable.
Larraín, ex candidata presidencial en los comicios de 1999, señaló que ”ciertos sectores” pretenden confundir a la población mezclando los mecanismos del Protocolo de Kyoto para vincular la inversión externa a programas de reducción de emisiones de bióxido carbono (CO2) con ese ”curioso invento criollo” de los bonos.
El presidente Ricardo Lagos planea enviar el proyecto al Congreso legislativo en el primer semestre de este año, indicó Navarro, basándose en exposiciones realizadas en la Cámara de Diputados por Gianni López, director de la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama).
La controvertida iniciativa forma parte de la ”Agenda Pro Crecimiento”, un conjunto de propuestas consensuadas por el gobierno y la empresarial Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) con vistas a la reactivación y al mayor crecimiento de la economía, precisó a IPS el experto técnico de Conama Enrique Calfucura.
La Sofofa, que reúne a los grandes industriales chilenos, es uno de los gremios empresariales más influyentes del país y su presidente, Juan Claro, se destaca por el alto nivel de interlocución que mantiene con Lagos, un socialista moderado.
Los bonos de descontaminación interesan a los industriales porque su ámbito de aplicación es estrictamente local, es decir no será un mecanismo abierto a la inversión externa y va a operar solo en la Región Metropolitana (Santiago), explicó Navarro.
El diputado y Larraín coincidieron en que el mecanismo de la ley propuesta consistirá en adjudicar a las empresas ”cupos de contaminación de la atmósfera” sobre la base de sus emisiones y legalizar esa adjudicación con la emisión de un bono, lo cual implica ”crear un derecho de propiedad sobre el aire”.
”Este bono y los mecanismos legales que permitirán su transacción financiera conceden a las empresas derechos a contaminar el aire y les permiten vender ese derecho a otro proyecto que no tiene cupo para contaminar”, dijo la directora de Chile Sustentable.
A su vez, Navarro sostuvo que hay un ”efecto perverso” en la propuesta de Lagos, en tanto la industria del resto del país, al margen de Santiago, va a empezar a generar más emisiones para poder tener así mayores cupos de bonos a transar en el mercado.
Para el parlamentario socialista, la razón de fondo de esta propuesta radica en que el gobierno ”pretende intentar disminuir la contaminación de la capital sin detener el crecimiento inorgánico, expansivo, horizontal y tremendamente dañino del Gran Santiago (Región Metropolitana)”.
El plan se diseñó en la Conama a raíz de la gravedad de la contaminación de Santiago y por las dificultades para llevar a cabo un plan de descontaminación, hasta el momento no cumplido, que tiene un alto costo económico, con una inversión de 1.400 millones de dólares en 11 años, indicó Navarro.
Distinta es la visión de Calfucura, quien dijo a IPS que la ley, en caso de ser aprobada, asignará los cupos de contaminación considerando metas de emisión de mediano y largo plazo, que ”deben estar íntimamente relacionadas con el cumplimiento de las normas de calidad ambiental”.
”No es correcto decir que es un cupo para contaminar sino (que) sería más acertado decir que corresponde a un cupo para descontaminar”, insistió el experto, para quien el proyecto, pese a su alcance local, está en ”alta sintonía” con el Protocolo de Kyoto y con el principio de que ”el que contamina paga”.
Quienes deban reducir emisiones podrán optar por comprar bonos de descontaminación producidos por fuentes que tengan costos bajos para disminuir la generación de CO2, apuntó Calfucura.
Si bien en un principio se prevén ventas directas de los bonos, no se descarta en el futuro la realización de transacciones más complejas en las bolsas de valores, añadió.
La aplicación de criterios de mercado en este ámbito es objetada por Larraín, ya que con los bonos transformarán la contaminación en un ”bien transable”.
”A quien más ha contaminado en los últimos años se le asignan más cupos para contaminar y, por tanto, más bonos transables. Esto contradice el principio de quien contamina paga”, dijo.
Los que han venido contaminando ”van a convertir su deuda ambiental en un activo económico” con esta nueva ley y, ”si bien el sentido del proyecto puede estar orientado a disminuir la contaminación, el principio de que el que contamina paga se traduce en el que contamina gana”, subrayó Navarro.
Larraín explicó que la propuesta es contradictoria con los mecanismos de ”implementación conjunta (joint implmentation) y desarrollo limpio” del Protocolo de Kyoto, los cuales permiten que un estado industrializado pueda cumplir sus compromisos de reducción de emisiones invirtiendo en países en desarrollo.
Pero tales inversiones deben ir específicamente dirigidas a plantaciones forestales que capturen carbono o a proyectos energéticos con base en fuentes renovables, como el sol, los vientos, las microcentrales hidroeléctricas o de paso, sin embalses, que no emiten CO2, señaló la ambientalista.
Una de las dificultades para que este tipo de inversiones llegue a Chile es la carencia de una ley de promoción de las fuentes de energía alternativas y renovables para su apropiado ingreso al mercado eléctrico, advirtió Larraín.
Calfucura entiende que Chile está en un buen pie en el marco del Protocolo de Kyoto, debido a sus bajos volúmenes de emisión de CO2 en el marco mundial y pese a que los combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas) prevalecen en la matriz energética del país.
A causa de ello, Chile presenta indicadores de emisión de CO2 mayores a los del promedio de América Latina, precisó el experto.
Si se consideran las emisiones por unidad de producto interno bruto (PIB), el factor latinoamericano medio es de 0,74 kilogramos/PIB por día y el chileno es de 0,91.
Lo mismo ocurre en relación a la población al presentar Chile un indicador de 3,61 kilogramos por habitante frente a un promedio latinoamericano de 2,15.
