La condena en Venezuela del asesino de tres opositores en diciembre, sentenciado a casi 30 años de cárcel, contribuyó a encauzar la crisis de gobernabilidad hacia una salida política constitucional, junto con la cercanía de un acuerdo entre el gobierno y sus adversarios.
Joao de Gouveia, un taxista de 37 años y de origen portugués, disparó a mansalva en la noche del 6 de diciembre contra personas que se manifestaban en la plaza de Altamira, al este de Caracas, en apoyo a militares disidentes sin cargos ni tropas a su mando, declarados en rebeldía desde el 22 de octubre.
Una anciana, un docente de 53 años y una estudiante de 17 murieron por los disparos de De Gouveia, quien llegó a vaciar dos cargadores sobre los manifestantes e hirió a otras 14 personas.
Disparó mi cuerpo, pero no mi alma, dijo luego ante el tribunal que lo juzgó, y en la última audiencia pidió perdón a los familiares de las víctimas.
El juez Alejandro Rebolledo lo sentenció a 29 años y 11 meses de prisión, apenas un mes menos que la pena máxima en el país, aunque pudo reducir la condena hasta casi la mitad porque el reo admitió su culpa, porque tuvo en cuenta el daño social, la multiplicidad de víctimas y los motivos innobles del imputado.
La sentencia se produjo mientras la mesa de negociación entre gobierno y oposición, que guía el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, ajusta detalles de un proyecto de acuerdo para remitir la conflictividad política a un referendo sobre la continuidad del mandato del presidente Hugo Chávez, vigente hasta 2006.
Hasta ahora se han procesado las diferencias políticas en un difícil clima de violencia, había advertido a IPS Liliana Ortega, de la organización no gubernamental Cofavic, que defiende a víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Ortega señaló al caso de Altamira como un ejemplo de la profundización de la impunidad en Venezuela.
La confrontación política, aguda desde la primera huelga empresarial y sindical contra Chávez en diciembre de 2001, llevó a marchas, violencia callejera, otras huelgas, caída de la producción, crisis militar y un golpe de Estado al que siguió un contragolpe en abril de 2002.
Uno de los momentos con mayor carga emocional de ese conflicto fue el atentado de Altamira.
La mesa que coordina Gaviria trabaja desde noviembre para buscar acuerdos de salida a la crisis, y el mes pasado las partes se comprometieron a impulsar una Comisión de la Verdad que investigue los hechos de abril de 2002, que costaron decenas de vidas.
El borrador de acuerdo sobre el referendo desarrolla la cláusula de la Constitución que Chávez impulsó en 1999, según la cual a todo representante elegido por sufragio popular se le puede revocar el mandato, mediante consulta popular, una vez transcurrida la mitad de su gestión.
La mitad del sexenio para el que fue elegido Chávez en 2000 se cumple el 19 de agosto de 2003, lo que significa ponerle un plazo al referendo revocatorio, que no debe ser más tarde del 19 de noviembre de este año, dijo a IPS Timoteo Zambrano, uno de los negociadores en representación de la coalición opositora Coordinadora Democrática.
La oposición asegura que el 19 de agosto podrá presentar los casi 2,5 millones de firmas, 20 por ciento del padrón electoral, que se requieren para lograr el referendo por iniciativa popular.
La revocación del mandato presidencial requeriría por lo menos unos 3,8 millones de votos, porque debe superar los que recibió Chávez en 2000.
Si la oposición alcanzara esa meta, se convocaría a nuevas elecciones presidenciales, salvo que el referendo se realizara después de julio de 2004, en cuyo caso debería completar el mandato el vicepresidente, designado en Venezuela por el propio presidente.
Representantes de la oposición anunciaron que firmarán el acuerdo sobre el referendo revocatorio tras desechar otras fórmulas que exploraron mientras animaban una huelga general en diciembre y enero últimos, tales como enmendar la Constitución o impulsar una Asamblea Constituyente por iniciativa popular.
El gobierno aún estudia el proyecto de acuerdo, informó el vicepresidente José Vicente Rangel.
Comienza a perfilarse la ruta que puede conducir a la salida de esta terrible crisis política, afirmó el opositor Teodoro Petkoff, ex candidato presidencial socialista y editor del vespertino Tal Cual.
La cancillería de Chile declaró que recibía con satisfacción el preacuerdo alcanzado por la Mesa, pues el consenso conducirá hacia la solución electoral a la situación política que ha vivido Venezuela.
La canciller española Ana Palacio saludó también el preacuerdo por tratarse de una salida constitucional y positiva a la crisis.
Chile y España integran, junto con Brasil, Estados Unidos, México y Portugal, el Grupo de Países Amigos del secretario general de la OEA para el caso Venezuela. (
