La flamante Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI) de México buscará superar la discriminación de unos 12 millones de personas, una de las causas del conflicto en el sudoriental estado de Chiapas, pero activistas por los derechos humanos le auguran poco éxito.
El nuevo organismo, cuya creación aprobaron el Senado en diciembre y la Cámara de Diputados el jueves, sustituye al Instituto Nacional Indigenista (INI), que existió durante 54 años.
Es preocupante que la CNDPI haya nacido sin el suficiente consenso de las comunidades indígenas, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización no gubernamental fundada por los jesuitas.
Eso aumenta la gravedad de que en 2001 fuera promulgada una ley sobre derechos y cultura indígena contraria a las expectativas de esos pueblos, señaló esa institución.
La reforma constitucional aprobada por el Poder Legislativo en 2001 prohibió la discriminación étnica, pero es considerada insuficiente, ilegítima e incluso retrógrada por grupos indígenas y por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se levantó en armas en Chiapas el 1 de enero de 1994, en nombre de los derechos de 56 etnias autóctonas.
Esas críticas se deben a que la reforma no reconoció el derecho de los indígenas a la plena autonomía y el control de sus territorios.
Más de 300 recursos de inconstitucionalidad presentados contra las normas de 2001 fueron rechazados al año siguiente por la Corte Suprema de Justicia.
Casi 10 años después del levantamiento del EZLN, los indígenas todavía no se consideran verdaderos sujetos de derecho, sostuvo Jesús González, portavoz del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.
Para los grupos indígenas, el proceso de reforma de todas las instituciones del Estado relacionadas con los pueblos autóctonos debía ir precedido de cambios en la Constitución con base en los Acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) del parlamento, arguyó.
Los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas de San Andrés, firmados en febrero de 1996 por el EZLN y el gobierno tras meses de negociación, resumieron ejes para una nueva relación entre el Estado Mexicano y los pueblos autóctonos, sobre la base de reconocer en la Constitución sus derechos a la autonomía y a sistemas normativos propios.
También se previó que los indígenas ejercerían formas propias de representación popular, y administrarían los recursos naturales de sus territorios en coordinación con el Estado.
El proyecto de reformas constitucionales de la COCOPA buscó recoger lo medular de los compromisos de San Andrés, y fue avalado por el EZLN, pero ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) lo rechazó con el argumento de que implicaba un riesgo de balcanización del país.
Como consecuencia, el EZLN se retiró de la negociación con el gobierno, que no ha reanudado.
La encargada de la Oficina Presidencial para la Atención de los Pueblos Indígenas, Xóxhitl Gálvez, ha dejado en claro que resolver el conflicto chiapaneco no será función específica de la CNDPI.
Desconocemos si la naciente CNDPI será sólo un nuevo y 'grandote' INI. Pero podemos decir que las modificaciones constitucionales siguen siendo un asunto no resuelto, debido a que la reforma en materia indígena aprobada en 2001 desconoció los Acuerdos de San Andrés y la propuesta de la COCOPA, afirmó González.
El EZLN, el Congreso Nacional Indígena y otras organizaciones interpretan que un marco jurídico acorde con los acuerdos firmados en Chiapas es aún inexistente, destacó.
Además, la reforma institucional ha sido encaminada sin el consenso de los grupos étnicos, y eso constituye una contradicción que en los hechos puede acarrear dificultades, añadió el activista.
Los añejos y graves problemas de los pueblos indígenas mexicanos requieren soluciones de fondo, que no se lograrán sin consenso de las comunidades, aseveró.
Según la letra de los Acuerdos de San Andrés, las políticas en las áreas indígenas no sólo deben ser concebidas en los propios pueblos, sino implementadas con ellos.
En esos documentos se afirmó también que las actuales instituciones indigenistas y de desarrollo social que operen en ellas deben ser transformadas en otras que conciban y operen conjunta y concertadamente el Estado y los propios pueblos indígenas.
La CNDPI dispondrá de un consejo consultivo en el que participarán representantes de pueblos y comunidades indígenas, académicos e investigadores, pero no tendrá autonomía frente al Poder Ejecutivo.
El nuevo organismo estará encabezado por una Junta de Gobierno, que agrupará a los secretarios de Estado vinculados con la cuestión indígena.
Parlamentarios de los opositores Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática (PRD) advirtieron sobre el riesgos de que se agudicen los problemas sociales en el país, si no se garantizan los derechos de los pueblos indígenas.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Héctor Sánchez, subrayó que es necesario dejar atrás la visión de que el problema del desarrollo de esos pueblos radica sólo en la pobreza, y de que ésta puede resolverse con programas de asistencia social.
Es indispensable que la autonomía económica, política, social y cultural llegue a los pueblos indígenas, para que la pobreza, la marginación y el olvido en el que viven puedan ser temas del pasado, añadió Sánchez, del PRD. (
