Estados Unidos nunca pudo probar los cargos más graves contra cinco ciudadanos de Cuba a quienes condenó a penas que van de 15 años de prisión a cadena perpetua, dijo a IPS el abogado cubano Roberto González, del equipo de defensores que apelará este lunes.
Fernando González, René González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino fueron detenidos el 12 de septiembre de 1998 y acusados de conspirar para cometer espionaje contra intereses de defensa nacional estadounidenses.
No hubo evidencias para su condena, y el proceso realizado en la sudoriental ciudad estadounidense de Miami ”careció de imparcialidad”, afirmó el abogado, hermano del preso René González y colaborador como abogado penalista del equipo de defensa de ”los cinco”.
En Miami, una numerosa e influyente comunidad cubana incluye a muchos activistas contra La Habana, y ”todo el mundo tiene una opinión cuando se trata de Cuba”, explicó González.
El abogado recordó casos de artistas cubanos que no pueden presentarse en Miami, porque el solo hecho de vivir en la isla hace que algunos los consideren ”agentes” del presidente Fidel Castro.
Por eso la ciudad ”nunca debió haber sido la sede de un juicio a cinco hombres que desde el inicio se reconocieron agentes del Estado cubano”, pero no encargados de espionaje contra la seguridad de Estados Unidos, sino de vigilancia para evitar ataques terroristas contra Cuba, destacó.
En su momento, la defensa solicitó sin éxito el cambio de sede judicial. Ahora, éste es uno de los argumentos principales de la apelación que se presentará este lunes ante la corte de apelaciones del 11 circuito del sudoriental estado de Atlanta. De acuerdo con las leyes estadounidenses, un fallo judicial puede ser anulado, si se prueba que no hubo garantías de un proceso justo o se obstruyó el trabajo de la defensa.
”Los cinco” estuvieron 33 meses en prisión preventiva, e incomunicados durante 18 de ellos, entre su detención y su condena.
El presidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, afirmó que una de las obstrucciones al trabajo de la defensa fue el aislamiento en solitario impuesto a los cinco presos desde inicios de marzo hasta el 1 de este mes.
Esa medida, ”absolutamente arbitraria”, frustró ”la garantía del debido proceso legal”, sostuvo el 19 de marzo la Asociación Estadounidense de Juristas, en una carta a Kathleen Hawk Sawyer, directora del Buró Federal de Prisiones.
La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional pidió el 14 de marzo a autoridades estadounidenses que se garantizara el derecho de los prisioneros a comunicarse con sus abogados.
Antes que fueran detenidos en 1998, ”los cinco” habían trabajado como parte de una red que operaba en Miami para buscar información e infiltrarse en organizaciones del exilio cubano en esa ciudad, y evitar actos de terrorismo contra Cuba.
Unos tres meses antes de los arrestos, La Habana había presentado al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos pruebas de que personas residentes en ese país participaron en una ola de atentados contra la industria turística de Cuba realizados en 1997.
Un año antes, el 24 de febrero de 1996, dos avionetas civiles de la organización anticastrista Hermanos al Rescate habían sido derribadas por fuerzas aéreas de Cuba, cuando volaban sobre territorio cubano. Esa acción militar puso fin a una serie de vuelos similares que venía realizando el grupo.
La paradoja, según la parte cubana, consiste en que durante el juicio los terroristas entraron y salieron de la sala libremente como testigos, y las personas que vigilaban para evitar sus actos siguieron en el banquillo de los acusados y fueron condenados.
Entre más de 20 acusaciones penales contra ”los cinco”, las más graves fueron las de conspirar para cometer delitos contra Estados Unidos y para comunicar a Cuba información de defensa nacional estadounidense.
González subrayó que los acusados tuvieron la opción de negociar antes del juicio, ya que se les ofreció la libertad o una reducción sustancial de su condena a cambio de declararse culpables de esos dos cargos.
”Ellos se niegan, y al negarse anulan la posibilidad de decir que Cuba es una amenaza para Estados Unidos, con intereses de espionaje en ese país. Si hubieran cedido, a lo mejor estarían ya en libertad”, opinó.
El abogado, de 44 años, nació en Estados Unidos al igual que su hermano René, y se trasladó a Cuba con sus padres poco después del triunfo de la revolución encabezada por Castro, en enero de 1959. Su condición de ciudadano estadounidense le permitió colaborar con el equipo de la defensa.
En su opinión, una de las claves del caso es la diferencia entre agente y espía.
Varios militares de alto rango presentados durante el proceso como peritos de la defensa afirmaron que ninguna de las evidencias presentadas probaba el delito de conspiración para espionaje.
Para probar ese delito, se debía demostrar que los acusados transmitieron información relacionada con la defensa nacional de Estados Unidos, del tipo que Washington trata de mantener en reserva por razones de Estado.
Ante la falta de evidencia para afirmar que los acusados habían obtenido o transmitido información de esa categoría, se intentó demostrar que intentaron obtenerla.
Pero el teniente general retirado de la fuerza aérea estadounidense James R.Clapper, testigo de la fiscalía, admitió que entre las pruebas presentadas no había ningún documento con instrucciones de obtener información secreta relacionada con la defensa nacional de su país.
Según el abogado González, ”los cinco” nunca fueron espías, y sólo se les podría imputar haber sido agentes del Estado cubano sin notificarlo al fiscal general estadounidense. ”El delito es no registrarse, y la pena puede ser de cero a 15 años de privación de libertad, o una multa”, explicó.
Además, los acusados alegaron en su descargo que el estado de las relaciones entre La Habana y Washington no les permitía registrarse, y que el objetivo de su actividad como agentes era evitar la pérdida de vidas humanas.
Sin embargo, la jueza Joan A. Lenard afirmó en la sentencia contra René González que los actos terroristas contra personas inocentes son ”nefastos e ilícitos”, pero ”no justifican la conducta impropia e ilegal de este o cualquier otro acusado”.
En los últimos tres años de la condena a 15 años, el acusado estará en un régimen de libertad vigilada que incluye la prohibición de ”asociarse con o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas”.
O sea que ”la jueza reconoce la existencia de esos grupos, (y) que el hombre los combatió, y además le prohíbe acercarse suponiendo que van a seguir donde están dentro de 12 años. Está protegiendo al terrorista”, afirmó el abogado.
La corte de apelaciones deberá analizar a fondo el proceso judicial contra ”los cinco”, si no anula su juicio en Miami por violación de los requisitos del debido proceso, sostuvo.
A juicio de González, todo el proceso estuvo acompañado de una fuerte campaña de prensa en Miami que ayudó a ”montar” un caso de espionaje para impresionar a la opinión pública.
”De las evidencias nadie habla, y no hablan porque saben que si salen a la luz todo el mundo descubre que no hay tal espionaje. Estados Unidos no tiene cinco espías presos, tiene cinco luchadores contra el terrorismo”, afirmó.
