El Tribunal Supremo de Justicia de España resolvió este viernes la disolución de los grupos parlamentarios y municipales que considera parte de la organización terrorista ETA. La medida es resistida por la mayoría gobernante en el País Vasco.
El diputado del gobernante Partido Nacionalista Vasco (PNV), Emilio Olavaria, dijo a IPS que el Tribunal Supremo se ha extralimitado de forma clamorosa en sus funciones, pues no existe conexión entre partido político y grupo parlamentario.
Los escaños corresponden de forma individual a quien los obtiene, añadió Olavaria, en referencia a los diputados de los sucesivamente proscriptos partidos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna y Sozialista Abertzaleak (Socialistas Patriotas, en vascuence), considerados etarras por la justicia.
Desde 1976, cuando se inició la democratización de España, la separatista ETA (Euskadi ta Askatasuna, o Patria Vasca y Libertad en lengua vascuence) contó con diversas formas de representación electoral, pese a ser una organización clandestina que practica la violencia política.
El diario madrileño La Razón publicó este viernes parte de un informe aparecido en la edición 97 del periódico vasco Zutabe donde se detalla cómo ETA creó Herri Batasuna para participar en las elecciones.
Este partido, para la justicia el brazo político de ETA, pasó sucesivamente a llamarse Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Batasuna y Sozialista Abertzaleak.
Con un 10,12 por ciento de los votos en las elecciones de 2001, Batasuna logró siete escaños de los 75 del unicameral parlamento autónomo vasco.
En agosto de 2002, atendiendo a una solicitud del parlamento español y una denuncia de la fiscalía, el Tribunal Supremo decretó la ilegalidad de Batasuna y ordenó su disolución.
Rápidamente, los parlamentarios de ese partido crearon una nueva agrupación política, Sozialista Abertzaleak.
La mayoría del parlamento vasco, conformada por los moderados PNV y Eusko Alkartasuna y por la coalición Izquierda Unida (basada en el Partido Comunista), aceptó el cambio de nombre, habilitando la representación de los parlamentarios de Batasuna.
El argumento de estos partidos es que los diputados ostentan la representación de los electores que los votaron y no de la agrupación bajo cuyo nombre se presentaron, pese a que no se vota a los candidatos en forma individual.
En este contexto, y respondiendo a una apelación del Poder Ejecutivo español, la resolución judicial de este viernes procura un cumplimiento integral del fallo de disolución.
En virtud de este fallo, los parlamentarios de la proscripta Batasuna no pueden continuar actuando como una bancada, recibir subsidios y disponer de oficinas y otros servicios suministrados por el parlamento autónomo.
El funcionamiento ordinario o extraordinario de los partidos políticos ilegalizados y disueltos ha de cesar radicalmente por efecto de la sentencia dictada, establece el auto.
El tribunal dirigió un oficio al Ministerio de Ciencia y Tecnología para que impida que esos partidos usen la red Internet y publiquen páginas web en servidores dentro del dominio de España.
Pero la cuestión está en determinar si el gobierno y el parlamento vascos acatarán lo dispuesto por el Tribunal Supremo.
Previendo resistencias de autoridades vascas, el tribunal puntualizó que la sentencia debe ser aplicada y respetada por todas las personas e instituciones.
Por su parte, el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, advirtió que ante una negativa del parlamento vasco a disolver la bancada, la fiscalía estaría ya en condiciones de estudiarla y darle una respuesta adecuada.
Aunque no aclaró el carácter de esa respuesta, fuentes próximas a la fiscalía señalaron que el Código Penal establece penas para quienes rechacen el cumplimiento de sentencias firmes.
El ritmo de las actuaciones está marcado por las elecciones municipales del 25 de mayo. El gobierno español y la principal fuerza de oposición, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), estiman que ningún grupo político vinculado a ETA podrá presentarse a los comicios.
El gobierno del centroderechista Partido Popular teme que se llegue al 25 de mayo sin haberse agotado todas las instancias judiciales, y que algunos de los actuales representantes acusados de etarras presenten sus candidaturas como independientes o bajo otros lemas.
El Tribunal Supremo aseguró este viernes que notificó el fallo al gobierno vasco.
Pero el portavoz del ejecutivo autónomo, Joseba García, negó a IPS haberlo recibido y recordó que este lunes es feriado en la capital vasca, Vitoria, por celebrarse el día del santo de la ciudad, San Prudencio, y que por ello no habrá actividades.
Además, en virtud del feriado del próximo jueves 1 de Mayo, Día de los Trabajadores, tampoco habrá actividades el viernes siguiente, lo cual podría estirar hasta el lunes 7 el análisis del fallo judicial en el País Vasco.
Para el Ejecutivo y el parlamento autónomos, no se trataría de rechazar el fallo, sino de retrasar lo más posible una definición, que podría materializarse incluso después de las elecciones locales.
La parlamentaria Jone Goirizelaia, electa por Batasuna y ahora identificada como representante de Sozialista Abertzaleak, reclamó a la coalición nacionalista moderada que gobierna el País Vasco que responda al Tribunal Supremo con con un plante democrático, es decir se oponga al fallo.
El presidente del País Vasco Juan José Ibarretxe, del PNV, anticipándose al fallo, dijo el jueves ante un reducido grupo de periodistas que la ilegalización de Batasuna y todo lo que está a su alrededor, lejos de acercarnos a las soluciones, nos aleja de la paz.
Asimismo se pronunció a favor de que todos los partidos puedan presentarse a los comicios, incluso Batasuna, y reivindicó la separación de poderes, sugiriendo que el Poder Judicial no puede imponer sus dictámenes al parlamento vasco.
El dirigente del PSOE en el País Vasco, Rodolfo Ares, señaló que su partido siempre interpretó que la ilegalización de Batasuna afecta a todos sus grupos en el parlamento y a los concejales electos en los municipios.
El diputado vasco y presidente del Partido Popular en esa región, Carlos Iturgaiz, fue más rotundo al decir a IPS que no hay diferencia entre los Josu Ternera y Arnaldo Otegui de Batasuna, de Sozialista Abertzaleak, o como quieran llamarse, pues son etarras.
Ternera y Otegui fueron condenados por la justicia por haber participado en atentados de ETA pero, al resultar electos diputados obtuvieron inmunidad parlamentaria.
Desde su fundación en 1968, ETA asesinó a más de 850 personas, la mayoría de ellas civiles. (
