El argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto en el juicio a los ex comandantes de la dictadura (1976-1983) por violaciones de los derechos humanos, fue nombrado fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) este lunes en Nueva York.
La designación de Moreno Ocampo había sido acordada informalmente hace un mes, por consenso de los Estados parte de la CPI, que tiene sede en La Haya y juzgará genocidios, crímenes de guerra y delitos contra la humanidad.
Ese tribunal tiene 18 magistrados, y está previsto que el fiscal designado comience su tarea a principios de junio, al formar un equipo de colaboradores y fiscales adjuntos, seleccionados por concurso y provenientes de distintas regiones del mundo, a las cuales deben representar en forma equilibrada.
La Asamblea de Estados Parte de la CPI dio aprobación formal al nombramiento de Moreno con 78 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La experiencia de Moreno Ocampo en el juicio contra los militares argentinos lo hizo el mejor candidato para ser el fiscal de esta corte que se encargará de dirimir casos similares, dijo en Nueva York Richard Dicker, director del Programa de Justicia Internacional de la organización humanitaria Human Right Watch.
En 1985, Moreno Ocampo se destacó como el joven adjunto del fiscal Julio César Strassera en el juicio a los nueve jefes militares que habían integrado las tres juntas de gobierno dictatorial.
Cinco de esos militares enjuiciados recibieron condenas de cadena perpetua y el resto penas de varios años de prisión por secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos, tras seis meses de históricas audiencias a las que asistieron más de 650 periodistas, procedentes de numerosos países.
La acusación se basó en denuncias de sobrevivientes y familiares de las víctimas presentadas ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, una comisión conformada por personas de distintas áreas y presidida por el escritor Ernesto Sábato.
Esa comisión, convocada por el gobierno de Raúl Alfonsín (1983- 1989), reunió más de 9.000 denuncias de desapariciones en un libro que se tituló ”Nunca más”.
Strassera y Moreno Ocampo seleccionaron alrededor de 700 de esas denuncias para fundamentar las acusaciones, por considerar que era una cantidad suficiente para lograr la condena de los militares imputados.
Sin embargo, los nueve ex comandantes militares fueron beneficiados cinco años después por un indulto dictado por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).
El fiscal de la CPI será el responsable, por ejemplo, de recibir y decidir el trámite de la investigación que lleva a cabo una coalición multinacional de juristas y grupos de la sociedad civil sobre supuestos crímenes de guerra en Iraq.
La vicepresidenta de la CPI, la jueza costarricense Elizabeth Odio, señaló a IPS que ese tribunal puede juzgar crímenes contra la humanidad que se cometan durante la invasión de Estados Unidos a Iraq, pese a que ninguno de esos dos países forma parte del nuevo organismo jurídico.
El tribunal está habilitado para entender en cualquier caso de ese tipo de delitos cometido por individuos que envíe el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicó Odio.
La investigación de la coalición de juristas y organizaciones no gubernamentales fue motivada por el anuncio de Washington de que planea establecer su propio tribunal para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad en el país que invadió junto a Gran Bretaña el 20 de marzo.
Phil Shiner, del grupo Public Interest Lawyers (Abogados por el Interés Público), de Birmingham, Gran Bretaña, explicó que ”no se puede aceptar el principio de 'justicia de los vencedores', es decir, que sean sólo los iraquíes y el (depuesto) régimen de Saddam Hussein los que deban ser juzgados por crímenes de guerra”.
Entre las acusaciones contra Estados Unidos recogidas por las organizaciones humanitarias se cuenta la utilización de bombas de racimo y proyectiles de uranio empobrecido, que tienen un efecto devastador sobre los civiles, y también por atacar objetivos civiles y oficinas de periodistas.
La CPI fue ratificada hasta ahora por 89 países y comenzó a funcionar en marzo en la ciudad holandesa de La Haya, pero pasarán años antes de que pueda emitir algún fallo.
El Estatuto de Roma promovido por la ONU y constitutivo de la CPI, fue firmado por 139 países. Sin embargo, quedaron fuera del alcance del tribunal muchas de las naciones asoladas por conflictos cuyos responsables serían candidatos naturales a sentarse en el banquillo.
La Corte sólo podrá procesar a sospechosos de perpetrar crímenes de guerra cometidos luego del 1 de julio de 2002, fecha en que entró en vigor el Estatuto, y sólo si el acusado es un ciudadano de un país firmante o si el delito se cometió en una de esas naciones.
Luego del juicio a los dictadores militares, Moreno Ocampo asumió otros cargos en el Poder Judicial hasta que en los años 90 se dedicó a la actividad privada y a una tarea honoraria de difusión de derechos cívicos a través de la Fundación Poder Ciudadano, una organización no gubernamental que presidente desde hace siete años.
El ex fiscal argentino es, además, presidente para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional (TI), una organización con sede en Berlín dedicada a la recolección de denuncias e informes sobre corrupción.
TI publica resultados anuales de sus investigaciones y hace recomendaciones para combatir ese delito.
La actividad privada de Moreno Ocampo lo llevó a patrocinar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al ex ministro de Economía de Argentina, Domingo Cavallo, en su presentación por supuesta falta de independencia de poderes en su detención en el marco de un juicio por tráfico ilegal de armas.
Esa fue una de las razones por las cuales su nombramiento no fue celebrado por organizaciones de derechos humanos de Argentina, que prefirieron eludir un pronunciamiento al respecto ante la consulta de IPS.
