El gobierno de Cuba asumió la ofensiva en el debate que lo enfrenta cada año con Washington en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra.
La delegación cubana en la Comisión acusó a Estados Unidos de tolerar el terrorismo, y se adelantó a rechazar una propuesta de resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, presentada por Costa Rica, Perú y Uruguay y calificada de componedora por medios diplomáticos.
Washington criticó a su vez a La Habana, por la detención de 70 disidentes cubanos desde mediados del mes pasado.
La moción de los tres países latinoamericanos expresa complacencia por la designación de la jurista francesa Christine Chanet como representante para Cuba del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, e insta a La Habana a recibirla y otorgarle facilidades para su misión.
Esa misión, encomendada el año pasado por la Comisión, es supervisar la vigencia de los derechos humanos en la isla caribeña, pero el gobierno cubano anunció el 14 de marzo, antes de que comenzara el periodo anual de sesiones del organismo de la ONU, que no permitirá el ingreso de Chanet.
La Habana alega que las mociones sobre Cuba de la Comisión, aprobadas en cada sesión anual desde 1990 salvo la de 1998, son impulsadas por Washington para mantener en la agenda del organismo la situación de la isla, y justificar el embargo que Washington le aplica.
Las autoridades de Cuba han enfatizado en varias ocasiones que consideran inaceptable cualquier resolución específica de la Comisión sobre ese país.
El representante cubano en la Comisión, Iván Mora Godoy, desestimó el proyecto de los tres países latinoamericanos que pretende presentarse como inocuo.
A su vez, la organización no gubernamental humanitaria estadounidense Human Rights Watch criticó el proyecto de resolución latinoamericano por considerarlo poco severo.
El activista Rory Mungoven, de HRW, arguyó que ese proyecto resulta demasiado blando tras las detenciones de disidentes y la negativa a recibir a Chanet.
Chanet fue designada hace apenas dos meses por el alto comisionado Sergio Vieira de Mello, y dijo este martes a la Comisión que aún no está en condiciones de evaluar en forma seria y objetiva la situación general de los derechos humanos en Cuba.
Una estimación imparcial exige el análisis exhaustivo de informaciones de fuentes diversas, una verificación de esos elementos y un cotejo posterior con las informaciones de relatores y de comités del sistema de derechos humanos de la ONU, explicó.
La delegación de Estados Unidos pidió a la jurista francesa qué explicara cómo pensaba cumplir el mandato de la Comisión durante el próximo año, si se mantiene la prohibición de su ingreso al territorio cubano.
Chanet reconoció que esa prohibición es un obstáculo para su misión, y dijo que sería muy positivo poder evaluar en el terreno la realidad de las informaciones recibidas.
Los representantes de Washington también pidieron a la funcionaria explicaciones sobre las circunstancias en que fueron detenidos los 70 disidentes cubanos, y le preguntaron qué pasos había dado para asegurar la pronta liberación de esas personas.
La representante del Alto Comisionado alegó que acababa de conocer la noticia de esos arrestos, como todo el mundo, y que carecía de información suficiente para responder.
Hasta ahora, Estados Unidos se ha abstenido de comentar el borrador de resolución presentado por Costa Rica, perú y Uruguay.
Sin embargo, medios diplomáticos refirieron que Washington realiza gestiones para endurecer ese texto con una referencia a la detención de disidentes.
La aceptación de esa enmienda puede ser difícil, ya que la Comisión se encuentra muy sensibilizada por los acontecimientos internacionales y puede reaccionar de manera inesperada, observaron dirigentes de organismos de derechos humanos.
Los enviados de Washington ya obtuvieron un voto político favorable la semana pasada, cuando consiguieron que la Comisión rechazara una iniciativa para examinar en un debate especial la situación de los derechos humanos en Iraq como consecuencia del ataque contra ese país encabezado por Estados Unidos.
Para ganar la mayoría entre los 53 estados miembros de la Comisión, Estados Unidos tuvo que recurrir a presiones sobre los delegados y sus gobiernos que llegaron a una intensidad brutal, según un diplomático latinoamericano que pidió reserva de su nombre.
Por obra de esas presiones debió renunciar el fin de semana el embajador de Chile ante los organismos de la ONU en Ginebra, Juan Enrique Vega, quien se abstuvo en la votación del debate especial sobre Iraq. Según versiones periodísticas chilenas, Santiago se había comprometido con Washington a votar en contra.
Vega habría interpretado de manera imprecisa las instrucciones de su presidente, Ricardo Lagos, para que votara en relación de equilibrio con las posiciones de Argentina, que se opuso a ese debate, y de Brasil, que lo apoyó.
Estados Unidos comenzó gestiones contra Cuba ante gobiernos latinoamericanos en diciembre, a través del Departamento de Estado (cancillería), de enviados secretos y de congresistas de la sudoriental ciudad de Miami, donde reside el grueso de los exiliados cubanos opositores, afirmó Mora Godoy.
El resultado de esas actividades ha sido el proyecto de resolución presentado por Costa Rica, Perú y Uruguay, aseguró.
El representante cubano cuestionó a la Comisión de la ONU por ignorar que Washington lanzó una campaña internacional contra el terrorismo, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, pero tolera aún el terrorismo que desde Miami se planifica y ejecuta contra Cuba.
