Tribunales de Cuba comenzaron este lunes a dictar sentencias contra 75 disidentes, cuyo primer costo será probablemente una nueva condena en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Las personas sometidas a juicio fueron encarceladas a mediados de marzo, bajo cargo de conspirar con personal de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana para ”desestabilizar” al gobierno de Fidel Castro.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, no reconocida pero de momento tolerada por las autoridades, señaló en un comunicado que las condenas impuestas hasta ahora fueron de 10 a 25 años de cárcel para más de una treintena de enjuiciados.
Según esa organización, encabezada por Elizardo Sánchez, ya fueron realizados la mayoría de los juicios, iniciados el jueves en diferentes salas penales de La Habana y unas 12 ciudades del resto del país.
La mayor condena de las dictadas hasta ahora fue la de 25 años de cárcel para Héctor Palacios, del movimiento opositor Todos Unidos, sobre quien pesaba una de las 11 peticiones judiciales de cadena perpetua.
El periodista y narrador Raúl Rivero fue condenado a los 20 años de prisión solicitados por el fiscal durante el proceso realizado el viernes en la capital.
Una condena similar fue impuesta a Martha Beatriz Roque, economista y ex presa política, para quien la fiscalía pedía prisión perpetua.
La pena de por vida también había sido solicitada para 0svaldo Alfonso Valdés, del Partido Liberal Democrático, quien fue sentenciado a 18 años de cárcel tras leer durante el juicio una retractación de su actividad opositora.
”Esa retractación está confirmada, pero desconocemos el alcance que pueda tener”, dijo a IPS Sánchez, quien calificó los procesos de ”juicios sumarísimos, propios de estados de sitio o de guerra”.
Rivero fue acusado entre otras cosas de escribir para ”la agencia de corte subversivo francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF)”.
En los juicios están ”todos los elementos de los procesos estalinistas: audiencia a puerta cerrada, justicia expeditiva, negación del derecho a la defensa, testimonios de agentes infiltrados, expedientes montados desde hace meses, declaraciones de vecinos, acusaciones basadas únicamente en delitos de opinión”, según el secretario general de RSF, Robert Ménard.
Otros opositores recibieron sentencias de 15, 18 y 20 años de prisión, por delitos contra la seguridad del Estado e infracciones previstas por el Decreto 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba.
Esta es la primera vez que el gobierno aplica esa norma, vigente desde 1999 como antídoto contra la estadounidense Ley Helms-Burton de 1996, que endureció el embargo de Washington contra el país.
Ese decreto estableció sanciones para hechos encaminados a ”apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la ley Helms- Burton, el bloqueo y la guerra económica de Estados Unidos contra Cuba”.
Por otra parte, el artículo 91 del Código Penal permite incluso aplicar la pena de muerte a quien ”en interés de un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del Estado cubano o la integridad de su territorio”.
Durante los juicios del jueves y el viernes, se identificaron como agentes del gobierno más de media docena de personas que decían ser periodistas independientes y opositores, entre ellas Manuel David Orrio y Néstor Baguer, que algunos medios habían contado entre los disidentes arrestados.
Sánchez calificó de ”meros informantes” a esos infiltrados, y afirmó que ”eran muy torpes y nosotros ya estábamos alerta, aunque hacían daño”. El activista añadió que quedan ”algunos (agentes más) por ahí, pero están prácticamente identificados”.
La ofensiva oficial contra la oposición coincidió con el inicio en Ginebra de un nuevo periodo anual de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de la ONU, que podría aprobar una resolución condenatoria sobre Cuba.
La Comisión aprobó en todas sus sesiones anuales desde 1990, excepto en 1998, resoluciones que señalan déficit de la vigencia de los derechos humanos en Cuba. La de 2002 fue la primera iniciativa de esa naturaleza impulsada por países latinoamericanos, y una de las menos severas.
Pero el gobierno cubano insiste en que no acepta ser siquiera mencionado por la Comisión, y acusa a Washington de utilizar con fines políticos la cuestión de los derechos humanos.
Según La Habana, el gobierno estadounidense es el verdadero autor de todas las mociones en su contra, que buscan justificar el embargo y otras agresiones.
Uruguay, Costa Rica y Perú impulsan en la actualidad en Ginebra una resolución calificada de ”suave” en medios diplomáticos, que insta a Cuba a recibir a Christine Chanet, representante personal del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y colaborar con ella.
El mandato de Chanet, definido por la Comisión en 2002, es supervisar la vigencia de los derechos humanos en Cuba.
Diplomáticos acreditados en la isla alertaron que las severas penas impuestas a los disidentes empujarán a sus gobiernos a votar a favor de la resolución presentada en Ginebra u otra en términos más duros.
Medios opositores consideran el caso una prueba de que ”al gobierno cubano no le importa Ginebra, ni el Acuerdo de Cotonou”, de cooperación entre la Unión Europea (UE) y las ex colonias europeas que integran el Grupo de Países de Africa, el Caribe y Pacífico.
”Ese convenio incluye una cláusula democrática que compromete a todos los países firmantes al respeto de libertades fundamentales”, destacó un diplomático europeo.
”Pero hay voluntades que no escuchan a nadie”, dijo Sánchez, quien calificó a todos los enjuiciados de ”presos de conciencia”, y adelantó que en caso de ser arrestado se abstendrá de recurrir al derecho de defensa.
Ménard reiteró un pedido a la UE de congelar el estudio de la petición cubana de incorporación al Acuerdo de Cotonou, presentada en enero.
Para Oswaldo Payá, principal promotor del Proyecto Varela en demanda de pluralismo político y otros cambios institucionales, es ”monstruoso” aplicar sanciones tan graves por sólo expresar opiniones.
Payá y otros opositores alegaron que las autoridades no brindaron a los procesados y sus familiares el tiempo y las facilidades necesarias para preparar bien sus defensas.
Sin embargo, Sánchez descartó la posibilidad de que los presos hayan sido sometidos a ”tortura física”.
”Hay condiciones severas de internamiento e intensos interrogatorios, presiones psicológicas, pero no maltratos de esa naturaleza”, dijo a IPS.
