La justicia de Chile tiene cercado al general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la temida DINA en los inicios de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y podría condenarlo nuevamente a penas de presidio por crímenes represivos.
Los procesos que le siguen a Contreras deberían confirmar la inaplicabilidad de la ley de amnistía de 1978 en los casos de secuestros, pero se debe esperar con cautela la resolución de los tribunales superiores al respecto, dijo este martes a IPS la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos, Lorena Pizarro.
Contreras, quien cumplió el 25 de enero de 2001 una condena de siete años como autor intelectual del asesinato en 1976 del ex canciller Orlando Letelier, está encausado actualmente en dos procesos y probablemente se lo inculpe también por el crimen en 1974 del general Carlos Prats, ex comandante en jefe del ejército chileno.
El juez especial Daniel Calvo dictó el viernes un auto de procesamiento contra el militar retirado por el secuestro y asesinato de cinco jóvenes comunistas detenidos por la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en diciembre de 1973.
El 16 de este mes, el magistrado Alejandro Solís condenó además en primera instancia a Contreras a 15 años de prisión por el secuestro en enero de 1975 de Miguel Angel Sandoval, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y solicitó también penas de cárcel para otros cuatro uniformados.
Esta condena en primera instancia es importante, aunque 15 años de presidio es poco para un crimen de lesa humanidad como la desaparición forzada, pero ahora debemos esperar que dicen la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, apuntó Pizarro.
Contreras eludió el viernes el arresto ordenado por Calvo, internándose en el Hospital Militar, pero el juez dispuso que este martes fuera recluido en un recinto militar.
Sin embargo, la guarnición de Santiago del ejército pidió al magistrado que mantuviera al ex jefe represivo bajo arresto domiciliario por motivos de salud.
Tanto la condena en primera instancia del juez Solís como el encausamiento dispuesto por Calvo son considerados de alta significación en círculos judiciales y de activistas de derechos humanos, ya que por primera vez se niega a ex agentes de la DINA los beneficios de la ley de amnistía que Pinochet expidió en 1978.
Solís se adscribió así a la interpretación propuesta por el ex presidente Patricio Aylwin (1990-1994), y sustentada por el derecho internacional, en el sentido de que el secuestro y la desaparición forzada son delitos permanentes mientras no aparezca la víctima, y por tanto no corresponde amnistiar a los presuntos culpables.
El abogado Nelson Caucoto, representante de la familia de Sandoval, destacó la sentencia de Solís, porque resolvió a favor de las víctimas el tema de la amnistía.
El juez Juan Guzmán aplicó el mismo criterio para llevar a juicio a Pinochet por el homicidio de 57 presos políticos y el secuestro de otros 18 en 1973, en el caso de la llamada caravana de la muerte, pero la justicia cerró el proceso al ex dictador el 1 de julio aduciendo que padecía de un grado leve de demencia.
El caso Sandoval cobra igualmente relevancia porque ese militante del MIR fue uno de los 119 desaparecidos que la DINA hizo figurar en 1975 en falsos informes de prensa como fallecidos en enfrentamientos entre facciones guerrilleras en Argentina, con la complicidad de la policía secreta de ese país.
Esa maniobra, conocida como la Operación Colombo, fue realizada en el marco del Plan Cóndor, como se conoció a la coordinación que los aparatos represivos de las dictaduras del Cono Sur de América establecieron en los años 70 por inspiración del propio Contreras.
El proceso que instruye Calvo por el secuestro y homicidio de los jóvenes comunistas Carlos Cuevas, Luis Canales, Alejandro Gómez, Pedro Rojas y Luis Orellana, es también importante porque por primera vez se imputa a Contreras por un delito cometido antes de la existencia legal de la DINA.
Los cinco jóvenes fueron detenidos el 20 de diciembre de 1973 y ejecutados al día siguiente, mientras que el dictador Pinochet firmó el decreto que autorizó la creación de la DINA en marzo de 1974.
La decisión del juez avala lo que sostuvo en 1991 el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que documentó los crímenes de la dictadura, en el sentido de que la DINA existía bajo el mando de Contreras como una asociación ilícita al interior del ejército desde antes del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.
El renovado protagonismo judicial involuntario del fundador y ex jefe de la DINA coincidió con versiones de prensa de que el gobierno del socialista Ricardo Lagos prepara nuevas fórmulas de acercamiento cívico-militar con motivo del aniversario número 30 del golpe militar contra el presidente Salvador Allende (1970- 1973).
La ministra de Defensa, Michelle Bachelet, desmintió el lunes que el gobierno planee una ley de punto final para dar un cierre definitivo a los procesos por crímenes contra los derechos humanos.
Bachelet puntualizó que se respetará la independencia del Poder Judicial para seguir instruyendo las causas por crímenes represivos y dijo que el sentido de la propuesta que prepara el gobierno es impedir que en Chile se vuelva a producir un hecho como el derrocamiento del gobierno constitucional del socialista Allende.
Este año se cumplirán tres décadas del cruento pronunciamiento militar que derribó a una de las democracias más sólidas de América Latina e instaló una férrea dictadura de casi 17 años que dejó como saldo a unas 3.000 víctimas de violaciones de derechos humanos entre desaparecidos y asesinados.
Se debe garantizar que nunca más vuelva a ocurrir un golpe de Estado, pero jamás he dicho ley de punto final, enfatizó la titular de Defensa, militante del Partido Socialista.
Según el diario El Mercurio, las revelaciones sobre vínculos de Bachelet en los años 80 con el insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lanzadas hace dos semanas por ex dirigentes de ese grupo, tuvieron como fin hacer abortar ese supuesto proyecto de ley para cerrar los procesos a ex agentes represivos.
La ministra de Defensa llamó a rescatar para el futuro de las relaciones cívico-militares el espíritu de la mesa de diálogo, un encuentro de mandos militares, abogados de derechos humanos y personalidades intelectuales que en 2000 propuso una fórmula para recopilar información sobre el paradero de unos 1.100 desaparecidos.
Lorena Pizarro señaló a IPS que la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos no se siente interpretada por las palabras de Bachelet, ya que el acuerdo de la mesa de diálogo no condujo al hallazgo de restos de desaparecidos y se comprobó que las fuerzas armadas entregaron información falsa.
También sostuvo que no cabe dialogar con las instituciones militares sino que éstas deben cumplir con la ley poniendo a los culpables de violaciones de los derechos a disposición de la justicia, y que cualquier otra fórmula puede ser un nuevo intento de instalar la impunidad en este país. (
