La más cruenta dictadura de la historia de Argentina finalizó hace 20 años, pero aún en muchas cárceles y comisarías continúan las prácticas de torturas como entonces sin que la justicia alcance a sus responsables.
La Secretaría de Derechos Humanos de la oriental provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de los 37 millones de argentinos, informó que entre 1998 y 2002 se concretaron 3.013 denuncias de apremios y torturas, aunque apenas cuatro llegaron a proceso y tres terminaron con la condena del victimario.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la misma provincia indicó que de 2001 y 2002 pasaron de 738 a 1.516 las presentaciones antes los estrados por torturas de menores en centros de reclusión.
También varios jueces federales aseguraron que son sistemáticas las denuncias en todo el país sobre la aplicación de torturas a menores detenidos en comisarías.
Pero la desproporción entre la gran cantidad de denuncias contra las fuerzas de seguridad por ataques a los derechos humanos y las escasas condenas registradas en la provincia de Buenos Aires se repite en otros distritos del país.
En tribunales de la ciudad de Buenos Aires sólo dos de las 667 denuncias presentadas en los últimos dos años concluyeron en condenas y en la nororiental provincia de Santa Fe sólo hubo 11 sentencias a prisión frente a 1.491 denuncias.
En tanto, ninguna sanción judicial se registró en las septentrionales provincia de Chaco, con 527 denuncias de torturas en el mismo lapso, y de Salta, con 653 denuncias.
Este tipo de denuncias son desestimadas en la mayoría de los casos, archivadas o tipificadas como apremios ilegales, una figura penal que prevé una sanción menor que el delito de tortura y hasta permite al acusado eludir la prisión.
En cambio, la tortura es penada en Argentina con reclusión de entre ocho y 25 años, además de la inhabilitación perpetura del uniformado para ejercer una función pública de seguridad.
La impunidad de la que gozan hoy efectivos de seguridad ante estos atentados contra los derechos humanos recuerda la época de la dictadura militar entre 1976 y 1983, cuando el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de detenidos era moneda corriente.
De ese modo desaparecieron 10.000 personas durante la dictadura según consta en los registros oficiales, aunque las organizaciones humanitarias elevan esa cifra hasta más de 30.000.
Testimonios de afectados indican que hasta se utilizan ahora los mismos métodos de entonces, como la picana, la aplicación de corriente eléctrica sobre el cuerpo de los detenidos, el submarino seco, la colocación de una bolsa de nailon sobre la cabeza para afixiarlos, las amenazas de muerte o sencillamente golpes con palos o patadas.
Los casos de torturas están aumentando paulatinamente por diversas causas, entre ellas la mayor cantidad de personas detenidas por delitos derivados de la severa crisis socioeconómica que afronta el país, explicó a IPS el abogado Rodrigo Borda, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
También existen razones de fondo que explican el incremento de estas prácticas, como la falta de educación de la policía, que sigue usando métodos de la dictadura, falta de voluntad política de jueces y fiscales por combatir este delito, y falta de recursos, comentó.
Borda añadió que también la carencia de capacitación de los funcionarios judiciales y de recursos económicos obliga muchas veces a recurrir a peritos de la propia policía para reconocer torturas, como lo confirmó un estudio realizado por el CELS, una organización humanitaria especializada creada durante la dictadura.
El mismo secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana, sostuvo que uno de los problemas más graves radica en la tipificación como apremios ilegales de la mayoría de los casos de tortura.
El 99,9 por ciento de las denuncias terminan como apremios y sólo el resto como tortura, precisó en el informe, que justifica la poca cantidad de condenas de responsables de estos delitos.
Borda y Taiana confirmaron en que se registraron casos en los que la justicia reconoció la práctica de submarino seco o los intentos de violación de un menor, pero igual ubicó la causa como apremios ilegales y no de torturas.
Taiana apuntó que esa tendencia de la justicia fomenta la impunidad de las fuerzas de seguridad y, por tanto, provoca el aumento de esas prácticas, así como también el mayor temor a denunciarlas penalmente.
En la provincia de Buenos Aires se creó en marzo de 2000 el llamado Banco de Denuncias de Torturas y Tratos Degradantes, en el que se registraron casi 1.300 denuncias en menos de dos años.
Sin embargo, sólo 709 de ellas lograron que fueran juzgadas penalmente, pues el resto no pudo avanzar en los tribunales por el temor declarado por las víctimas ante funcionarios judiciales.
Por su parte, Borda atribuyó también responsabilidad por el crecimiento de los casos de tortura policial al discurso de dirigentes políticos embarcados en defender lo que llaman mano dura de la justicia contra el delito común.
Esa postura política y las últimas reformas legales que ampliaron las facultades de la policía fomentan el autoritarismo de las fuerzas de seguridad, puntualizó el abogado del CELS.
En 1991 se había quitado a la policía la facultad de interrogar al detenido porque eso promovía la tortura, pero ahora se le devolvió esa prerrogativa, precisó Borda.
Lo mismo ocurrió con el plazo de incomunicación de los detenidos, que se amplió dando lugar a un aumento de la tortura en esa instancia de indefensión del detenido, agregó.
La denuncia de que la tortura se sigue aplicando en Argentina parece estar en la motivación de atentados como el sufrido en septiembre por la presidenta de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto.
El domicilio de Carlotto fue atacado a balazos un día después que la activista firmara un documento sobre casos de tortura policial presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
El informe, suscripto por otros activistas y también por funcionarios del área de derechos humanos provincial, indica que la policía sigue utilizando prácticas de terror que recuerdan los métodos empleados por la última dictadura, como las ejecuciones extrajudiciales, la proliferación de la tortura o el hacinamiento en cárceles.
Para contrarrestar esos abusos, los grupos humanitarios junto con funcionarios gubernamentales de las áreas de justicia y derechos humanos pusieron en marcha un programa de cooperación con Holanda para capacitar a la policía en el respeto a los derechos humanos de detenidos y manifestantes callejeros.
Además, el Ministerio de Justicia realizó en abril un seminario de formación destinado para las policías Federal y de las provincias, la gendarmería (seguridad fronteriza) y para efectivos de la prefectura naval.
La idea es capacitar a formadores para que realicen la tarea de concientización en temas de respeto a los derechos humanos dentro de sus respectivas fuerzas, explicó a IPS Daniel Zárate, coordinador del encuentro.
Por su parte la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó el programa Tolerancia Cero Contra la Tortura, que prevé la creación de una base de datos propia con denuncias para ese tipo de delitos, además de reformas en las escuelas de capacitación de policías.
