Una ola de secuestros de naves que culminó con el fusilamiento de tres hombres el pasado día 11 podría ser el resultado de una conspiración para provocar una agresión de Estados Unidos a Cuba, afirmó el presidente cubano Fidel Castro.
El supuesto plan, que según Castro fue urdido por el sector más radical del exilio cubano y sus aliados en el gobierno estadounidense, tendría como propósito romper los acuerdos migratorios bilaterales y forzar una emigración masiva desde la isla.
La idea siniestra es provocar un conflicto armado entre Cuba y Estados Unidos, sostuvo el mandatario cubano durante una intervención de cuatro horas realizada en vivo la noche del viernes, en el programa televisivo Mesa Redonda.
Las palabras del presidente siguieron a varias reuniones efectuadas en los últimos días con diferentes sectores de la población para renovar algunas de las medidas previstas hace años en la llamada guerra de todo el pueblo.
Los túneles populares, construidos en las ciudades para el caso de una agresión desde Estados Unidos y algunos de ellos en estado de abandono, están siendo reactivados.
En tanto, personal del área de los servicios racionados a la población ha recibido instrucciones sobre la distribución de alimentos y otros productos de primera necesidad por si Cuba fuera atacada, conoció IPS.
La doctrina de la guerra preventiva, usada por el presidente George W. Bush para justificar la agresión de su país a Iraq, sería perfectamente aplicable en el caso de un éxodo masivo de emigrantes desde Cuba, de acuerdo con La Habana.
Además de aumentar las sanciones económicas a la isla, la ley Helms-Burton de 1996 consideró un éxodo masivo de cubanos como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y un motivo suficiente para una ocupación militar.
A esta situación se suma el hecho de que Washington incluye a la isla en su lista de países terroristas.
En ese contexto, había que cortar radicalmente aquella ola de secuestros, justificó Castro.
A juicio del presidente cubano, todo comenzó desde la llegada a Cuba del señor (James) Cason, quien asumió la jefatura de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana en septiembre del pasado año.
Castro leyó una extensa cronología de los encuentros de Cason con sectores de la oposición interna y del apoyo de esa sede diplomática a una organización de ex balseros, personas que alguna vez intentaron salir de Cuba ilegalmente.
Al mismo tiempo, aseguró, Washington mantuvo su posición de no sancionar a las personas procedentes de la isla que lograban llegar a su territorio, aunque para hacerlo hubieran secuestrado una nave aérea o marítima.
La noticia de la libertad bajo fianza de los seis secuestradores de un avión cubano DC-3, desviado hacia Estados Unidos el 19 de marzo, condujo a un inmediato incremento de las salidas ilegales, según Castro.
El mandatario afirmó que entre esa fecha y el 10 de abril pasado se comprobaron 29 proyectos e ideas de secuestrar embarcaciones de aeronaves con empleo de la fuerza, algo que no ocurría desde hacía muchos años.
En semejante coyuntura y ante la amenaza de una guerra, arguyó el presidente cubano, no quedó más remedio que acudir a la más extrema de las medidas para cortar de raíz la ola de secuestros, la cual se encontraba en pleno desarrollo.
El resultado fue la realización de un juicio sumario y la aplicación de la pena de muerte a tres de los ocho hombres que el día 2 secuestraron una lancha cargada de pasajeros, a los cuales mantuvieron durante horas bajo amenaza de muerte.
Para que el efecto desalentador de este tipo de acciones sea completo, Castro anunció que Cuba no suministrará combustible a ninguna nave cubana secuestrada que lo exija para seguir viaje a Estados Unidos o cualquier otro país.
Los secuestradores deben saber que serán sometidos a juicios sumarísimos en los tribunales correspondientes. Es también una medida dura, pero imprescindible porque hay que arrancar de raíz tales acciones, añadió.
Según Castro, el gobierno de Cuba estaba plenamente consciente del costo político de las medidas que se vio obligado a adoptar. Asimismo, previó el riesgo de la oposición a la decisión cubana, incluso de parte de algunos amigos.
El portugués José Saramago fue uno de los primeros en pronunciarse contra las ejecuciones y también contra el arresto de unos 70 opositores que mantenían estrechos vínculos con la Oficina de Intereses de Estados Unidos.
A Saramago le siguió el escritor uruguayo Eduardo Galeano y una larga lista de intelectuales que han declarado su abierta oposición a la pena de muerte y reivindicado el derecho a la libertad de expresión y oposición política.
Una carta abierta del Consejo de Iglesias de Cuba lamentó la aplicación de la pena de muerte contra los secuestrados y, al mismo tiempo, distinguió este proceso del seguido contra unos 70 opositores políticos.
El texto, divulgado el viernes, asegura que poderosos medios de prensa internacionales no han diferenciado adecuadamente la naturaleza que distingue a ambos sucesos, originando confusión en no pocas personas.
Es de apego a la verdad establecer que se trata de delitos de distinto carácter que han recibido tratamiento judicial y sanciones diferentes, añade la misiva firmada el miércoles 23 por 24 líderes de iglesias y organizaciones evangélicas.
La carta añade que la política de subversión y de provocaciones desde Estados Unidos, de instigación a actos terroristas y de estimulación a la emigración ilegal masiva busca crear condiciones favorables para la intervención militar. (
