La agudización de la guerra civil en Colombia amenaza con cerrar el resquicio aún existente para un acuerdo humanitario que permita la liberación de políticos, policías y soldados en poder de la guerrilla.
Familiares de los secuestrados temen por éstos ante el agravamiento del enfrentamiento armado, mientras analistas advierten que la dureza con que el presidente Alvaro Uribe se refiere a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) ya no deja espacio para una negociación entre las partes.
Sin embargo, Uribe aseguró que no están cerradas las puertas del diálogo para buscar la liberación de los casi 60 policías y soldados, 12 diputados, un ex gobernador, un gobernador, dos ex ministros y una senadora retenidos por las FARC.
Las FARC, el mayor grupo rebelde izquierdista del país, piden a cambio de entregar esos rehenes la libertad de casi 400 guerrilleros y guerrilleras que cumplen condenas en distintas cárceles del país.
El portavoz de la Asociación de Familiares de Militares y Policías Secuestrados (Asfamipaz), Marleny Orjuela, entiende que si el gobierno y la guerrilla tienen una verdadera voluntad política para negociar la liberación de los retenidos deben expresarlo con la firma de un acuerdo humanitario.
Los militares y policías que llevan cerca de cinco años en poder de la guerrilla necesitan hechos y no palabras, dijo a IPS Orjuela.
Por eso, la activista de Asfamipaz instó al gobierno y a las FARC a que designen sus voceros, para que se sienten frente a frente en un lugar de Colombia y concreten lo más rápidamente posible el acuerdo humanitario.
No obstante, para el senador independiente Antonio Navarro, el acuerdo humanitario está cada vez más lejos si el gobierno de Uribe y las FARC continúan con la dureza que han manifestando en los últimos meses.
Las relaciones entre las FARC y el gobierno son muy tensas, hay mucha desconfianza, polarización y belicosidad, comentó a la radio local Caracol el ex guerrillero del legalizado M-19.
Navarro precisó que Uribe ha rechazado desde su llegada a la presidencia el 7 de agosto las condiciones puestas por la guerrilla para liberar a los rehenes, lo cual hace muy difícil la realización de cualquier tipo de acuerdo, incluido uno humanitario.
Además, la situación se tensó aún más tras el discurso de Uribe del 16 de este mes, cuando calificó a las FARC de caterva de bandidos a los cuales con su gobierno les había llegado la hora de la derrota total.
No habrá ni un milímetro de despeje (zona desmilitarizada) en el país, añadió el mandatario en ocasión de la puesta en funciones de un cuerpo militar especializado en control del orden público para el sudeste del país.
La advertencia fue una respuesta al último comunicado de las FARC, en el que plantean sus condiciones para una eventual liberación de los secuestrados.
El senador Navarro explicó que esas declaraciones no significan un cambio en el modo de encarar el conflicto interno sino que lo diferente es la forma de expresarlo, poco apropiada para un Presidente de la República y no común en el caso de Uribe, quien en general ha sido muy cuidadoso en el lenguaje.
Pero el acuerdo humanitario para la liberación de secuestrados es indispensable hoy y serviría como puente entre la guerrilla y el gobierno para una posible negociación de paz, indicó a IPS Otty Patiño, director del no gubernamental Observatorio para la Paz (que agrupa a analistas que estudian los procesos de paz).
Otro familiar de un dirigente político secuestrado, que pidió omitir su nombre por razones de seguridad, comentó a IPS que la posición de las FARC es aceptable, al pedir al gobierno que desmilitarice una zona para permitir un acuerdo humanitario que habilite el canje de rehenes por guerrilleros presos.
Las FARC reclaman una zona neutral y el gobierno, en lugar de decir tajantemente que no, debería presentar una contrapropuesta o una salida realista, puntualizó.
Mientras, el líder de las FARC, Manuel Marulanda, ratificó el día 13 su inquebrantable disposición política de iniciar cuanto antes conversaciones con los voceros oficiales del gobierno para la firma del esperado acuerdo que ponga fin al largo cautiverio de los retenidos en poder de las dos partes.
Marulanda, en un comunicado divulgado en el sitio en Internet de las FARC, confirmó las condiciones planteadas en enero para negociar un convenio con el gobierno, entre ellas la desmilitarización de un área para instalar la mesa de diálogo y medidas de seguridad para sus representantes.
El inusitado incremento de las medidas represivas promulgadas al amparo de la Conmoción Interior (…) imposibilita que personas de nuestra entera confianza sirvan de puente y enlace entre los voceros del gobierno y de las FARC, sin que sean detenidos o muertos a manos de integrantes de la fuerza pública, explica la guerrilla.
Asimismo, los rebeldes piden a Uribe en contraprestación a la liberación de sus prisioneros (…) la liberación de todas las guerrilleras y todos los guerrilleros privados de la libertad, actualmente en su poder.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Eduardo Cifuentes, también cree que, si bien es cierto que las pretensiones de la guerrilla pueden ser excesivas, la actitud de Uribe sacrifica de manera innecesaria e inconveniente cualquier posibilidad de un acuerdo humanitario para liberar rápidamente a los secuestrados.
El último intercambio de policías y soldados en poder de las FARC por guerrilleros presos se concretó durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).
