Miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) violan la tregua unilateral que esa organización derechista decretó para avanzar hacia un diálogo de paz con el gobierno, según grupos de la sociedad civil.
Las AUC aseguraron el 1 de diciembre, en un documento de 12 puntos, que sólo actuarían militarmente cuando la guerrilla incursione en territorios que están bajo el dominio de sus fuerzas, pero en los últimos tres meses, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos humanitarios afirman que no cumplieron su promesa.
Según esos grupos, en algunas regiones los paramilitares intensificaron sus sistemas de extorsión a la población que dicen proteger, y cometieron asesinatos grupales y selectivos, por lo general de personas a las que consideraban aliadas de guerrillas izquierdistas.
Una fuente de la Organización Nacional Indígena que pidió omitir su nombre por razones de seguridad dijo a IPS que presuntos paramilitares del bloque Elmer Cárdenas de las AUC, que opera en la nororiental zona del Darién, asesinaron el 18 y el 19 de enero a cuatro integrantes de la etnia kuna en dos localidades fronterizas de Panamá.
Según el diario El Tiempo, único de circulación nacional, el bloque Elmer Cárdenas anunció luego de esas fechas su autoexclusión de la tregua.
El 1 de febrero, 35 taxistas de una cooperativa de la septentrional ciudad de Villanueva, del departamento de La Guajira, se dirigían a una cita con presuntos miembros del bloque Mártires del Valle del Cacique Upar, de las AUC, cuando fueron interceptados por hombres armados en una carretera.
Al día siguiente, cinco de esos taxistas aparecieron asesinados, y otro que fue hallado con heridas graves falleció luego.
La Defensoría del Pueblo denunció a comienzos de febrero asesinatos selectivos de campesinos en los septentrionales departamentos de Cesar y Bolívar, por parte de presuntos paramilitares.
Un portavoz militar afirmó que miembros de las AUC de los Montes de María, en el sur de Bolívar, estaban ajusticiando a habitantes de la región.
En el central departamento de Tolima se encontró a mediados de febrero una fosa con 11 cadáveres de cazadores que habían desaparecido el 18 de enero.
El gobernador del departamento, Alonso Jaramillo, acusó al bloque Tolima, de las AUC, del secuestro y muerte de esas 11 personas.
La ONG humanitaria Corporación Sembrar destacó en un comunicado emitido en febrero la desaparición en Tolima de 19 personas en lo que va de este año, y señaló como posibles autores a presuntos paramilitares que controlan la región.
Luis Valencia, de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que las violaciones de la tregua unilateral empiezan a ser un lastre para el acercamiento al gobierno que busca esa agrupación, en procura de una negociación de paz.
Ese acercamiento comenzó en enero, y se encuentra en una fase exploratoria reservada.
El proceso exploratorio de un diálogo de paz con las AUC deja abiertos muchos interrogantes pero ha sido bien recibido, porque desmovilizar a uno de los principales actores del conflicto armado permitiría pensar que sí hay salidas para la guerra, comentó Valencia.
Pero la falta de cohesión interna del grupo paramilitar, que en cierta medida explica las violaciones de la tregua, debilita el proceso, porque una de las condiciones planteadas por el presidente Alvaro Uribe para el inicio de conversaciones con grupos armados es el cese de hostilidades.
El gobierno entiende por cese de hostilidades la suspensión de secuestros, ataques a poblaciones, asesinatos, retenes (cortes de ruta como el que interceptó a los taxistas de Villanueva) y otras acciones afecten a la población civil.
El anuncio de la tregua unilateral en diciembre fue firmado por los máximos jefes de las AUC, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y también por 26 comandantes de frentes.
En esa oportunidad quedaron por fuera el bloque Metro, que cubre parte del occidental departamento de Antioquia, y una pequeña fracción que opera en el sudeste colombiano, pero en ambos casos quedó abierta la posibilidad de una incorporación posterior al proceso.
La falta de cohesión quedó evidenciada en un editorial de Castaño en el sitio de las AUC en Internet, la red mundial de computadoras, en el que criticó a algunos comandantes que dicen pertenecer a la organización paramilitar pero no acatan el mando de nadie y toman decisiones con su particular criterio.
Esas decisiones afectan y lesionan gravemente el proceso, rompiendo el cese de hostilidades y retirando abruptamente su participación en la etapa exploratoria, sostuvo Castaño.
Los colombianos perciben las divisiones como una estratagema de las AUC para fragmentar las negociaciones, destacó.
Entre los grupos acusados por el líder derechista estuvieron el bloque Central de Bolívar, las Autodefensas de Puerto Boyacá (centro) y las del comandante Ramón Isaza (en el curso medio del Río Magdalena).
Esos grupos han manifestado que negociarán independiente de las AUC, en su momento, pero que quieren enviar representantes para que asistan, sin ningún compromiso, a los sitios de encuentro donde hablamos con la Comisión Exploratoria del gobierno, señaló Castaño.
Las AUC cuentan con unos 11.000 combatientes, y surgieron en los años 70 en zonas rurales, para enfrentar a la guerrilla con apoyo de hacendados y el ejército, pero fueron declaradas ilegales en 1989 por sus vínculos con el narcotráfico y sus asesinatos de sindicalistas y activistas humanitarios.
