A excepción de la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, la mayor parte de los centros urbanos de América Latina no logra satisfacer las necesidades de saneamiento de millones de habitantes.
Porto Alegre atrajo las miradas latinoamericanas por sus logros en materia de seguridad hídrica, durante el Tercer Foro Mundial del Agua, celebrado entre el 16 y el 23 de marzo en la ciudad japonesa de Kyoto.
Con una cobertura de agua potable y saneamiento que alcanza a 98 por ciento de sus 1,3 millones de habitantes, Porto Alegre es un buen modelo a seguir para las urbes latinoamericanas, sostuvo el encargado de desarrollo sustentable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alvaro Umaña.
Sin embargo, Porto Alegre parece por ahora una isla en la región. Las ciudades de América Latina no logran satisfacer las necesidades básicas de saneamiento de cientos de millones de habitantes.
En general, las ciudades latinoamericanas son ricas en agua y la mayoría cuenta con una cobertura promedio de 80 por ciento de habitantes, apuntó el profesor de ingeniería Juan Valdés, de la Universidad de Arizona, Tucson.
Este dato constituye un elemento distintivo del nuevo Indice de Pobreza del Agua (Water Poverty Index, elaborado por el Consejo Mundial del Agua y el Centro para la Ecología y la Hidrología de Gran Bretaña), en el que ninguna nación latinoamericana está ubicada entre las de peor registro hídrico.
Sin embargo, Valdés y otros expertos latinoamericanos aseguran que estos datos favorables disimulan dos graves problemas urbanos: el flujo irregular de agua y su calidad. En algunos barrios, los residentes viven con las canillas secas entre algunas horas diarias hasta dos días por semana.
Es en el saneamiento, incluyendo el tratamiento de aguas servidas, donde la celebrada Porto Alegre supera largamente al resto, en particular porque los servicios cloacales y de agua potable son administrados por el gobierno local.
Casi 80 por ciento de las aguas servidas no reciben tratamiento en las ciudades latinoamericanas, lo que convierte al saneamiento en un desafío mucho mayor para la región, señaló Umaña.
Se explica entonces por qué el notable fracaso latinoamericano en materia de saneamiento dominó en Kyoto un debate sobre los desafíos del manejo urbano del agua en América.
La mesa redonda fue una de las actividades del 19 de este mes, como parte del Día de las Américas, coordinadas entre otras instituciones por la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership, GWP).
Los participantes de la conferencia explicaron que el rápido crecimiento de las ciudades de la región vuelve más acuciante ese desafío.
América Latina podría cumplir con una parte de las Metas de Desarrollo del Milenio establecidas por la ONU, como mayor acceso a agua limpia en el sector urbano, estimó Valdés. Es un propósito alcanzable si fluyen fondos, advirtió.
En el marco de esas Metas, la comunidad internacional se comprometió a reducir a la mitad la cantidad de población sin agua potable (1.200 millones de personas) para 2015.
Pero Valdés no se mostró nada optimista ante la otra parte de la ecuación de las Metas: lograr que, en 2015, 50 por ciento de los 2.400 millones de seres humanos actualmente sin saneamiento cuente con ese servicio.
Esta será la meta más ardua de las dos, apuntó.
De igual modo se manifestó Enrique Dau Flores, director general de la comisión de agua de Jalisco, México. Ninguna de nuestras aguas servidas reciben tratamiento, fluyen al río y lo contaminan, señaló.
Este retrato se agrava por la rápida urbanización. Mientras México y loa brasileña Sao Paulo se encuentran entre las 10 megaciudades del mundo, hay otras seis urbes latinoamericanas entre las 30 más grandes del mundo y otras 51 con más de un millón de habitantes.
La población latinoamericana urbana pasó de 226 millones en 1980 a 403 millones en 2000, sostuvo Camilo Garzón, del BID, en un estudio que leyó durante el debate.
Dar tratamiento a las más de 20.000 toneladas de residuos que se descargan por día en los ríos es un problema que debe enfrentarse. Ignorarlo podría conducir a casos como la propagación del cólera en Perú en 1991, señaló.
Los cambios en las estructuras económicas de los países de la región inciden en una modificación de las pautas de agregación y localización geográfica de la población y la producción, incluida la producción agrícola, dijo la directora de GWP – Centroamérica, Maureen Ballestero.
Como es de esperarse, los productores agropecuarios tienden a localizarse lo más cerca posible de sus principales mercados de demanda, para reducir los costos de aprovisionamiento de insumos para la producción y de distribución de sus productos, explicó.
En América Central, esa situación agrava los procesos de sobre demanda del recurso hídrico y de contaminación del mismo, dada la relación inversa que existe en la región entre las principales zonas de localización de la población y las mayores fuentes de agua, señaló la experta.
La población se concentra en la vertiente del Pacífica y los mayores recursos hídricos se encuentran en la vertiente del Caribe de América Central.
De acuerdo a Garzón, América Latina necesitará inversiones de 20.000 millones de dólares para establecer una red eficaz de tratamiento de aguas residuales como parte de programas de saneamiento.
Los sistemas de limpieza de aguas servidas son complejos y requieren innovación tecnológica, explicó y argumentó a favor de una mayor participación del sector privado. Pero para atraer a las empresas, necesitamos un sistema legal adecuado, opinó. El reclamo de reformas legales del BID forma parte de una creciente ola en países de América del Sur y Central.
De momento, hay 11 países cursando diferentes estadios hacia esas reformas, desde los intentos iniciales de información pública, como en Belice, hasta procesos de aprobación de la gobernabilidad del agua, como el Código de Aguas chileno de 1981.
Pero la discusión sobre la transformación urbana en América Latina expuso la enorme distancia entre quienes respaldar la privatización como solución a los problemas del agua y quienes se oponen a esta tendencia.
Las empresas privadas no son la respuesta luego de lo que hemos visto en Buenos Aires, la capital de Argentina, apuntó la investigadora Karina Forcinito, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
En 1993, el suministro de agua potable y el alcantarillado de Buenos Aires pasó a manos de la empresa Aguas Argentinas, perteneciente a la multinacional francesa del agua Suez.
En Kyoto, Suez exhibió una imagen de una empresa arriesgada y con conciencia, mediante una publicación donde sostiene: Conectar distritos no privilegiados al sistema de agua público es un principio básico de justicia social.
Pero, luego de ganar el contrato de privatización, (Aguas Argentinas y Suez) estuvieron cambiando las reglas de juego para su beneficio. Tienen el poder de cortar tu suministro de agua si no pagas, dijo Forcinito.
En efecto, un año después de firmado el contrato original, Aguas Argentinas reclamó renegociar el sistema de tarifas, alegando pérdidas operativas durante el primer año. En 1997, y pese a que la empresa había incumplido las metas de inversión y ampliación de los servicios, el Estado aceptó una renegociación integral del contrato, en beneficio de Aguas Argentinas.
Umaña, del PNUD, estimó que es una realidad que los países latinoamericanos deberían evitar. Al contrario que Porto Alegre, Buenos Aires no es un buen modelo, dijo.
* Publicada originalmente el 22 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
