El gobierno de Estados Unidos guarda silencio sobre una prórroga al Estatuto de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés), que ampara a casi 350.000 trabajadores inmigrantes centroamericanos y que expirará en los próximos meses.
Las autoridades de Estados Unidos tienen plazo hasta el 5 de mayo y el 9 de julio para decidir si prorrogan por cuarta vez el TPS otorgado a 347.000 inmigrantes salvadoreños, hondureños y nicaragüenses.
Pero ante el silencio de Washington, la zozobra gana a los inmigrantes y a sus familias en El Salvador, Honduras y Nicaragua. También a los gobiernos de estas naciones, que vislumbran un caos económico y social si estos trabajadores son deportados.
Los trabajadores centroamericanos en Estados Unidos aportan 4.000 millones de dólares por año a sus países de origen bajo la forma de remesas a sus familias, según la Unidad Hondureña, una de las principales asociaciones de inmigrantes latinoamericanos en la nación norteamericana.
De ese monto, entre 300 y 400 millones de dólares corresponden a envíos de trabajadores amparados por el sistema TPS.
”Estamos con una gran incertidumbre, si Washington no resuelve este problema habrá una situación muy grave”, dijo a IPS el ministro de Trabajo de Honduras, Germán Leitzelar.
”El istmo no está en capacidad de absorber las posibles deportaciones masivas. Esos repatriados regresarían para ampliar las presiones económicas y provocarían un mayor proceso de desequilibrio social”, agregó Leitzelar.
El funcionario explicó que los gobiernos centroamericanos y organizaciones no gubernamentales intensificaron las gestiones ante Washington para promover una nueva prórroga.
”Esperamos una respuesta positiva, sin embargo, es cierto que hay incertidumbre”, reiteró.
El TPS para las tres naciones centroamericanas vencía en 2000, pero fue renovado en tres ocasiones consecutivas. Ahora hay serias dudas de que el gobierno de George W. Bush otorgue una cuarta prórroga.
La incertidumbre se debe a la política exterior del gobierno de George W. Bush, centrada en la seguridad nacional y la ”guerra preventiva”, recién aplicada contra Iraq.
La profundización de esta política, en vigor desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, supone una amplia gama de restricciones a la inmigración.
Unos 5.000 nicaragüenses, 82.000 hondureños y 260.000 salvadoreños están acogidos por el TPS.
Se trata de un documento que contiene nombre, fotografía, número de expediente, fecha de nacimiento y huella dactilar del inmigrante, y lo autoriza a trabajar temporalmente.
El Congreso legislativo de Estados Unidos estableció en 1990 un procedimiento mediante el cual, el fiscal general puede otorgar el TPS a extranjeros en Estados Unidos, temporalmente impedidos de regresar a sus países debido a conflictos armados, desastres ambientales u otras situaciones extraordinarias.
El TPS se otorga a ciudadanos de ciertas naciones consideradas elegibles. Actualmente están comprendidos en este programa Angola, Burundi, El Salvador, Honduras, Liberia, Montserrat, Nicaragua, Sierra Leona, Somalia y Sudán.
Pero esto no constituye un permiso de residencia permanente y expira cuando el fiscal general determine que han cesado las condiciones extraordinarias en el país de origen.
El TPS vence para los nicaragüenses y hondureños el 5 de julio, y para los salvadoreños, el 9 de septiembre.
Sin embargo, la ley estipula que el anuncio de la extensión o del vencimiento definitivo debe hacerse 60 días antes de esas fechas, respectivamente el 5 de mayo y el 9 de julio.
”Lo que nos preocupa es que en América Central no existen las condiciones para que sea eliminado el TPS”, dijo a IPS el presidente de la Unidad Hondureña, José Lagos.
Según Lagos, las eventuales deportaciones masivas provocarían una crisis social y económica en el istmo por el aumento del desempleo.
De acuerdo a datos gubernamentales, el desempleo afecta a cinco por ciento de la población económicamente activa de América Central, de 14 millones, pero el subempleo asciende a 28 por ciento.
”Hemos realizado una campaña de recolección de firmas con cartas dirigidas al presidente Bush y estamos en contacto con oficiales de la Casa Blanca, congresistas, senadores, Iglesia Católica y sindicatos”, agregó Lagos, quien pasó cuatro años sin papeles en Estados Unidos antes de obtener residencia y ciudadanía.
También se recurrió a los buenos oficios del gobernador del meridional estado de Florida, Jeb Bush, hermano del mandatario.
En ese estado reside una numerosa comunidad de inmigrantes latinoamericanos.
Pero los presagios no son buenos. En marzo, las autoridades eliminaron un permiso similar para inmigrantes de Angola.
El reclamo centroamericano va más allá de una prolongación del TPS, pues comprende un rediseño de la política migratoria estadounidense para los inmigrantes de la región.
Por ejemplo, se solicita amnistía y residencia permanente para miles de centroamericanos que trabajan hace años sin documentos.
”La cuarta extensión del TPS sería un milagro. Y hay que decir que esta espera es lo que a uno lo mata de angustia”, dijo a IPS Maureen Zamora, directora del no gubernamental Foro Nacional para las Migraciones, de Honduras.
Washington podría disponer tres medidas: la primera es extender el TPS por un año más, y dar 60 días a los beneficiarios para renovar sus documentos.
La segunda opción es que el gobierno no se pronuncie. En este caso, el TPS sería extendido automáticamente por seis meses y al expirar ese periodo, quienes no tengan pendiente un trámite de residencia deberían abandonar Estados Unidos.
La tercera opción sería anunciar el fin del TPS para los trabajadores de los tres países. Los 350.000 inmigrantes tendrían 60 días para dejar territorio estadounidense. Después comenzarían las deportaciones.
Zamora señaló que muchos esperan una resolución favorable, recordando el apoyo centroamericano a la guerra de Estados Unidos contra Iraq.
Pero la tensión crece. Más alla del TPC, cientos de miles de centroamericanos viven indocumentados en Estados Unidos: 30.000 costarricenses, 100.000 guatemaltecos, 90.000 hondureños, 50.000 nicaragüenses y 100.000 salvadoreños.
La mayoría de ellos se aventuraron a peligrosas travesías por desiertos y bosques del istmo en busca de un trabajo digno.
”Si Estados Unidos renueva o elimina el TPS, no influirá en el flujo migratorio de centroamericanos. Es un problema muy serio que requiere debate y soluciones integrales”, finalizó Zamora. (
