Los trabajadores celebrarán su Día Internacional en Bolivia con incertidumbre por el futuro de sus fuentes laborales y fuerte descontento, que amenaza incluso la frágil estabilidad democrática del país.
Es probable que la conmemoración del 1 de Mayo este año pase a la historia como la de más triste recuerdo desde que se recuperó la democracia, en octubre de 1982, porque desde entonces, la esperanza de mejores condiciones laborales nunca había estado tan lejos.
El 12 y el 13 de febrero se produjo el más trágico desenlace del descontento social en casi 21 años de democracia, cuando 28 personas murieron en La Paz, durante enfrentamientos con participación de policías y militares, desencadenados por el intento gubernamental de aplicar un impuesto al salario.
Nada volvió a ser igual desde aquellos episodios, que incluyeron saqueos de comercios y oficinas públicas, y mostraron gran debilidad del sistema político y del gobierno que encabeza el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien perdió el control de la situación.
La aguda crisis económica y productiva, así como la creciente liberalización de los mercados, son causas de un proceso de pérdida sistemática de derechos para los trabajadores, indicó el no gubernamental e influyente Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Ese proceso, estimulado por las políticas de libre contratación, ha intensificado la explotación de los trabajadores, amenazados por un desempleo abierto de 13,5 por ciento en las ciudades, afirmó.
Según el gubernamental Instituto Nacional de Estadística, el desempleo abierto afecta a 9,5 por ciento de la población económicamente activa, pero los sindicatos señalan que ese dato no refleja la dura realidad actual.
Según el CEDLA, 60 por ciento de la población ocupada está subempleada.
En los últimos 10 años, el salario real aumentó en promedio 70 por ciento, pero el ingreso de los trabajadores manuales de la industria se mantuvo casi constante, entre 34 y 47 dólares al cambio actual.
Las tendencias de la distribución del ingreso son desfavorables a ese sector laboral.
En 1992, el 20 por ciento mejor remunerado del total de trabajadores obtenían 54,9 por ciento del total de ingresos, y en 2000 habían llegado a captar 59 por ciento, mientras el 20 por ciento más pobre pasó en ese periodo de 4,3 a tres por ciento del total de ingresos, según datos del CEDLA.
Por eso, a nadie en este país le llama la atención que la Central Obrera Boliviana (COB), la principal central sindical, haya organizado para este jueves protestas con marchas en las principales ciudades.
Los trabajadores demandarán al gobierno empleos permanentes, soluciones para la crisis económica y un cambio del modelo económico que desde 1985 privilegia la dinámica del mercado y la iniciativa privada, según el secretario de organización de la COB, Milton López.
Los salarios que se pagan en el país no alcanzan ni para comer, considerando que no sólo sufren los embates de la inflación, sino también de la devaluación, afirmó Julio Mendoza, secretario de Relaciones Internacionales de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, 900 kilómetros al este de La Paz.
El país tiene ocho millones de habitantes, y cada año ingresan al mercado laboral unas 110.000 personas. Según especialistas, este año sólo encontrarán empleo unos 33.700 de esos nuevos integrantes de la población económicamente activa, o sea menos de un tercio.
No se perciben perspectivas de recuperación a corto plazo, sino más buen tendencias a la agudización de contradicciones sociales, que podrían llevar a escenarios de convulsión.
Hay una tendencia hacia una mayor depresión de las condiciones laborales, por la acción natural de la crisis pero también de los actores empresariales, dijo a IPS el investigador de asuntos laborales Gustavo Luna, quien predijo más conflicto y más polarización de las desigualdades.
Se percibe también un germen de mayor organización en sectores sindicalizados, que buscan recuperar conquistas perdidas, y que en determinado momento tenderán también a la acción política, sostuvo.
El hecho de estar más cerca del piso en la caída, hace que las organizaciones sindicales se sientan más presionadas para defender sus intereses y buscar alternativas políticas en las que ellos mismos serán los sujetos de algún cambio, señala el investigador. (
