Los graves disturbios desatados en la capital argentina entre policías y trabajadores de una fábrica textil, con heridos y detenidos, enturbiaron el clima político frente a las elecciones presidenciales del próximo domingo.
La represión policial contra los trabajadores y militantes políticos y sociales que pugnaban por reingresar este lunes al edificio de la empresa Brukman, cuatro días después de haber sido desalojada por orden judicial, dejó como saldo 13 personas hospitalizadas y un centenar de detenidos.
Muchos de los casi 5.000 manifestantes que se concentraron en la zona en apoyo a los trabajadores de Brukman se refugiaron en los cercanos edificios de la facultad de Psicología y del Hospital de Niños Garraham, de alta complejidad, donde la policía bombas de gases lacrimógenos y procuró ingresar por la fuerza.
En el marco de estos enfrentamientos fueron incendiados algunos vehículos, entre ellos uno perteneciente a un oficial de la policía, y uno de los uniformados también debió ser internado en un centro de salud.
Portavoces del gobierno de Eduardo Duhalde y de la ciudad de Buenos Aires manifestaron su asombro por la escalada de violencia callejera desatada en momentos en que se intentaba negociar una solución al conflicto suscitado por los trabajadores y los propietarios de Brukman.
Tanto uno como otro atribuyeron las reacciones violentas de los manifestantes a la voluntad de crear un clima de violencia previo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, a realizarse el próximo domingo.
La fábrica Brukman fue ocupada por sus trabajadores en diciembre de 2001, luego de que sus dueños abandonaran la firma cargada de deudas y con salarios pendientes de pago desde casi seis meses.
Los empleados se organizaron en cooperativa y pusieron en funcionamiento la planta y resistieron al menos dos intentos de desalojo por la fuerza por parte de la policía, cumpliendo orden judicial.
Este modelo de autogestión forma parte de un movimiento de las llamadas ”empresas recuperadas” iniciado a fines de 1998, cuando comenzó la recesión que culminó tres años después en colapso económico.
En la actualidad ya suman más de 150 las cooperativas de trabajadores formadas tras el retiro de los propietarios en empresas con dificultades económicas graves o directamente en quiebra, en rubros diversos como textiles, metalúrgicas, químicas, frigoríficos, de transporte y alimentarias entre otras.
La mayoría de esas asociaciones de empleados logró de modo pacífico el reconocimiento legal y hoy funcionan con normalidad, pagando las deudas que dejaron sus anteriores dueños, manteniendo en funcionamiento la planta, aumentando el plantel de trabajadores y hasta los salarios.
Pero Brukman aún no tenía ese estado legal pretendido por la cincuentena de sus trabajadores.
El viernes 18, una nueva resolución judicial ordenó desocupar el edificio, que desde entonces se mantuvo fuertemente custodiado por la policía para evitar que los operarios desalojados intentaran reingresar.
La justicia ordenó, además, que la policía permaneciera en el lugar hasta garantizar el retorno de los dueños al predio que habían abandonado el año pasado.
Los operarios, respaldados por partidos de izquierda, asociaciones de trabajadores desempleados y organizaciones humanitarias y de vecinos, intentaron ingresar por la fuerza este lunes, un día después de que una asamblea resolviera recuperar la fábrica y los puestos laborales.
Los responsables y funcionarios del Hospital de Niños Garraham manifestaron su indignación por la actitud de la policías de querer reprimir a los manifestantes que habían ingresado al lugar.
”Tenemos niños con neumonía que ahora están con cefaleas y vómitos como consecuencia de la irrupción policial”, narró una de las enfermeras del hospital, al tiempo que pidió denunciar la violenta actitud policial ante organismos internacionales de derechos humanos.
”La represión fue durísima y se pudo haber evitado, pero evidentemente hubo una decisión oficial de amedrentar a los trabajadores con un gigantesco operativo de seguridad que excedió lo que sería el normal cumplimiento de una sentencia judicial”, dijo la abogada de los operarios, Miriam Breckman. (
