La oposición en España a la invasión de Iraq aumenta en las calles y el parlamento, mientras se preparan acusaciones por crímenes de guerra contra el jefe del gobierno José María Aznar, ante tribunales locales y la Corte Penal Internacional (CPI).
La Plataforma Cultura contra la Guerra pidió que el presidente del gobierno sea acusado de violar la legalidad internacional, y el Comité de Juristas contra la Guerra comenzó a elaborar un estudio para sustentar una denuncia contra Aznar ante la CPI, por los crímenes de guerra y contra la humanidad que podrían cometerse en Iraq.
Dos especialistas de reconocido prestigio en el ámbito judicial consideran que hay condiciones para concretar esa denuncia.
Tal opinión es sustentada por el jurista Gregorio Peces-Barba, rector de la Universidad Carlos III, uno de los redactores de la Constitución vigente y presidente del parlamento de 1983 a 1989, y por Margarita Retuerto, ex ministra y jueza de la Audiencia Nacional, equivalente al Tribunal Federal de otros países.
Además, Aznar está violando dos artículos de Código Penal español, uno que penaliza la declaración de guerra sin visto bueno del parlamento, y otro que sanciona a quienes provoquen represalias como las que puede sufrir España por atacar a Iraq, afirmó Fernando Lario, de la Asociación Libre de Abogados.
[related_articles]
En realidad, el presidente del gobierno no declaró la guerra a Iraq, sino que envió al Golfo buques de guerra y militares para cooperar en tareas humanitarias con las fuerzas que atacan a ese país, lideradas por Estados Unidos.
De todos modos, acusar a Aznar de violar esos artículos corresponde al parlamento, donde el gobernante Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta, pero Lario explicó que basta 25 por ciento de votos favorables para plantear esa acusación.
Por otro lado, 60 ciudadanos de la sudoccidental provincia de Badajoz presentaron el martes una denuncia contra el presidente del gobierno, al que acusaron de incumplir cuatro artículos del Código Penal y uno de la Constitución, al haber involucrado al país en la guerra.
Esa acción podría ser emulada en otros lugares del país, ya que organizaciones como Cultura contra la Guerra y el Foro Social han iniciado el estudio de querellas que podrían presentarse de forma individual ante la sala Segunda del Tribunal Supremo.
Este miércoles hubo unas 30 manifestaciones estudiantiles contra la guerra en las grandes ciudades que albergan universidades, y una huelga de 15 minutos de duración con concentraciones frente a los sitios de trabajo, convocada por las centrales sindicales Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, las mayores del país, y por las vascas LAB y ELA.
La marcha de estudiantes de enseñanza media y universitaria en Madrid fue una de las más multitudinarias, con unos 250.000 participantes según sus convocantes, y discurrió en tres columnas que confluyeron en la tradicional Puerta del Sol.
La más concurrida de esas columnas avanzó por el céntrico Paseo del Prado con la intención de transitar frente al Congreso de Diputados, donde en esos momentos era interpelado José María Aznar, lo que le fue impedido por gruesos cordones policiales.
A esa manifestación se sumaron alumnos de la Universidad de Alcalá de Henares, ubicada en la ciudad del mismo nombre, a 25 kilómetros de la capital y cuna de Miguel de Cervantes, autor del Quijote.
Los estudiantes demandaron al gobierno que retire la autorización para que aviones de guerra crucen el espacio aéreo del país rumbo a Iraq, y alegaron que los militares españoles enviados al Golfo deben ser puestos bajo la tutela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), si cumplen tareas humanitarias.
Al disolver la manifestación, los jóvenes entregaron rosas a los policías que los custodiaban.
El tránsito sobre el país de bombarderos B-52 con más de 30.000 toneladas de bombas ha calado hondo en la opinión pública, que sigue de cerca los debates parlamentarios en que oposición y gobierno enfrentan sus irreductibles posiciones sobre el conflicto.
El gobierno del centroderechista Aznar afronta críticas por apoyar una guerra ilegal, pasando por encima de la ONU y de la Convención de Ginebra.
Toda la oposición también considera ilegal haber enviado a militares y barcos de guerra del país a la zona del conflicto, que éstos se encuentren bajo mando estadounidense, y permitir que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos usen territorio español.
El portavoz en el Senado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Juan José Laborda, acusó este miércoles al gobierno de quebrantar la legalidad internacional y criticó que B-52 estadounidenses sobrevuelen España con toneladas de bombas y cargando combustible en vuelo, desde aviones cisternas.
En 1966, un B-52 de Estados Unidos chocó contra un avión cisterna sobre España, y ese accidente causó la caída de cuatro bombas atómicas en territorio del país.
Esas bombas no estallaron, pero dejaron una estela de material radiactivo del que persisten rastros cuatro décadas después, y el gobierno mantiene prohibido usar las tierras afectadas para labores agropecuarias o construcción de edificios.
El ministro de Defensa, Federico Trillo, replicó a Laborda que los actuales vuelos de B-52 no implican ningún riesgo para España, pero no aportó fundamentos de esa afirmación.
El ministro alegó además que la autorización de esos vuelos y del uso de bases españolas por Estados Unidos surge de convenios militares con Washington que entraron en vigor en febrero tras ser aprobados por el parlamento, con el voto favorable del PSOE.
El diputado del PSOE Manuel Marín, ex comisario de la Unión Europea, dijo a IPS que existe riesgo para el pueblo español por el uso de las bases y el vuelo de los B-52, y que por eso su partido exige que si el gobierno de Aznar quiere jugar a la guerra lo haga abiertamente.
Que no diga que el envío de efectivos españoles es una acción humanitaria, porque eso escandaliza a las organizaciones no gubernamentales (ONG), alegó.
Varias ONG, entre ellas la ambientalista Greenpeace y el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, han enfatizado que apoyar desde la retaguardia una invasión es lo contrario de una acción humanitaria.
El parlamentario nacionalista catalán Ignasi Guardans expresó que las fuerzas enviadas al Golfo deben poner sus medios hospitalarios también al servicio de las ONG y de los soldados y civiles iraquíes, si tienen el mandato de desarrollar tareas humanitarias.
Tres de los cinco concejales del PP en la sudoccidental ciudad de Morón de la Frontera, Andrés Martín García-Rodríguez, Felipe López Rincón y Manuel López Zambrana, sorprendieron a sus correligionarios al votar con la oposición a Aznar y anunciar luego que abandonan el partido gobernante, por estar en desacuerdo con la guerra contra Iraq.
Los tres señalaron que ampliarán sus declaraciones este jueves en una conferencia de prensa, y López Rincón subrayó que la intervención en Iraq vulnera la legalidad internacional.
