El primer ministro australiano John Howard violó el derecho internacional esta semana al enviar tropas a combatir en Iraq junto con las de Estados Unidos y Gran Bretaña, advirtieron expertos en la materia del país.
De momento, hay unos 2.000 soldados australianos en el Golfo, junto con más de 200.000 enviados por Washington y Londres.
El uso de la fuerza no ha sido autorizado por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque Howard interprete de otro modo las resoluciones de ese organismo del foro mundial, aseveró la directora del proyecto de derecho internacional de la Universidad de Nueva Gales del Sur, Devika Hovell.
La decisión de iniciar una guerra se basa en criterios de moralidad peligrosamente subjetivos, y en la convicción de los beligerantes de que su causa es correcta. Tras dos guerras mundiales, los peligros de ese tipo de enfoque son obvios. Sería mejor para Australia atenerse al derecho internacional, añadió.
El gobierno cree con firmeza que la decisión que tomó es correcta, es legal y apunta a proteger el interés nacional del país. Pido a la comunidad australiana que la apoye, dijo Howard ante el parlamento.
El gabinete de ministros decidió ir a la guerra luego de que Howard recibió una llamada telefónica del presidente estadounidense George W. Bush, y ambos gobernantes alegan que las acciones militares contra Iraq son legales en el marco de las resoluciones 678, 687 y 1441 del Consejo.
La resolución 678, de 1990, y la 687, de 1991, se relacionaron con la guerra del Golfo contra Iraq y con el desarme impuesto luego a ese país.
La 1441, aprobada por unanimidad el 8 de noviembre, advirtió a Bagdad sobre graves consecuencias si no cumplía con su obligación de desarme, en plena cooperación con los funcionarios de la ONU encargados de supervisarlo.
Basta leer esas resoluciones para ver que el argumento es insostenible, afirmó Hovell.
La 678, aprobada luego de que Bagdad invadió Kuwait, autorizó a Estados miembros (de la ONU), en cooperación con el gobierno kuwaití, a usar la fuerza contra Iraq. La 687 transformó el cese de hostilidades tras la guerra del Golfo en un cese del fuego permanente, explicó.
De todas las previsiones sobre ese cese del fuego, sólo un párrafo permite usar la fuerza, para garantizar la seguridad de la frontera kuwaití y sólo con autorización del Consejo de Seguridad, subrayó la especialista.
La profesora Hilary Charlesworth, del Centro de Derecho Público e Internacional de la Universidad Nacional Australiana, estuvo de acuerdo con Hovell.
La resolución 678 identificó con claridad la invasión de Kuwait por parte de Iraq como una acción contra la paz y la seguridad internacionales, que habilitó al Consejo de Seguridad a usar sus poderes, en el marco de la Carta de la ONU. No constituye una autorización genérica del uso de la fuerza contra Iraq, señaló.
La resolución 687, del 3 de abril de 1991, estableció los términos del cese del fuego, pero en ninguna de sus previsiones se vincula la obligación iraquí de destruir todas sus armas de destrucción masiva con la autorización de usar la fuerza establecida en la resolución 678, indicó Charlesworth.
Según Hovell, la 1441 reiteró con fuerza que Iraq está obligado a destruir todas sus armas de destrucción masiva, y le dio la última oportunidad para cumplir esa obligación, pero no autorizó el uso de la fuerza en caso de incumplimiento, sino que trasladó las decisiones ante esa eventual situación al propio Consejo.
China, Francia y Rusia, tres de los cinco miembros permanentes con derecho a veto del Consejo de Seguridad, señalaron en forma expresa a los otros dos, Estados Unidos y Gran Bretaña, que habían votado esa resolución porque no habilitaba en forma automática el uso de la fuerza, apuntó Charlesworth.
Australia sufrirá a largo plazo consecuencias de violar los principios fundamentales de la Carta de la ONU, pronosticó.
El significado de apoyar la guerra sin autorización expresa del Consejo es que un solo país, quizá junto con uno o de sus aliados, puede definir que otra nación es una amenaza para su seguridad o para la paz mundial, y decidir por sí qué es apropiado hacer en tales circnstancias, alegó la profesora.
¿Qué pasaría si un país decidiera que Australia amenaza la paz? Sería muy díficil para nosotros argüir que no tiene derecho a invadirnos. Creo que hemos contribuido a establecer un precedente muy preocupante, añadió.
Pero el experto en derecho constitucional Greg Craven, de la universidad de Notre Dame, en la sudoccidental ciudad de Perth, comentó que en situaciones como ésta, todas las partes usan al derecho internacional como herramienta retórica, política o moral, para sostener que hacen lo correcto.
En última instancia, el argumento más poderoso será la fuerza, militar y política, aseveró. (
