La preocupación por la seguridad nacional es prioritaria en Filipinas desde el atentado contra el aeropuerto internacional de Davao, en la meridional isla de Mindanao, que dejó 23 muertos y más de 130 heridos.
Funcionarios de gobierno atribuyeron el ataque con bomba del día 4 al Frente Moro de Liberación Islámica (FMLI), el mayor grupo separatista musulmán del país, y presentaron múltiples cargos de asesinato contra sus líderes, aunque un portavoz de la organización negó toda participación en el atentado.
El secretario de Defensa, Angelo Reyes, anunció este lunes que el gobierno considera clasificar como grupo terrorista al FMLI, una organización de más de 12.000 rebeldes que luchan por crear un estado islámico en el sur desde hace más de dos décadas.
El gobierno está estudiando esa posibilidad, aclaró Reyes, quien reconoció que esa decisión definitivamente tendría repercusiones en las conversaciones de paz.
El atentado se produjo mientras el ejército intensificaba sus ofensivas en los bastiones del FMLI en el centro de Mindanao, rompiendo una tregua con el grupo, que mantenía un diálogo de paz con el gobierno.
Manila estaba trabajando en la redacción de un borrador de acuerdo con los rebeldes que contaría con el apoyo de Malasia y Libia.
El ataque en el aeropuerto de Davao también coincidió con preparativos de un polémico plan de Estados Unidos y Filipinas para realizar ejercicios militares conjuntos en Jolo, Sulu, también en Mindanao, donde operan todos los grupos islámicos insurgentes.
Desde el atentado, todos los esfuerzos de paz quedaron suspendidos, y por lo tanto es previsible una escalada de la guerra contra el FMLI, advirtieron activistas.
El gobierno anunció en enero que había concebido un acuerdo de paz con el FMLI. ¿Por qué lanzó entonces una ofensiva en las áreas reclamadas por ese grupo?, preguntó la Asamblea del Pueblo del Mindanao en una declaración.
La Asamblea recordó que una guerra abierta similar contra el FMLI había lanzado en 2000 el entonces presidente Joseph Estrada, pero fracasó. Parece que la guerra abierta del gobierno de Estrada todavía está vigente, lamentó.
Ed Kabalu, portavoz del FMLI, negó toda participación en el atentado del día 4, al que calificó de bárbaro.
Esto complicará más las cosas, porque el gobierno ya no podrá tener conversaciones con nosotros, dijo Kabalu.
El diálogo de paz se había interrumpido luego de que un funcionario del Pentágono (Departamento de Defensa de Estados Unidos) anunció el despliegue de tropas estadounidenses en operaciones de combate a los rebeldes filipinos, una medida calificada de inconstitucional desde dentro y fuera del gobierno.
Luego del atentado, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo solicitó al parlamento que aprobara una polémica ley antiterrorista que prevé, entre otras medidas, arrestos injustificados y búsquedas sin mandato judicial.
Pido al Congreso que me ayude a lograr la justicia y detener al terrorismo, solicitó Arroyo.
El alcalde de Davao, Rodrigo Duterte, pidió a la presidenta que declarara la ley marcial en su ciudad y le concediera autoridad para realizar búsquedas sin orden judicial en supuestas guaridas de rebeldes.
Duterte es conocido como Harry el sucio por su postura radical – – algunos dicen que antidemocrática – – contra el crimen.
Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación porque la policía y autoridades militares abusen de la propuesta ley antiterrorista, que les autoriza a detener personas durante 36 horas sin acusación por la mera sospecha de que podrían cometer actos terroristas.
Mientras, continúa el debate sobre qué grupo fue el responsable del atentado en Davao.
Abu Sayyaf, otra organización islámica separatista, se atribuyó la responsabilidad del ataque, pero funcionarios de gobierno dudan de la capacidad de este grupo, que quedó muy debilitado luego de sufrir una serie de ofensivas militares el año pasado con la ayuda de tropas estadounidenses.
El diario de lengua inglesa The Philippine Inquirer citó el sábado a una alcaldesa de Mindanao que denunció presiones para confirmar que el principal sospechoso del atentado del día 4, Montasser Sudang, y familiares suyos son miembros del FMLI.
Me pidieron como favor que dijera que los sospechosos integran el FMLI, pero no puedo hacerlo, porque no lo son, declaró Luzviminda Tan, alcaldesa de Kabacan, en la provincia de Cotabato Norte.
El atentado del día 4 tuvo una inmediata repercusión económica, reflejada en la caída del peso filipino al nivel más bajo de su historia el jueves, cuando se situó a 54,85 unidades por dólar. Este lunes, el tipo de cambio se mantenía cercano a esa cifra. (
