Más de nueve de cada 10 españoles consultados en una encuesta oficial opinaron contra el ataque a Iraq, mientras el rechazo al gobierno, que apoya esa guerra, se manifiesta en aumento de demandas nacionalistas y en críticas al régimen monárquico.
A fines de febrero, 90,8 por ciento de los encuestados por el estatal Centro de Investigaciones Sociológicas se expresaron contra la intervención militar en Iraq, indicó este jueves en conferencia de prensa el secretario de Estado de relaciones con el Parlamento, Jorge Fernández, al presentar los resultados de ese estudio.
La encuesta confirmó lo que se puede apreciar en continuas y masivas manifestaciones contra la guerra, las más grandes realizadas en la historia del país según todos los expertos.
Un llamado de la organización no gubernamental Plataforma No a la Guerra logró en poco más de 48 horas paralizar este jueves el sitio del gobernante Partido Popular (PP) en Internet, la red mundial de computadoras, que se llenó de mensajes contra la guerra, más de 150.000 según ese grupo pacifista.
La dura reprobación a la política del gobierno del centroderechista José María Aznar ha hecho reverdecer con nuevos aliados las demandas de mayor autonomía de los nacionalistas catalanes y vascos, y en menor medida el nacionalismo en las islas Canarias, ubicadas frente a la costa occidental de Africa.
El hecho más llamativo se produjo el miércoles en la nororiental comunidad autónoma de Cataluña, cuando Pascual Maragall, candidato a la presidencia de esa comunidad y presidente en ella del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), presentó ante el parlamento catalán bases para un nuevo Estatuto de Autonomía a negociar con el gobierno central.
Maragall, ex intendente de la capital catalana, Barcelona, reclamó que se reconozca que Cataluña es una nación, que se aumente en forma considerable su autonomía y que se avance hasta convertir a España en un estado federal.
Esa posición del PSOE, principal partido opositor del país y sin definiciones nacionalistas, fue un importante e inesperado apoyo al nacionalismo catalán.
Junto con las demandas nacionalistas, aumentan notoriamente la presencia de banderas republicanas y las críticas a la monarquía en las manifestaciones contra la guerra.
Cuando el dictador Francisco Franco (1939-1975) tomó el poder que conservaría hasta su muerte, puso fin al régimen republicano, y la posterior democratización del país se inició con el rey Juan Carlos I como jefe del Estado, aunque sin funciones ejecutivas, y con la aceptación de la monarquía por todos los partidos políticos que, sin excepciones, se definían como republicanos.
En aquel momento, los movimientos nacionalistas democráticos y mayoritarios del septentrional País Vasco y de Cataluña aceptaron la unidad de España como nación, pero no renunciaron a replantear más adelante sus demandas de autodeterminación.
La Constitución vigente, aprobada en 1978, organizó el país en 17 comunidades autónomas, con poderes locales Legislativo y Ejecutivo, y en el caso del País Vasco y Cataluña, también con fuerzas policiales propias, pero en ningún caso con derecho a la autodeterminación.
El Ejecutivo central mantiene en todas las comunidades su Policía Nacional y su Guardia Civil, una policía militarizada que depende de los ministerios de Interior y Defensa, además de las Fuerzas Armadas nacionales.
La Constitución reserva al Parlamento español la facultad de legislar para toda España, y el Estado central tiene potestades exclusivas en materia de relaciones exteriores, seguridad, defensa, Poder Judicial y control de fronteras.
En otras materias, se delegan competencias centrales las comunidades autónomas.
También está centralizada, salvo en el País Vasco, la recaudación de los impuestos a la renta, y el Estado central transfiere a las comunidades una parte del dinero que recolecta. En el caso vasco, el gobierno autónomo recauda y transfiere una parte al central.
Las demandas de autodeterminación o independencia resuenan más en el País Vasco, debido a las acciones violentas del grupo ilegal ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence), pero tanto en esa región como en Cataluña gobiernan partidos nacionalistas moderados.
Esos partidos rechazan la violencia pero reivindican el derecho a la autodeterminación.
El nuevo Estatuto planteado por el PSOE otorgaría a Cataluña el derecho de equiparar sus ingresos tributarios y el sistema para recaudarlos con los del País Vasco.
Además, Maragall sostuvo que el Estado catalán debe ser autónomo para administrar justicia, sin depender para nada del Poder Judicial español, y mantener una representación permanente ante la Comisión Europea, organismo ejecutivo de la Unión Europea, en coordinación con el Estado español.
Uno de las partes más polémicas de su iniciativa es la que otorgaría a Cataluña el derecho de participar, junto a otras naciones o pueblos del mundo a través del Estado y de la UE, en un orden internacional regido por la Carta de las Naciones Unidas y los principios propios de las democracias avanzadas.
El PSOE también propuso el miércoles que el gobierno de Cataluña asuma el mando único de las fuerzas y cuerpos policiales que actúan en esa región, o sea que tome el mando de los destacamentos de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, o que Madrid los retire.
Una demanda análoga fue planteada antes en el País Vasco por los nacionalistas moderados.
El mismo miércoles se conocieron duras críticas al Rey y a la monarquía de Iñaki Anasagasti, portavoz del moderado Partido Nacionalista Vasco, que gobierna el País Vasco desde que se realizaron las primeras elecciones bajo la vigencia de la actual Constitución.
Anasagasti comentó una exhortación del Rey a que los partidos dialoguen sobre la cuestión iraquí, y afirmó que al monarca es empleado por el gobierno como un tótem, sólo para inauguraciones (de exposiciones, congresos y otros actos públicos) y reprimendas al nacionalismo.
Lo que dijo Juan Carlos I es pura retórica, y hay que acabar con tanta hipocresía, porque es improcedente que el Rey siga a pies juntillas lo que le dictan desde el gobierno, sentenció.
Como dicen los castizos, que con su pan se lo coma (o sea, que por ese camino terminará solo), añadió el portavoz.
El PP regañó a Anasagasti por haber faltado profundamente el respeto a la Corona y desconocer el papel integrador del Rey.
Aznar dijo este jueves en una reunión con empresarios catalanes, que está en contra de aventuras que socavan el consenso constitucional, en clara alusión a Maragall y los nacionalistas.
