Reiteradas explosiones de polvorines de las Fuerzas Armadas de Ecuador levantan fuertes críticas sobre falta de seguridad y hasta sospechas de que puedan ser provocadas para cubrir un supuesto tráfico ilegal de armas hacia organizaciones irregulares colombianas.
El presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, dijo este lunes que las investigaciones que realizan expertos de las Fuerzas Armadas sobre lo ocurrido serán dadas a conocer públicamente apenas haya conclusiones.
Sin embargo, Gutiérrez adelantó que aquí no pasará lo que dijo algún politiquero sobre que se está tratando de ocultar un faltante de municiones y armas.
La última explosión se registró el domingo en el sector de la Base Naval Sur de Guayaquil, 275 kilómetros al sudoeste de Quito, donde la semana pasada un estallido similar provocó la muerte de una persona, heridas a otras 22 y daños a más de 360 viviendas de los alrededores.
El comandante de la armada, Víctor Rosero, no encontró justificación alguna sobre la explosión. Teníamos todas las medidas de seguridad y las municiones estaban con ventilación (para evitar sobrecalentamiento), explicó.
A ello se sumó la información divulgada por algunos medios de comunicación, como el diario La Hora, respecto de la posibilidad manejada por jefes militares de que la explosión hubiera sido provocada para detener una inspección en las bodegas de esa base. Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue comprobada.
Mientras, el vicepresidente de Ecuador, Alfredo Palacio, indicó que, aunque la marina de guerra pague la reconstrucción de las casas destruidas, nadie puede negar la negligencia que provocó la muerte de civiles en la explosión de la semana pasada.
No quiero ser informado de ninguna otra cosa que no sea la verdad. Cuando sucede esto, para la Marina es fácil reemplazar viviendas, pero la vida es imposible, manifestó con énfasis Palacio.
También la semana pasada fueron muertas seis personas y herido de gravedad un niño al explotar varias granadas dejadas abandonadas por la armada tras realizar ejercicios en la isla Puná, en el golfo de Guayaquil.
Las granadas olvidadas por los marinos fueron recogidas luego por algunos niños, que las llevaron a sus viviendas.
En febrero, un incendio en el submarino Shyri, fondeado en la costa de Guayaquil, causó el fallecimiento de una persona y dejó heridas en otras 13.
En tanto, la explosión sufrida el domingo en la Base Naval Sur estuvo a punto de afectar inmuebles cercanos al lugar, lo cual derivó en temores y preocupación entre los pobladores.
Esto es demasiado frecuente para considerarse accidente aislado o coincidencia, comentó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.
La referencia de Nebot también remitía a las explosiones que afectaron en noviembre al polvorín de la Brigada Blindada Galápagos del ejército, ubicada en las cercanías de la ciudad de Riobamba, en la sierra central.
En esa ocasión, la serie de estallidos de gran intensidad en la bodega de municiones provocaron la muerte de 10 personas, dejaron heridas a otras 538, sufrieron destrozos más de 10.000 viviendas y más de 100.000 personas huyeron para no ser alcanzadas por el desastre.
El diputado Guillermo Haro señaló entonces que el motivo de esa explosión era ocultar el faltante provocado por la venta ilegal de armas y municiones a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque no presentó pruebas.
Las autoridades militares descartaron esa versión y aseguraron que se trataba de un accidente causado por la manipulación errada de una granada.
Tras la explosión del domingo pasado, analistas volvieron a sospechar de que fueran provocadas para ocultar delitos.
Esta semana está previsto que comparezcan ante el Congreso legislativo el ministro de Defensa, Nelson Herrera, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Oswaldo Jarrín, y el comandante de la armada, Rosero, para responder sobre las últimas explosiones de polvorines.
El parlamento también iniciará en los próximos días el tratamiento de una ley para reubicar los polvorines militares que hoy se encuentren cercanos a las ciudades.
Herrera se mostró de acuerdo con la medida, pero anunció que las Fuerzas Armadas no tienen presupuesto para cumplir con una ley como esa, ya que se necesitarían más de 70 millones de dólares.
El diario El Comercio, de Quito, cuestionó en un editorial el hecho de que hasta el momento no se hayan encontrado los responsables de ninguna de las explosiones.
De los cuatro hechos no hay ninguna explicación oficial ni han sido sancionados los responsables, no se conocen nombres ni cargos, los informes son un ofrecimiento y las voces pidiendo una explicación aumentan, expresó el editorialista.
Se vuelve a escuchar que la reubicación de las instalaciones militares peligrosas es prácticamente inmanejable por su alto costo, estimado en 70 u 80 millones de dólares, y también se vuelve a presentir que ése será el gran pretexto para no empezar nunca, agregó.
En 1999, cuando explotó un polvorín en el cuartel militar de La Balbina, al sudoeste de Quito, los investigadores militares señalaron que se trató de un accidente, y un alto oficial de la guarnición dijo que sólo existía uno por ciento de probabilidad de que un hecho similar volviera a ocurrir.
En esa ocasión murieron cinco personas y decenas de casas fueron afectadas. Para el diputado indígena Ricardo Ulcuango es necesario una investigación exhaustiva, porque son demasiados accidentes en polvorines de las Fuerzas Armadas y lo que se nota es una falta de seguridad en el manejo del armamento militar.
Si no se dan a conocer investigaciones serias a la opinión pública, ya nadie va a creer en que fueron accidentes y el prestigio que tenían las fuerzas armadas puede caer drásticamente, argumentó Ulcuango. (
