La seguidilla de casos de corrupción desde octubre de 2002 amenaza la buena imagen de Chile en los círculos financieros internacionales según empresarios y opositores al gobierno de Ricardo Lagos, que considera infundados esos temores y los atribuye a intereses políticos internos.
El último escándalo, el llamado caso Corfo-Inverlink, abrió el 19 de este mes un frente de batalla parlamentaria cuando los dos partidos de la oposición derechista formalizaron en la Cámara de Diputados una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Jorge Rodríguez.
La derecha estima que el ministro debe ser sometido a juicio político en su condición de presidente del Consejo de la Corfo (Corporación de Fomento, ente que administra empresas públicas) en la que un alto funcionario endosó irregularmente títulos por unos 100 millones de dólares a Inverlink, un holding de corredores de bolsa e inversiones financieras.
Los títulos fueron adquiridos por empresas privadas y cuando se descubrió el robo, el 10 de marzo, el gobierno de Lagos alegó que no correspondía al Estado responder por el valor de los papeles, dando lugar a una corrida bancaria que implicó en 24 horas retiros de unos 500 millones de dólares en bancos e instituciones financieras.
El gobierno tuvo que dar marcha atrás y reconocer la deuda con los compradores de los títulos, para aminorar un escándalo que salpica a ex funcionarios de confianza de Lagos, como el ex ministro Alvaro García, que en 2002 había ingresado como socio a Inverlink.
El holding está bajo investigación judicial desde en enero, cuando el presidente del Banco Central, Carlos Massad, denunció que su secretaria privada robaba información privilegiada para Inverlink, que disponía así de ventajas para sus operaciones bursátiles y financieras.
En octubre, el gobierno se vio sacudido por acusaciones de soborno contra diputados oficialistas que habrían extorsionado a empresarios de plantas de revisión técnica de automotores, con el fin de financiar campañas electorales.
A finales de 2002, se conoció el pago irregular de sobresueldos en el Ministerio de Obras Públicas, a través de la firma consultora Gate, que intermediaba para esos fines dineros cobrados al margen de contratos a empresas constructoras que realizan obras públicas para el Estado.
El caso Gate provocó el enjuiciamiento y detención del ex ministro de Obras Públicas Carlos Cruz, un hombre muy cercano a Lagos, quien recuperó la libertad el 12 de este mes, pagando una fianza de 750 dólares y tras 65 días de encarcelamiento.
También el Ministerio de Obras Públicas fue objeto en febrero de otra denuncia ante los tribunales por un presunto fraude al Estado en la contratación de servicios de consultoría a un centro dependiente de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.
El talón de Aquiles de la actual administración ha sido la seguidilla de escándalos que afectan a sectores de la sociedad, pero que repercuten en todo el país y también en la imagen exterior de Chile, hasta el momento positiva, dijo el periodista y analista político Germán Gamonal.
Cinco diputados de la oficialista Concertación por la Democracia despojados de su inmunidad para ser juzgados por los tribunales, y varios funcionarios sometidos también a proceso, entre ellos un ex ministro y un ex viceministro, configuran según Gamonal el espectáculo más negativo en la historia política del Chile democrático.
El analista hizo abstracción así de los casi 17 años del régimen dictatorial del general Augusto Pinochet (1973-1990), durante el cual se cometieron, según denuncias, actos de corrupción en gran escala, nunca investigados por la justicia.
Eliodoro Matte, presidente del Centro de Estudios Públicos y de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, una de las mayores industrias del país, sostuvo en un seminario 18 de este mes que los casos de corrupción (estatal) y el manejo financiero de algunos grupos empresariales han minado la imagen y el prestigio de Chile en el extranjero.
Según Matte y otros hombres de negocios se está deteriorando la noción de Chile como un país confiable para los inversionistas, que en los años 90 fue bautizado como el jaguar latinoamericano, en analogía con los tigres asiáticos, por la solidez de su crecimiento y por su buen registro en los informes internacionales sobre ausencia de corrupción.
El derechista Instituto Libertad y Desarrollo hizo un estudio entre 414 empresarios y ejecutivos de todo Chile entre octubre y febrero, que arrojó un índice de percepción de corrupción de 5,6, más del doble de una consulta similar de comienzos de 2002, de 2,5.
El diario The Miami Herald publicó este mes la encuesta Barómetro Iberoamericano, realizada en 10 países, según la cual 78 por ciento de los chilenos cree que esta nación va por buen camino, 72 por ciento aprueba en general la gestión de Lagos y 59 por ciento respalda su administración económica.
Sin embargo, frente a la corrupción, el grado de aprobación de la labor del gobierno es de sólo 29 por ciento, de acuerdo al estudio realizado en febrero por el Consorcio Iberoamericano de Investigación de Mercados.
A juicio del ex ministro de Hacienda y senador Alejandro Foxley, del cogobernante Partido Demócrata Cristiano, se exagera el impacto internacional de los casos de corrupción.
Cuando se dice que el riesgo país (de Chile) ha aumentado seis puntos (por el caso Corfo-Inverlink) estamos hablando de un riesgo país de 150, mientras el promedio de los países de América Latina fluctúa en alrededor de 1.000 puntos. Así que es un impacto muy menor, dijo.
Foxley aludió así a la medición del riesgo de un país de acuerdo al diferencial en los mercados financieros entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos estatales emitidos por otros países.
El senador advirtió que no resulta justo culpar de los casos de corrupción exclusivamente a funcionarios públicos. La corrupción es un acto para el cual se requiere, como en el tango, de dos para bailar, señaló.
En cada soborno hay un privado que se deja sobornar, y en cada pago ilegal hay también un privado dispuesto a dar dinero. Sin embargo, aquí pareciera que la corrupción es un mal exclusivo del Estado, comentó a IPS Loreto Rebolledo, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
El propio Lagos dejó trascender su molestia por el tratamiento que la prensa tradicional ha dado a los casos de corrupción, con matices sensacionalistas que minan sistemáticamente la imagen del sector público.
Asistimos a una campaña en que se busca desprestigiar al gobierno en beneficio de los objetivos político-electorales de la derecha, que espera ganar las elecciones presidenciales de diciembre de 2005 y desbancar a la coalición de centroizquierda que gobierna desde el restablecimiento de la democracia en 1990, dijo a IPS un asesor presidencial.
En contraste con la visión apocalíptica de empresarios y oposición, en medios internacionales Chile conserva una imagen positiva, según señaló al diario El Mercurio la experta de la estadounidense Fundación Heritage, Ana Eiras.
El magnate estadounidense David Rockefeller, que visitó Santiago a mediados de marzo, tuvo también palabras de elogio para la conducción económica en Chile, indicaron fuentes gubernamentales.
Desde el gobierno se subraya asimismo, como muestra de la confianza internacional hacia Chile, la decisión anunciada el 18 por la transnacional anglo-holandesa Unilever, que trasladará desde la estadounidense New Jersey a Santiago su sede regional para los negocios en el área de alimentos.
