El único modo de contener la violencia asociada al narcotráfico es debatir la despenalización de drogas ilícitas y superar su represión, cada vez más militarizada por imposición de Estados Unidos, señalaron expertos.
El flagelo del narcotráfico tuvo origen en el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, adoptado en 1971 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a juicio del activista Pedro Santana, presidente de la organización no gubernamental Viva la Ciudadanía, de Bogotá.
Desde entonces, el control del consumo de esas drogas, que era social, pasó a ser policial. Se criminalizó la producción, el comercio y el uso de cocaína, heroína y marihuana, entre otras sustancias ilícitas, explicó.
Ese rumbo incrementó la violencia en el mundo, particularmente en grandes ciudades como Río de Janeiro, Cali y Medellín. Los fundamentos de esta política y la necesidad de revisarla nunca fueron sometidos a un amplio debate social, observó.
Santana estuvo en Río de Janeiro el miércoles y este jueves para participar en un encuentro preparatorio del Foro Social Mundial Temático Democracia, derechos humanos, violencia y narcotráfico, que tendrá lugar en la septentrional ciudad colombiana de Cartagena de Indias del 16 al 20 de junio.
Los llamados foros temáticos son mecanismos para profundizar la discusión de cuestiones urgentes, adoptados en el ámbito del Foro Social Mundial (FSM), explicó Cándido Grzybowiski, director del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos.
Grzybowiski fue uno de los organizadores de las tres primeras ediciones anuales del FSM, celebradas desde 2001 en la ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil.
En el encuentro de Cartagena, organizado por Viva la Ciudadanía, se reunirán 3.000 delegados de todo el mundo para debatir sobre la violencia urbana relacionada al narcotráfico, la seguridad humana y los desplazamientos de población a consecuencia de las guerras, adelantó Santana.
Solo en Colombia hay 2,7 millones de personas desplazadas, que viven un destierro interno provocado por la violencia criminal y política y la disputa de los grupos armados por el control de territorios, destacó.
Otra preocupación son las violaciones de las libertades y derechos humanos, en aras del combate al terrorismo, una política que tomó vuelo en buena parte del mundo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Pero el tráfico de drogas y la violencia que lo acompaña acapararon la atención de la reunión preparatoria de Río de Janeiro.
La satanización de drogas que tuvieron en el pasado usos medicinales o alimenticios, o formaban parte de rituales sagrados, fue cuestionada como justificación de una respuesta netamente represiva, con tendencia a la militarización. Esta política ha probado su escasa eficacia.
Diga no a las drogas o enemigo público numero uno, son algunas consignas con que se pretende erradicar el consumo de estas sustancias.
Se niega así la historia humana, ya que nunca hubo ninguna sociedad sin drogas, observó Gilberta Acselrad, coordinadora del programa Ciudadania y Derechos Humanos de la Universidad Estadual de Río de Janeiro.
La represión policial castiga sobre todo a los sectores más débiles de la cadena del narcotráfico: los campesinos plantadores de coca, en su mayoría indígenas de la región de los Andes de América del Sur, y habitantes pobres de las ciudades, que son usuarios, señaló Santana.
Es una guerra racializada, una persecución étnica, ya que las principales víctimas son los indígenas y los afrodescendientes de los países andinos, Brasil y Estados Unidos, sentenció Daise Benedito, coordinadora de Articulación Política y Derechos Humanos de la ONG brasileña Fala Preta.
Colombia padece varias formas de violencia armada hace más de 50 años, con la presencia de guerrillas izquierdistas, paramilitares de derecha y mafias del narcotráfico.
El país aún no concluye la construcción de su unidad territorial nacional, diagnosticó el arquitecto colombiano Fernando Patiño, asesor del Centro de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos (Habitat) en Río de Janeiro.
En su evaluación, el narcotráfico y el crimen organizado ocupan vacíos, es decir territorios y sectores de población considerados inútiles para la economía actual, y que se multiplicaron con el proceso de globalización.
Según Luiz Antonio Machado, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, la violencia urbana generalizada en su ciudad indica la instalación de una sociabilidad violenta.
Esto es producto del individualismo extremo, cultivado durante largo tiempo, y del colapso del control social que permitían perspectivas de desarrollo y crecimiento económico hoy casi extinguidas.
Se trata de un problema cultural y de un cambio en la civilización, ya que las personas no ven ahora a los demás como sus semejantes, sino como objetos, y la fuerza es el principio regulador de las relaciones interpersonales, opinó.
En el pasado, tribus y comunidades guerreaban pero con un enemigo exterior, no contra sus propios miembros. Ahora, en la sociedad fragmentada, se sustituyen los lazos de solidaridad por la violencia.
El encuentro contó otros aportes, frecuentemente marginados.
Simone Correia de Menezes, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Presos, cuya marido cumplió 35 años de prisión y continúa encarcelado, rechazó la calificación de crimen organizado con que se define a los grupos de contrabandistas de narcóticos.
En realidad, es desorganizado porque de lo contrario no sería tan primario, ni provocaría tantas muertes entre sus propios miembros, argumentó.
Correia rechazó las explicaciones intelectualizadas sobre la adhesión al narcotráfico.
Es cuestión de un trabajo como otro cualquiera, sólo que más cercano, ya conocido y más rentable para el joven que no tiene cómo lograr un empleo, pese al enorme riesgo de una muerte temprana.
