La mayor operación desplegada en Colombia para erradicar cultivos de coca arroja una reducción inicial de 29,5 por ciento. Pero las fumigaciones atentan contra el ambiente y la salud humana, mientras las plantaciones ilegales se mudan a zonas con escasa o nula tradición cocalera.
Los cultivos de coca pasaron en Colombia de 144.807 hectáreas en 2001 a 102.071 en 2002, lo que representa la más notable reducción de esta siembra en el país, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Colombia y Ecuador (UNODC, por sus siglas en inglés).
En parte, los resultados se deben a la mayor operación de fumigación llevada a cabo por el gobierno colombiano, especialmente en los meridionales departamentos de Putumayo y Caquetá, señaló Klaus Nyholm, director de la Oficina, en el informe divulgado el 17 de este mes.
Ambos departamentos, de acuerdo al gobierno de Estados Unidos, producían cerca de 60 por ciento de la hoja de coca que se utiliza para el procesamiento de la cocaína.
Por eso son el epicentro del Plan Colombia, financiado por Estados Unidos para combatir el narcotráfico, que entró en una fase más agresiva desde agosto de 2002, con la llegada de Alvaro Uribe a la presidencia colombiana. Otro factor que pudo incidir en la reducción de las plantaciones fue el comportamiento de los precios, ya que mientras los de la coca bajaron, los de productos agrícolas como el cacao, el azúcar y la caña subieron, lo que hizo del cultivo ilícito una propuesta menos atractiva, según el representante de la UNODC.
Por primera vez en 2002, el área fumigada (130.364 hectáreas) superó a la cultivada (102.071 hectáreas), según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), mecanismo puesto en marcha por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la medición de plantaciones de coca en Colombia.
No obstante, alerta el informe de UNODC, durante el mismo periodo se registró un leve aumento de los cultivos de coca en la Amazonia colombiana y se detectaron nuevas plantaciones en Venezuela y Ecuador, en zonas fronterizas con Colombia.
Asimismo, el informe señala que la subregión de los Andes en conjunto registró en 2002 una caída de cultivos ilegales al pasar de 210.000 hectáreas a 172.000, éstos aumentaron en Bolivia, pasando de 19.000 hectáreas a 24.000, y en Perú bajaron levemente de 46.232 hectáreas en 2001 a 46.000, el año pasado. El caso de Bolivia es indicativo de la errática forma en que se lleva a cabo la política de lucha antidrogas según los parámetros de Washington, opinó Ricardo Vargas, representante por Colombia de Acción Andina, organización no gubernamental que estudia los efectos del combate al narcotráfico en las poblaciones indígenas y campesinas de la subregión andina. Vargas dijo a IPS que el ejemplo boliviano prueba que alegrarse por unas cifras es complicado, ya que se trata de efectos coyunturales, como ocurrió en 2000, cuando Estados Unidos proclamó el éxito del programa de erradicación forzosa al que se sometió al campesinado y a los indígenas.
Según Vargas, como resultado de la erradicación compulsiva, Bolivia pasó en 2000 de casi 48.000 hectáreas a 14.000, pero las plantaciones aumentaron a 19.900 en 2001 y a 24.000 el año pasado.
A juicio del representante de Acción Andina, campesinos e indígenas bolivianos fueron obligados a un programa de sustitución de cultivos de coca con siete productos, entre otros banano y piña.
Pero cuando llegaron las cosechas, los cultivadores se encontraron sin mercado para sus nuevas plantaciones. Comenzaron entonces las protestas y el malestar social que casi llevaron a la presidencia al dirigente cocalero y candidato del Movimiento Al Socialismo Evo Morales, en las elecciones del año pasado.
En cambio, el ministro colombiano del Interior y Justicia, Fernando Londoño, estima que las cifras del Simci indican que si se fortalece la tendencia, es posible lograr la meta de erradicar 200.000 hectáreas, casi la totalidad de los cultivos ilícitos.
Para materializar este propósito, Uribe inició apenas asumió el poder una nueva fase del Plan Colombia: la fumigación aérea indiscriminada con el herbicida glifosato. Esta medida abarca los predios de menos de tres hectáreas de pequeños cultivadores, antes incluidos en programas de erradicación voluntaria.
Según algunos analistas, el anterior presidente Andrés Pastrana no permitió la fumigación de pequeños cultivos para no presionar a los campesinos en medio de las delicadas negociaciones de paz que llevaba a cabo con la guerrilla izquierdista.
Ahora, Londoño y el comandante de la policía Teodoro Ocampo aseguran que el Ministerio del Medio Ambiente autorizó a aumentar la concentración de glifosato de ocho a 10,4 litros por hectárea, tras descubrirse que en algunos casos el rociado servía más como abono para el crecimiento de especies nativas que para la destrucción de la coca.
El mayor concentrado de glifosato, una sustancia exfoliante, fue rechazado por los gobernadores Floro Tunubalá, de Cauca, y Parmenio Cuéllar, de Nariño, departamentos del sur del país, quienes aseguran haber recibido quejas de residentes en las zonas fumigadas, que presentan infecciones en la piel y afecciones respiratorias.
El cambio en la concentración del herbicida se basa en un informe del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, según el cual las sustancias químicas utilizadas no son peligrosas para la salud humana.
No es verdad que las fumigaciones se hagan con los químicos que se anuncian, estos son mucho más tóxicos y causan mayores perjuicios a los campesinos y sus cultivos de subsistencia, replicó Cuéllar, gobernador de Nariño.
El defensor del Pueblo (ombudsman) Eduardo Cifuentes dijo a IPS que solicitó a la Corte Constitucional la anulación de la resolución de la autoridad ambiental autorizando a aumentar la concentración de glifosato.
