Las hospitalizaciones por abortos inseguros en Argentina aumentaron 50 por ciento en cinco años y se multiplicaron por 2,5 en algunas provincias, un efecto letal de la pobreza y la desigualdad que se abate sobre las mujeres jóvenes.
En 1995, el país registró unos 53.000 casos de internaciones por abortos mal practicados. En 2000, los casos fueron 79.000, un aumento promedio de 50 por ciento. La interrupción voluntaria del embarazo está penada con prisión en Argentina.
En la occidental provincia de San Luis, las hospitalizaciones aumentaron 148 por ciento, en la noroccidental La Rioja, 143 por ciento, y en la septentrional Santiago del Estero, 103 por ciento.
En al menos tres provincias más, las internaciones por complicaciones de abortos mal practicados crecieron más de 50 por ciento.
Médicos obstetras aseguran que cada vez son más las mujeres pobres que recurren al aborto casero y llegan a los hospitales con cuadros graves, que pueden conducir a la pérdida del útero y los ovarios, e incluso a la muerte.
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La mayoría tiene entre 20 y 29 años, pero hay también muchas adolescentes.
”Estamos ante una situación social explosiva”, admitió a IPS el ministro de Salud, Ginés González García.
”Subieron tanto las internaciones hospitalarias por abortos ilegales que nosotros inferimos que estamos en alrededor de 500.000 abortos al año a pesar de que se trata de una práctica ilegal en Argentina”, dijo.
Para el funcionario, que acaba de poner en práctica un programa de prevención, se trata de ”una cifra dramática detrás de la cual se enconden unas 500 muertes maternas por año y alrededor de 16.000 casos de mujeres con secuelas graves en su cuerpo, hasta la mutilación de sus órganos reproductivos”.
La primera causa de muerte materna en Argentina es el aborto, una práctica que explica ”80 por ciento” de las defunciones, según el ministro.
Por otra parte, la mortalidad materna es mayor a la de otros países de América Latina.
Mientras en este país se registran 35 muertes maternas cada 100.000 nacimientos, en Costa Rica hay 15,6 por cada 100.000, en Chile 22,3 y en Uruguay 29.
Como se trata de un fenómeno asociado a la pobreza y la inequidad en el acceso a métodos anticonceptivos, en algunas provincias con más población pobre, las muertes maternas son más de 78 cada 100.000 nacimientos, como en Formosa, en el noreste del país.
Hace tiempo se sabe que el aborto inseguro es la causa principal de las muertes maternas, pero nunca antes se había registrado un aumento tan alarmante de internaciones por interrupciones de embarazo mal practicadas.
Las cifras llegan hasta 2000, pero el colapso económico sobrevino después, lo cual agravó el cuadro, dijo el ministro González García.
Desde entonces, la incidencia de la pobreza pasó de 45 a 54 por ciento de la población total, sobre todo por la caída del empleo.
La socióloga Silvina Ramos, autora del libro ”Los médicos frente a la anticoncepción y el aborto”, señaló a IPS que el aumento de los abortos responde a ”un incremento de la pobreza y, por ende, de la posibilidad de las mujeres de hacer frente a la crianza de un nuevo hijo”.
Este sentimiento hace que ”las mujeres estén necesitando recurrir más que antes a la interrupción voluntaria del embarazo” que, en la pobreza, ”se realiza en condiciones más riesgosas que antes, lo que implica mayor número de muertes y complicaciones en la salud”, dijo Ramos, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad.
Un análisis realizado por Ramos señala la ”marcada inequidad” en el acceso a métodos anticonceptivos.
Mientras el promedio de prevalencia de uso de anticonceptivos en América Latina es de 66 por ciento, en Argentina se ubica entre 44 y 60 puntos porcentuales, con una gran brecha entre mujeres se sectores pobres, medios y ricos.
La clandestinidad del aborto voluntario hace difícil estimar el volumen del fenómeno. Pero los especialistas lo calculan multiplicando por siete el total de egresos hospitalarios por complicaciones de abortos provocados, 79.000 en 2000.
De allí surge la cantidad mencionada por el ministro: 500.000 abortos por año.
En este contexto, el gobierno consiguió en 2002 sancionar una ley de salud sexual y procreación responsable, muy resistida por sectores vinculados a la Iglesia Católica.
La ley prevé asesoramiento en planificación familiar, asistencia a adolescentes y entrega gratuita de anticonceptivos.
Las autoridades iniciaron este mes la capacitación de los profesionales encargados de brindar información a mujeres y hombres que la soliciten.
El programa cuenta con financiamiento para ”bajar a la mitad en cinco años el número de abortos ilegales mediante la prevención del embarazo no deseado”, explicó el ministro de Salud.
La puesta en práctica de esta ley ”permitirá reducir el embarazo no deseado, la mortalidad materna y la vulnerabilidad de las mujeres ante el VIH/sida”, dijo a IPS la activista Mabel Bianco, de la Fundación para la Investigación sobre la Mujer y ex directora del Plan Nacional de Prevención del Sida.
El programa servirá para ”democratizar la información y el acceso a métodos anticonceptivos a todas las mujeres, independientemente de su situación socio-económica, llegando hasta las más vulnerables”, señaló a IPS la directora nacional de Salud Materno Infantil, Nora Rébora.
Ramos también confía en que la ley reducirá la cantidad de embarazos no deseados y por tanto de abortos, en la medida en que mejore el acceso a información y a anticonceptivos.
Holanda, un país desarrollado, es un caso paradigmático, según Ramos. ”Allí hay muy buenos programas de asistencia en anticoncepción y educación sexual desde hace muchos años y la tasa de abortos es la más baja del mundo”, destacó la experta.
La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Holanda desde los años 80.
+ Ministerio de Salud de Argentina (http://www.msal.gov.ar/htm/default.asp) + Centro de Estudios de Estado y Sociedad (http://www.cedes.org/) (
