El arresto en Cuba de más de 70 opositores podría costar al gobierno una nueva condena en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y un retroceso en el diálogo político con la Unión Europea (UE).
Esas detenciones son un error en este momento y además contradicen al propio gobierno, que ha dicho siempre que los disidentes no son gran cosa y carecen de respaldo popular, dijo a IPS un analista político que prefirió no ser identificado.
Sin embargo, la fuente dijo no compartir la tesis de que las autoridades aprovecharon el inicio de la guerra de Estados Unidos contra Iraq, el jueves pasado, para minimizar la repercusión internacional de su arremetida contra la oposición.
Esa idea no me convence. Yo diría que es parte de una política más estable y más cuestionable a la vez, pues la oposición no define la estabilidad del proceso revolucionario, comentó el académico.
Los arrestos comenzaron la noche del pasado martes, luego que la televisión estatal dedicó dos programas consecutivos al jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, James Cason, y a sus contactos con la oposición interna.
A principios de este mes, el presidente Fidel Castro sostuvo que Cason había convertido esa oficina, único canal de comunicación bilateral ante la falta de relaciones diplomáticas desde 1961, en incubadora de contrarrevolucionarios.
El gobierno de Castro califica invariablemente a los disidentes, agrupados en centenares de pequeñas organizaciones, de traidores y mercenarios al servicio del imperio Estados Unidos.
Se los acusa (a los disidentes presos) de estar conspirando con la Oficina de Intereses, pero no se expulsa a Cason. Yo no entiendo esta redada, como no sea para amedrentar, como medida de fuerza, comentó el experto.
Según fuentes de la oposición, la cantidad de detenidos llegó el domingo a 75, incluyendo periodistas y bibliotecarios independientes, así como promotores del Proyecto Varela, que demanda cambios políticos en la isla.
Para Oswaldo Payá —galardonado por el Parlamento Europeo con el premio Sajarov de derechos humanos y presidente del comité gestor de esa iniciativa—, las razones aducidas del gobierno son un pretexto para poder atentar contra la búsqueda de una transición pacífica hacia la democracia.
Payá recordó a IPS su encuentro privado con el comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria de la UE, Poul Nielson, quien visitó La Habana del 10 al 14 de marzo e instó al gobierno cubano a trabajar hacia la democracia.
La UE estudia la petición cubana de ingreso al Acuerdo de Cotonou, que canaliza la cooperación entre la UE y un Grupo de 77 Estados de Africa, el Caribe y el Pacífico (ACP), cuya aprobación requiere el voto unánime del bloque comunitario.
Según lo expresado por Nielson, Cuba debía estar en Cotonou con la perspectiva de una mejoría de la democracia y los derechos humanos una vez dentro, dijo Payá. Ahora yo me pregunto, ¿estas detenciones son el signo de que va a respetar las libertades fundamentales?, cuestionó.
Fuentes opositoras confirmaron a IPS que embajadores de los países de la UE acreditados en La Habana evaluarán esta semana la situación creada con los arrestos y su eventual repercusión en las decisiones del bloque respecto de Cotonou.
Hay países renuentes a dar su voto favorable a la adhesión a ese acuerdo, que en sus postulados pide respeto de los derechos humanos, recordó Manuel Cuesta, secretario general de la opositora Corriente Socialista Democrática.
Cuesta no desestimó que La Habana intentara aprovechar la guerra contra Iraq como cortina de humo para la batida contra disidentes, pero la enmarcó en una estrategia del gobierno que le permite desacreditar a su principal adversario ideológico en el plano internacional.
El mensaje es que los mismos que hacen la querra son los que quieren imponer la agenda de derechos humanos en Cuba. Como hay un fuerte sentimiento anti (George W. Bush, presidente de Estados Unidos), esto es un elemento que pesa en la opinión pública, estimó.
Cuesta lamentó que sectores de oposición hayan perdido de un plumazo espacios logrados con mucho trabajo en los últimos años. Es un retroceso del cual costará mucho recuperarse, dijo.
La oposición interna de Cuba se moviliza en torno a tres proyectos que se complementan y tienen el objetivo común de buscar cambios democráticos por vías pacíficas, según activistas disidentes.
Mientras el Proyecto Varela promueve un referendo sobre cambios al sistema socialista, la Asamblea para Promover la Sociedad Civil, encabezada por Marta Beatriz Roque, una de las personas detenidas, se propone multiplicar las fuerzas opositoras.
Cuesta, por su parte, integra la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada, que actualmente da los toques finales a una carta de derechos ciudadanos sometida a consulta entre más de 30.000 personas.
La propuesta es entregar ese texto a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que inició sus sesiones anuales en Ginebra el lunes pasado, y a otros organimos internacionales.
Diplomáticos latinoamericanos acreditados en La Habana, cuyos países integran la Comisión, consideraron que será difícil soslayar la ofensiva oficial contra la disidencia, en cierta forma tolerada por el gobierno hasta ahora.
Según informes desde Ginebra, al menos tres países latinoamericanos podrían patrocinar una nueva resolución contra Cuba, cuyo gobierno rechaza todo cuestionamiento en materia de derechos humanos.
Una moción aprobada el pasado año pidió la designación de un representante personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que debía evaluar la situación en la isla, propuesta que fue rechazada de inmediato por Cuba.
El gobierno cubano reiteró su negativa a recibir tal representante poco antes de iniciarse el actual periodo de sesiones de la Comisión, que se extenderá hasta el 25 de abril.
La Comisión aprobó resoluciones contra La Habana en todas sus sesiones anuales desde 1990, excepto en 1998. La de 2002 fue la primera iniciativa de esa naturaleza impulsada por países latinoamericanos.
El gobierno cubano responsabiliza a Washington de utilizar con fines políticos la cuestión de los derechos humanos y de ser el verdadaro autor de todas las mociones en su contra.
