La abolición de la pena de muerte concentró la mayoría de adhesiones a un proyecto de carta de derechos humanos sometido a consideración de ciudadanos de Cuba por grupos opositores ilegales pero tolerados por el gobierno.
De las 35.209 personas consultadas, sólo 1.842 estuvieron en desacuerdo con el texto propuesto, cuyo primer artículo establece que ningún cubano podrá ser condenado a la pena de muerte, ni ejecutado, aseguraron este martes promotores de la iniciativa, integrantes de la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada.
Sin embargo, del total de consultados, unos 1.400 consideraron que la pena capital debe mantenerse, aunque aplicada sólo a casos excepcionales. La legislación cubana vigente contempla un centenar de delitos penados con la muerte.
Por otra parte, más de 700 personas mostraron desacuerdo con el artículo 29, según el cual, todo cubano tiene derecho según la ley a contraer matrimonio con la persona que determine, con la única condición de contar con la voluntad de la persona elegida.
Esto incluiría el matrimonio entre personas de igual sexo, lo cual en nuestra sociedad machista es complicado, comentó el activista Dimas Castillo, uno de los participantes en la consulta efectuada en todas las provincias de este país de 12 millones de habitantes.
En conferencia de prensa, los responsables del proyecto aseguraron que el texto de 46 artículos fue sometido a la consideración de personas de todas las posiciones imaginables del espectro social cubano, dentro y fuera de Cuba.
Los encuestados incluyen obreros, campesinos, estudiantes, trabajadores por cuenta propia, amas de casa, desempleados, militares, funcionarios, religiosos y ateos, personas con distinto nivel educativo, opositores y militantes del gobernante Partido Comunista de Cuba.
Los activistas consideran que se trata de una iniciativa sin precedentes. Nunca antes una consulta como esta se ha hecho sin el apoyo de los medios de difusión y tantas dificultades en su contra, afirmaron.
Salvo el caso de dos consultores que sufrieron represalias en el desempeño de su labor, el proceso de cinco meses pudo llevarse a cabo sin mayores contratiempos, informaron Reinaldo Escobar y Manuel Cuesta Murúa, miembros de la Mesa de Reflexión de la Oposición Moderada.
Un comité de redacción en el cual estarán representadas todas las tendencias, colores y opciones de la sociedad cubana debe elaborar en las próximas semanas la versión definitiva de la carta de derechos y deberes fundamentales de los cubanos.
El texto final será enviado a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), escenario de fuertes controversias en torno a la situación de Cuba en la materia.
La Comisión aprobó en 2002 el envío de un delegado especial que revisara la situación humanitaria del país y presentara un informe al cuerpo, que sesionará desde el 17 de este mes al 25 de abril.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos designó para la misión a la magistrada francesa Christine Chanet.
Chanet aún no solicitó autorización para visitar el país al gobierno cubano. La Habana no se ha pronunciado al respecto, aunque estima que Cuba garantiza como ninguna otra nación el goce de los derechos humanos.
En un mensaje enviado a la Comisión de la ONU, las organizaciones promotoras de la carta piden el apoyo del sistema del foro mundial a esta iniciativa, que ayudará al mejoramiento de los derechos humanos en la isla.
Pretendemos que sea un instrumento para la promoción del diálogo nacional en materia de derechos humanos y para la formación de una cultura ciudadana como soporte de la institucionalidad democrática, señala el texto entregado a periodistas.
El debate ciudadano fue promovido inicialmente por la Mesa de Reflexión, conformada por los partidos políticos ilegales Corriente Socialista Democrática, Solidaridad Democrática, Movimiento por la Democracia y Movimiento Acción Nacionalista Independiente, entre otras agrupaciones.
Sin embargo, Escobar y Cuesta Murúa aclararon que en el trabajo de consulta participaron 67 organizaciones de todas las tendencias y otras 20 solicitaron estar presentes en la elaboración final del documento.
Según ambos activistas, esas adhesiones demuestran que la carta no es un proyecto político sino cívico. No se hizo como un programa de la oposición, sino como iniciativa civil. Los opositores son las personas que se atreven a realizarlo, sostuvo Escobar.
Por su parte, Cuesta Murúa aclaró que entre los grupos disidentes que adhirieron a la propuesta figuran firmantes del Proyecto Varela, iniciativa constitucional para pedir un referendo sobre cambios al sistema socialista vigente, y afiliados a la Asamblea para Promover la Sociedad Civil.
En su opinión la pluralidad de consultados sienta bases para la constitución en Cuba de un nuevo pacto social en materia de derechos humanos.
Los promotores buscarán que el sistema educativo incluya una asignatura de derechos humanos en los programas escolares.
El texto enumera en 35 artículos los derechos individuales, sociales, culturales y económicos, mientras que desde el 36 al 45 detalla los deberes ciudadanos hacia la nación, la comunidad y la persona humana.
La carta establece, entre otros, el derecho de los ciudadanos cubanos al libre movimiento, lo que implica circular y residir en todo el territorio nacional, salir libremente del país y regresar cuando lo estime conveniente.
Un decreto de 1997 regula de manera estricta las mudanzas del resto del país hacia La Habana. Además, todos los habitantes deben obtener un permiso de salida para viajar al exterior.
En su artículo final, la propuesta señala que derechos y deberes están limitados solamente por los derechos y deberes de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático. (
