El gobierno de Argentina planea compensar a los bancos por pérdidas sufridas debido a la crisis económica y financiera que estalló en diciembre de 2001, y eso desató fuertes críticas de otros sectores afectados por aquel colapso.
Representantes de ahorristas y algunos expertos sostienen que los bancos no tienen más derecho a compensaciones que el resto de los numerosos damnificados por la crisis, pero el gobierno y financistas alegan que resarcir al sistema bancario es la única vía hacia una reactivación económica duradera.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, calificó de presión inadmisible de los bancos la filtración a un medio de prensa de que recibirían del Estado 2.640 millones de dólares, pero la Carta de Intención firmada por el propio Lavagna con el Fondo Monetario Internacional prevé una indemnización de casi el doble.
El ministro reaccionó en forma airada ante esa versión periodística, y postergó el inicio de negociaciones con el sistema bancario, pero el acuerdo con el Fondo indica que el Estado debe compensar a los bancos antes del 14 de este mes con casi 17.000 millones de pesos, o sea más de 5.000 millones de dólares.
Algunos banqueros consideran que incluso esa indemnización sería insuficiente.
En un país con 54 por ciento de sus habitantes en la pobreza, o sea unos 20 millones de pobres, el Estado debe asumir con criterio político que no corresponde transferir dinero a los bancos, dijo a IPS el sociólogo Eric Calcagno, egresado de la Escuela Nacional de Administración de Francia.
Si perdieron, que vayan a la quiebra, opinó.
Nosotros perdimos mucho dinero, algunos ni siquiera lo recuperamos todavía, y resulta que ellos (los bancos) exigen una compensación… es inadmisible, comentó Nito Artaza, representante de ahorristas damnificados.
En cambio, un ex banquero y actual asesor de bancos que pidió anonimato dijo a IPS que el gobierno debe compensar al sistema bancario por sus decisiones discrecionales, y aseveró que según la experiencia mundial, no hay forma de volver a crecer si no se resuelve primero el problema financiero.
En diciembre de 2001, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo resolvió frenar un masivo retiro de depósitos mediante el llamado corralito, una restricción de los retiros en efectivo por 90 días. Esa medida causó grandes protestas populares que condujeron a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.
Pero aquel vaciamiento de los bancos no era sólo responsabilidad de desconfiados ahorristas según el diputado opositor Mario Cafiero, quien denunció ante la justicia que durante 2001, antes del corralito, los propios bancos sacaron del país 25.000 millones de dólares.
Tras la asunción del actual presidente Eduardo Duhalde, en enero de 2002, se precipitó una acentuada depreciación del peso, mantenido durante una década en forzosa paridad con el dólar.
Eso agravó la crisis, sobre todo porque había decenas de miles de ahorristas que tenían depósitos en dólares, y devolvérselos se hizo más difícil.
La restricción a los retiros de dinero duró mucho más de tres meses. El Estado dispuso que los depósitos en dólares fueran convertidos a pesos para su devolución, a una cotización de 1,4 pesos por dólar, cuando el precio de esa divisa ya era 2,4 pesos.
Eso no conformó, por supuesto, a los ahorristas, pero tampoco a los bancos, porque al mismo tiempo se les forzó a seguir cobrando los préstamos en dólares que habían realizado con la cotización de uno a uno, para evitar la quiebra de acreedores.
A mediados de 2002, la economía comenzó a estabilizarse tímidamente, el alza de precios se frenó y la cotización del dólar se estabilizó en torno a 3,50 pesos.
Eso permitió una relativa normalización de los bancos, que comenzaron a devolver depósitos a los pequeños ahorristas, que eran 70 por ciento del total.
La crisis fue muy profunda pero no causó grandes cambios estructurales en el sistema bancario. Dos bancos extranjeros, el canadiense Scotiabank Quilmes y el francés Crédit Agricole, resolvieron irse del país, se redujeron las sucursales de 4.300 a 4.000, y se redujo 10 por ciento la cantidad de empleados.
Ahora, con los depósitos en alza y algunos bancos que comienzan a ofrecer nuevamente créditos prendarios e hipotecarios, las autoridades consideran que llegó la hora de compensar las pérdidas de la crisis.
Los bancos, apoyados por los organismos multilaterales de crédito, reclaman resarcimiento por la pesificación asimétrica que implicó una cotización de un peso por dólar para cobrar préstamos, y 1,4 pesos por dólar para devolver depósitos, y también, entre otras causas, por pagos que la justicia los obligó a realizar.
Tales pagos fueron efectuados a 20 por ciento de unos 200 mil depositantes que presentaron recursos de amparo por la inmovilización de sus ahorros.
Esa proporción de los demandantes ya obtuvo fallos favorables, y logró que se les devolviera en dólares lo que tenían depositado.
Calcagno consideró inadmisible que el gobierno indemnice a los bancos y no a los otros sectores empresariales afectado por la crisis.
La única manera de que el Estado no sea utilizado como herramienta a favor del poder financiero es permitir que los bancos quiebren y rescatar a los pequeños ahorristas, afirmó.
En marzo de 2002, los bancos ya recibieron una cuantiosa compensación oficial, cuando se les permitió cancelar sus deudas en dólares con el exterior mediante un bono subsidiado por el Estado, con un costo de 11.400 millones de dólares para el fisco, recordó.
Eso implicó un fuerte aumento de la deuda externa que deberán pagar todos los argentinos con una profundización del ajuste, destacó Calcagno. (
