Tres mujeres jóvenes se sumaron esta semana en México a la lista de más de 300 asesinadas y ultrajadas desde 1993 en la septentrional Ciudad Juárez, en la continuación de una ola criminal que parece no tener fin.
Los cuerpos fueron hallados el lunes por residentes de los suburbios de Ciudad Juárez, localidad fronteriza con Estados Unidos de 1,2 millones de habitantes, muy conocida por organizaciones humanitarias debido a los periódicos asesinatos de mujeres que allí se cometen.
Basta, esto no puede continuar más, señaló la abogada Adriana Carmona, integrante de la campaña Alto a la impunidad: ni una muerta más en Juárez, conformada por más de 300 asociaciones independientes de México.
La historia se repite. Al conocerse los nuevos asesinatos, autoridades policiales prometieron investigarlos y grupos humanitarios y familiares de las víctimas denunciaron una vez más la impunidad que rodea a esos crímenes.
Las asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez fueron en los últimos años materia de estudio de comisiones legislativas, peritos extranjeros especialmente contratados y organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, y pese a la detención de varios de los presuntos asesinos, cada tanto siguen encontrándose cadáveres, casi siempre de mujeres entre 15 y 30 años.
La directora del Unifem, Noelleen Heyzer, reclamó en diciembre al gobierno de Vicente Fox que pusiera fin de inmediato a estos hechos, para demostrar que México sí cumple con las convenciones internacionales que protegen los derechos de las mujeres.
La mayoría de los cuerpos han sido hallados en terrenos alejados de zonas habitadas, con huellas de torturas y violación. A veces presentan quemaduras, o los pezones arrancados a dentelladas.
Las víctimas se encuentran semidesnudas, sus calzones atorados en los tobillos, su boca en un grito, sus ojos desorbitados. El lenguaje corporal de las muchachas refleja el atroz sufrimiento al que las sometieron, apuntó la escritora Elena Poniatowska al describir los hallazgos en Ciudad Juárez.
Las muertas son en su mayoría trabajadoras de fábricas ubicadas que operan bajo el sistema de maquila (zonas francas de procesamiento de exportaciones con insumos extranjeros que ingresan al país libres de impuestos).
Las autoridades del estado de Chihuahua, donde se encuentra Juárez, y el gobierno de Fox son cómplices de los asesinatos por su impericia para resolverlos, a juicio del sociólogo Raúl Jiménez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El gobierno se muestra consternado, pero aclara que tanto las investigaciones policiales como todos los demás aspectos relativos al caso están cargo de las autoridades estaduales.
En 1995, fue detenido el egipcio Abdel Latif Sharif, acusado de cometer cinco de las 300 muertes. La policía aseguró que los asesinatos no se repetirían.
Pero no fue así. Entonces las autoridades arguyeron que el acusado había contratado desde la cárcel a un grupo que continuara la secuela de muertes. Fueron detenidos entonces integrantes de la pandilla conocida como Los Rebeldes.
Pero los crímenes continuaron. Las hipótesis se multiplican, señalando a mafias de la droga, redes de tráfico de personas y de órganos, a un psicópata radicado en Estados Unidos que cruza la frontera sólo para matar, y hasta a una secta satánica que odia a las mujeres jóvenes.
En Ciudad Juárez operan una 500 pandillas de jóvenes delincuentes, mientras las mujeres son la fuerza laboral dominante en las maquiladoras. La delincuencia campea y, según informes oficiales, 14 por ciento de la población ha consumido drogas ilícitas alguna vez.
La campaña Alto a la impunidad… llevó el caso de ciudad Juárez a la CIDH. Esta agencia del sistema judicial de la Organización de Estados Americanos envió en 2001 al lugar a su relatora especial Marta Altolaguirre.
La investigadora se manifestó impresionada por los asesinatos y respaldó las demandas para aclarar y poner fin a los crímenes.
Portavoces de la campaña Alto a la impunidad indicaron que la CIDH podría emitir a fines de este mes una recomendación sobre el caso al gobierno mexicano.
