Miles de trabajadores filipinos radicados en Medio Oriente, que fueron afectados por la guerra del Golfo en 1991 y aún no han recibido compensaciones, temen ser olvidados por completo cuando estalle un nuevo conflicto armado en Iraq.
El pago de nuestros reclamos será postergado todavía más cuando estalle la nueva guerra. Y entonces, por supuesto, habrá un nuevo grupo de víctimas, lamentó Roy Anunciación, director de campaña de Migrante Internacional, una alianza de organizaciones no gubernamentales filipinas que ayuda a los emigrantes.
Unos 50.000 filipinos, en su mayoría empleadas domésticas y funcionarios de hospitales, debieron abandonar su trabajo y vivienda en Medio Oriente cuando Estados Unidos creó una amplia alianza para expulsar a Iraq de Kuwait, el país que el ejército iraquí había invadido en agosto de 1990.
Sólo los filipinos radicados en Arabia Saudita, Iraq e Israel suman 1,5 millones, con 800.000, 500.000 y 200.000 respectivamente, según Migrante Internacional.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó en 1995 una comisión especial para estudiar la compensación a miles de civiles afectados por la guerra del Golfo, procedentes de más de 100 países.
Hasta ahora, apenas 2.000 trabajadores afectados pidieron un resarcimiento a la Comisión Filipina de Reclamaciones y Compensaciones, creada por la cancillería para distribuir los fondos concedidos por la ONU. Los pedidos de compensación van de 2.500 a 100.000 dólares.
Se estima que unos 15.000 trabajadores filipinos no entregaron la solicitud a tiempo, por lo que la ONU permitió revisar el caso de aquellos que presentaron su reclamación después del 1 de junio de 1995, la fecha límite.
Muchos todavía esperan recibir su compensación, y por eso temen que una nueva guerra en Iraq acabe por completo con sus aspiraciones.
Analistas cuestionaron la decisión de la presidenta Gloria Macapagal Arroyo de apoyar los planes bélicos de su par de Estados Unidos, George W. Bush, pues señalaron que exponen otra vez a los trabajadores filipinos en Medio Oriente a un alto riesgo.
Tratamos el asunto en términos de nuestro compromiso con la campaña antiterrorista de Estados Unidos, olvidando que un millón de trabajadores filipinos estarán en peligro cuando comience la guerra en Medio Oriente, escribió el analista político Randolf David en el periódico Philippine Daily Inquirer.
Sean cuales sean los motivos por los que Estados Unidos quiere invadir Iraq, los nuestros para no apoyarlo son muy simples. Tenemos a muchos conciudadanos trabajando en la región y es nuestro deber cuidar de ellas. Nosotros no estamos en guerra con Iraq, añadió David.
Una nueva guerra va a tener un impacto más serio y grave en nuestros trabajadores, pues no sólo estamos hablando de los efectos de la guerra dentro de las fronteras de Iraq, sino en otros países de Medio Oriente, dijo por su parte Anunciación.
Además de Arabia Saudita e Israel, hay filipinos trabajando en otros países de la región, en especial en países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (Kuwait, Qatar, Omán, Arabia Saudita, Bahrain y Emiratos Arabes Unidos), donde los extranjeros constituyen entre 50 y 90 por ciento de la fuerza de trabajo.
Arroyo viajó a Kuwait esta semana para asegurarle a los cerca de 60.000 trabajadores filipinos radicados en ese país que su gobierno está preparado para evacuarlos si es necesario.
La preocupación de la presidenta fue elogiada, pero muchos todavía creen que lo mejor sería que Manila se declarara neutral en una guerra en Iraq.
No puedes ayudar por fax ni por correo electrónico. Hay una diferencia entre enviar un mensaje de esperanza a los migrantes filipinos para que sean leídos y estar allí en persona. Arroyo hizo bien en escoger lo segundo, escribió el columnista Conrado de Quiros, del Philipine Daily Inquirer.
Pero eso es todo lo bueno que se puede decir. El mensaje de Macapagal Arroyo da una falsa esperanza, y sería muy cruel si la guerra comienza. ¿Cómo puede ella garantizar que ningún filipino saldrá herido o perderá su trabajo?, añadió De Quiros.
Mientras, la distribución de las compensaciones por la guerra del Golfo se vieron afectadas por denuncias de corrupción y mala administración.
En 1991, varias organizaciones de trabajadores acusaron a los funcionarios de la cancillería de aprovecharse de los fondos para los emigrantes afectados, pero el gobierno rechazó las denuncias y argumentó que había cierta lentitud en los procedimientos.
Cuando Arroyo asumió el gobierno en 2001, los trabajadores le pidieron que resolviera estos problemas y, en un encuentro en el palacio presidencial, varios representantes del Club de Filipinos de Demandantes por la Guerra del Golfo presentaron pruebas de sus acusaciones.
Fuimos víctimas de las prácticas corruptas de ciertos funcionarios en la Comisión Filipina de Reclamaciones y Compensaciones, señaló el Club en un documento presentado a Arroyo.
Los trabajadores denunciaron que algunos funcionarios depositaron los fondos de la ONU en sus propias cuentas bancarias, y por eso se demoró la entrega de los cheques de las compensaciones.
Arroyo prometió actuar, pero hasta ahora ha habido un progreso muy pequeño, mientras el gobierno se prepara para apoyar una guerra en Iraq, señaló Anunciación. (
