La justicia de Chile se tomó 29 años para procesar a cinco ex jefes de la DINA, la disuelta policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), acusados del asesinato en 1974 del general Carlos Prats.
Ellos son el general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), los brigadieres retirados Pedro Espinoza y José Zara, el ex general Eduardo Iturriaga y su hermano, el agente civil Jorge Iturriaga.
Prats, jefe del ejército chileno durante el gobierno socialista de Salvador Allende (1970-1973) – – derrocado por Pinochet – – , estaba exiliado en Argentina cuando una bomba colocada en su automóvil lo mató junto a su esposa, Sofía Cuthbert.
Los tribunales chilenos abrieron por primera vez una investigación judicial en diciembre de 2002, 28 años después de cometidos los asesinatos. En enero, la Corte de Apelaciones designó al magistrado Alejandro Solís al frente del proceso.
En su fallo, Solís sostuvo que los procesados planificaron eliminar a Prats porque era visto como un peligro por el régimen militar de Pinochet, quien lo había sucedido en la jefatura del ejército poco antes de liderar el golpe de Estado contra Allende.
Teníamos la convicción de que la DINA era la responsable del doble asesinato y logramos probarlo en Argentina, dijo Sofía Prats, hija del general asesinado.
El abogado querellante Hernán Quezada manifestó su esperanza en que estos procesamientos conduzcan a la condena firme de los ex jefes de la policía secreta de los primeros años del régimen militar.
El presidente Ricardo Lagos no se pronunció sobre el fallo, aunque sostuvo que un crimen tan horrendo ojalá se pueda esclarecer.
La familia Prats pidió en 1992 a la justicia chilena la apertura de una investigación para esclarecer las muertes, pero la solicitud fue denegada pues en Argentina se estaba sustanciando una investigación similar.
Pero hasta ahora, el único condenado por estos crímenes es Enrique Arancibia Clavel, un ex agente civil de la DINA juzgado en Argentina en 2000.
En octubre de 2000, un fallo de la Segunda Sala de la Cámara Federal argentina, a cargo de la jueza María Servini de Cubría, estableció que las muertes de Prats y Cuthbert constituyeron un crimen de lesa humanidad, y por tanto imprescriptible y no amnistiable.
El dictamen de Servini señaló además la utilización del aparato estatal en la consecución de fines delictivos impropios de un Estado de derecho, con un objetivo de persecución de ciudadanos como política sistemática, a los que se vedaba cualquier protección y sin dudar en llevar a cabo sus designios fuera de su territorio nacional.
Servini solicitó infructuosamente a Chile la extradición de los cinco procesados este martes. Los tribunales chilenos prefirieron ordenar la apertura de una investigación propia.
En septiembre del año pasado, el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago volvió a denegar una petición de la jueza argentina, esta vez para interrogar a Pinochet por su eventual responsabilidad en el doble homicidio.
El ex dictador se encuentra en libertad, tras ser sobreseído por la justicia el año pasado, por incapacidad mental para defenderse, del cargo de encubridor del asesinato de 57 prisioneros políticos y del secuestro de otros 18, cometidos en octubre de 1973, en el caso conocido como caravana de la muerte.
El juez Solís denegó un pedido de libertad bajo fianza solicitado por Contreras y Espinoza, a quienes consideró un peligro para la sociedad.
Ambos militares habían sido condenados por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, perpetrado en Washington en septiembre de 1976.
Contreras jugó desde la DINA un papel central en el plan Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur para apresar y asesinar a opositores políticos, desde mediados de los años 70. El ex general cumple prisión domiciliaria por su responsabilidad en otras violaciones de derechos humanos.
En el asesinato de Prats también han sido inculpados el ex agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) Michael Townley, considerado el autor material, su ex esposa Mariana Callejas y Armando Fernández Larios.
Townley se encuentra en Estados Unidos bajo un régimen de protección a testigos.
El juez Solís solicitará a Argentina las declaraciones tomadas al estadounidense durante el proceso conducido por Servini.
Según extractos del testimonio publicados por el diario chileno La Nación, Townley habría afirmado que las primeras menciones hechas por Espinoza fueron que Augusto Pinochet consideraba que Prats era un hombre peligroso porque podía liderar desde el exilio un levantamiento militar en el sur de Chile. (
