El borrador de propuestas para las difíciles negociaciones sobre agricultura en la Organización Mundial del Comercio (OMC) provoca reacciones encontradas, aunque casi todas las partes admitieron que puede favorecer la marcha de las discusiones.
Los principales actores del negocio agrícola, como la Unión Europea, Estados Unidos y los países exportadores eficientes reunidos en el Grupo de Cairns, opusieron objeciones desde ángulos diferentes al balance del estado de las conversaciones presentado por el presidente del comité de negociaciones, Stuart Harbinson.
El grueso de los países en desarrollo demoró los comentarios sobre el documento, pero las organizaciones no gubernamentales que habitualmente coinciden con las posiciones de esas naciones pronosticaron que la propuesta de Harbinson tendrá efectos funestos sobre toda la llamada Ronda de Doha.
Celine Charveriat, representante en Ginebra de Oxfam International, la organización humanitaria con sede en Gran Bretaña, estimó que el borrador resultara una prueba indicativa de la credibilidad de la OMC.
Sin embargo, adviritió que, si son aceptadas estas propuestas, pueden signar la defunción de la denominada Ronda de Desarrollo, como los países industrializados insisten en llamar a las negociaciones aprobadas por los ministros de la OMC a fines de 2001 en Doha, la capital Qatar.
Esa variedad de reacciones ante la iniciativa de Harbinson reflejó el peso que los países miembros de la OMC otorgan a las negociaciones sobre agricultura, el sector más atrasado en la apertura de mercados extendida en la economía internacional a lo largo de los últimos decenios.
Pero también evidenciaron la diversidad de intereses que comprenden a economías rurales de elevada protección comercial, como la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y gran parte de los países industriales, frente al bloque de naciones pobres, donde la agricultura representa casi la única fuente de sustento y empleo.
En otro plano se ubica el Grupo de Cairns, que otorga protección escasa o nula a su producción y exportación agrícola, integrado por Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Canadá, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay.
Las naciones industrializadas, integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), extraen de sus arcas públicas cerca de 1.000 millones de dólares por día para sostener la competitividad de sus exportaciones agrícolas y gran parte de la actividad rural.
En el extremo opuesto, Argentina, sacudida por una grave crisis económica, introdujo hace un año un impuesto a las exportaciones agropecuarias, conocido como retenciones, para atender sus desequilibrios fiscales y los compromisos con las entidades prestamistas internacionales.
Las posiciones tan encontradas y seriamente contestadas entre todos los países tornan delicada y difícil la tarea de Harbinson, resumió el jefe de negociadores de Argentina, Alfredo Chiaradia.
Pero la misión de Harbinson se encuentra delimitada por la declaración de los ministros en Doha, que apresuró reformas para reducir hasta la eliminación las trabas a las importaciones agrícolas, y apuntó también contra los subsidios a las exportaciones y el apoyo interno a los productores.
El texto de equilibrio presentado por el presidente del comité de negociaciones aplica esas ideas, pero con intensidades que dejan insatisfechas a prácticamente todas las partes.
La Unión Europea (UE) se quejó de que el peso de las modificaciones perjudica a los países industrializados.
La UE lamentó que el documento de Harbinson no mencione las preocupaciones no comerciales, una serie de argumentos esgrimidos por los países del Norte para prolongar sus políticas proteccionistas.
El bloque europeo alega que su agricultura merece protección porque, además del aspecto comercial, tiene fines multifuncionales como la protección ambiental, el mantenimiento del paisaje, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria nacional.
La declaración de Doha no había concedido primacía a esas cuestiones, como refleja el texto de Harbinson.
A su vez, Estados Unidos reclamó mayor severidad contra los aranceles y los subsidios, los dos instrumentos de protección más empleados por la UE, Japón, Corea del Sur, Noruega y Suiza.
Los comentarios provenientes del Grupo de Cairns observaron que la propuesta de Harbinson carece de ambiciones suficientes. Los subsidios a las exportaciones deben ser eliminados de inmediato, reclamó Jim Sutton, ministro de comercio neocelandés.
Chiaradia mencionó que, en el aspecto del acceso a los mercados, la iniciativa de Harbinson contempla la posibilidad de que la fórmula de armonización acepte excepciones en ciertos productos estratégicos, con reducciones menores.
Cada país podría elegir los productos sensibles que le interesan para conceder reducciones más bajas, explicó. La UE lo haría con lácteos, carnes y granos de los climas templados, dijo a modo de ejemplo el negociador argentino.
Una visión negativa del documento de Harbinson provino de la organización no gubernamental Focus on the Global South, de Tailandia, que calificó las propuestas de fraude y estimó que enciende la luz verde para que las firmas transnacionales agroindustriales se apoderen de los mercados de los países en desarrollo.
La versión de Focus on the Global South, distribuida por su representante en Ginebra, Aileen Kwa, sostiene que el documento ignora muchas de las propuestas de los países en desarrollo para proteger a sus productores del dumping (comercio desleal) y para encarar los problemas de desempleo y de inseguridad alimentaria.
