El gobierno colombiano apura la presentación al Congreso legislativo de un controvertido proyecto de estatuto antiterrorista, tras un recrudecimiento de atentados que atribuye a las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Ese proyecto será presentado en el periodo ordinario de sesiones legislativas que comenzará el 16 de marzo, y entre sus críticos hay periodistas que lo consideran violatorio de la libertad de prensa.
Un borrador de la iniciativa fue divulgado en el marco de amplia condena al escalamiento terrorista que comenzó el 7 de este mes, mediante un atentado con un coche bomba en el club El Nogal de Bogotá, donde se reunía la elite de esa ciudad.
Una semana después, estalló una casa trampa cerca del aeropuerto de la central ciudad de Neiva, en vísperas de una visita del presidente Alvaro Uribe, y fuerzas de seguridad piensan que ese atentado fue planeado como parte de una operación de mayor escala.
Los muertos en ambos atentados sumaron cerca de medio centenar, en su mayoría civiles.
El proyecto de estatuto modifica 31 artículos del Código Penal e incluye en él 10 nuevos, entre ellos uno sobre la libertad y responsabilidad de los medios de comunicación al informar sobre el terrorismo, que es el que más fuertes reacciones ha motivado.
Ese artículo, calificado por el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) de inconstitucional y violatorio de la libertad de prensa, establecería penas de ocho a 12 años de prisión para quien publique en medios de comunicación datos considerados contraproducentes para la lucha antiterrorista, sin perjuicio de la suspensión del correspondiente servicio.
Tales penas se aplicarían a quien divulgue informes que puedan entorpecer el eficaz desarrollo de las operaciones militares o de policía, coloque en peligro la vida del personal de la fuerza pública o de particulares, o cometa otros actos que atenten contra el orden público, mejorando la posición o imagen del enemigo.
Quienes promueven ese artículo desconocen que la Constitución prohíbe la censura, y que es un derecho de los ciudadanos estar informados de lo que acontece, alegó el presidente del CPB, César Velásquez.
El periodista independiente Sigifredo Eusse dijo a IPS que el gobierno pretende mantener a los colegas atados a las fuentes oficiales.
El periodista quedaría también expuesto a la valoración subjetiva sobre el desempeño de su trabajo que haga un funcionario, añadió.
Según el ex ministro de Comunicaciones Fernando Cepeda, lo necesario en las actuales circunstancias no es censura, sino una autorregulación de los medios de comunicación, cuyo alcance exigible dependería de las características de cada uno de ellos.
No es lo mismo entrevistar en directo por radio o televisión a un guerrillero o a un paramilitar y dejarlo que se exprese, sin matizar sus respuestas como puede hacerse en un medio escrito, arguyó.
En Colombia se suele llamar guerrilleros sólo a los insurgentes izquierdistas, y paramilitares sólo a los derechistas.
Las propuestas de modificación de artículos del Código Penal incluidas en el borrador implican incluir en cada uno de ellos un inciso que aumentaría las penas de diversos delitos cuando se ejecuten con fines terroristas.
La definición de terrorismo que se aplicaría es la de la Ley de Seguridad y Defensa Nacional, aprobada en 2001.
Esa ley establece que son actos terroristas los que producen un efecto de terror o de intimidación sobre los habitantes de un Estado y graves disturbios del orden público con medios y métodos que, por su naturaleza, causan o pueden causar un daño extendido.
La pena correspondiente al delito de retención o secuestro de aviones, buques u otros medios de transporte colectivo es de 10 a 15 años de prisión, y quien cometiere ese tipo de actos con fines terroristas recibiría de 17 años y medio a 25 años y medio.
La divulgación y empleo de documentos reservados del Estado con fines terroristas se castigaría con penas de siete años y medio a 15 años, al igual que la publicación y el uso ilegales de información tributaria con esos fines, cuando los responsables fueren empleados públicos.
El lavado de dinero con fines terroristas recibiría penas de nueve a 22 años y medio, al igual que la actuación como testaferro de grupos terroristas.
Una de las innovaciones del proyecto es tipificar como delito terrorista, con penas de cuatro a siete años de prisión, el uso de microorganismos nocivos, que han sido empleados por guerrilleros en ataques contra soldados y policías, dijo a IPS un funcionario que no quiso ser identificado.
También recibirían penas de cuatro a 10 años quienes destruyan o dañen con fines terroristas recursos naturales, o invadan áreas de especial importancia ecológica.
La solución no es subir de manera drástica las penas en el Código Penal, sino que se debe hacer una reforma constitucional para buscar otro tipo de condenas, sostuvo el senador Jimmy Chamorro, del opositor Partido Liberal.
Hechos como el atentado al club El Nogal son desde todo punto de vista condenables, pero podemos caer en la misma lógica de la violencia, que está llevando incluso a algunos sectores a pedir que se implante la pena de muerte, dijo a IPS la presidenta de la Red de Iniciativas para la Paz (Redepaz), Ana Bernal.
Integran Redepaz cerca de 30 organizaciones no gubernamentales (ONG) que apoyan la solución negociada del conflicto.
No entendemos este tipo de acciones (los atentados) que no tienen una justificación política por ningún lado, pero tampoco sentimos que haya una estrategia del gobierno, o que se busque alguna alternativa para salir de esta crisis en la que los civiles están siendo los más afectados, comentó Bernal.
La ONG humanitaria estadounidense Human Rights Watch (HRW) afirmó el 26 de este mes que el gobierno debe extraditar a los jefes guerrilleros y paramilitares acusados de delitos de lesa humanidad y requeridos por la comunidad internacional.
Esas extradiciones deberían efectuarse con independencia de un eventual proceso de paz, aseveró en Bogotá el director ejecutivo de la división de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Colombia se encuentra en una guerra brutal generada por el terrorismo, y nadie puede sacarle el bulto al problema sin cooperar en su solución, opinó.
