El gobierno de Colombia anunció este lunes que pedirá más ayuda a Estados Unidos y el apoyo de la OEA para luchar contra el narcoterrorismo, al que atribuyó el atentado del viernes en la capital, donde murieron al menos 32 personas y fueron heridas otras 170.
El presidente Alvaro Uribe solicitará este martes a sus pares de América Central, en una reunión extraordinaria en Panamá, su respaldo para plantear en la OEA (Organización de Estados Americanos) que las naciones vecinas de Colombia declaren terroristas a los grupos armados irregulares de su país.
Por su parte, la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, viajó este lunes a Washington para pedir la ampliación de la asistencia al llamado Plan Colombia, previsto originalmente por el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) para la lucha contra el narcotráfico y luego extendida al combate contrainsurgente.
Si estos países (vecinos) declaran a los grupos (irregulares) como organizaciones terroristas se tendría una consecuencia jurídica muy importante, que es la aplicación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, dijo Ramírez en relación a la gestión de Uribe.
La resolución 1373 dispone que a las organizaciones terroristas se les deben congelar sus fondos y se debe perseguir a sus miembros sin importar en que país se encuentren, explicó la ministra en rueda de prensa antes de abordar su avión para Estados Unidos.
Ramírez destacó la importancia del apoyo de América Central, en particular de Panamá, y del resto de los países limítrofes, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, porque a través de las fronteras es que ingresan las armas y sale la droga, un contrabando que ha fortalecido a estos grupos.
Para Colombia, la solidaridad de las naciones vecinas es fundamental para que, entre todos, podamos cerrarle las puertas a los miembros de estas organizaciones, añadió, tras responsabilizarlas del ataque con explosivos perpetrado el viernes en el club El Nogal, en el norte de Bogotá.
A su vez, Uribe, en una alocución por cadena de televisión el domingo, condenó el atentado y volvió a convocar a una campaña internacional contra el terrorismo en Colombia.
Mientras el presidente emitía su mensaje se realizaban manifestaciones multitudinarias en Bogotá de repudio al atentado y a la violencia de cualquier signo en el país.
Necesitamos que el mundo democrático venga a Colombia a ayudarnos a derrotar el terrorismo, así como se está llevando a cabo en Naciones Unidas una discusión sobre el caso Iraq, dijo Uribe, retomando los argumentos utilizados en enero en Quito, en ocasión de la asunción de Lucio Gutiérrez como presidente de Ecuador.
El mandatario solicitó entonces el despliegue de fuerzas internacionales en las costas colombianas del Caribe y del océano Pacífico para combatir el terrorismo, mientras reprochó al mundo industrializado por no solidarizarse a fondo con la lucha que libra su gobierno contra la guerrilla y el narcotráfico.
En tanto, en el discurso del domingo también pidió el aporte de tecnología, ayuda financiera y sistemas de transporte para las fuerzas de seguridad y la fiscalía.
Esta tragedia es hija de esa mezcla que es la droga y la violencia, puntualizó tras brindar su condolencia a los familiares de las víctimas del atentado.
Según Uribe, muchos países toleran la droga y el lavado de dinero de ese tráfico, fabrican insumos químicos que despachan a Colombia, arman a los grupos violentos y producen tragedias como la de Bogotá.
Pidió, además, desde el lugar del atentado que el mundo no siga haciendo de la tragedia de Colombia simplemente noticia, sino que tome acciones para ayudar de verdad.
Hasta ahora el gobierno no se ha señalado de modo oficial a ninguna organización como responsable del atentado, aunque el vicepresidente, Francisco Santos, se lo atribuyó a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las FARC, la mayor fuerza guerrillera del país, inició hace un año una ofensiva sobre Bogotá y otras grandes ciudades del país tras la ruptura de las negociaciones de paz, que mantuvo por más de tres años con el gobierno de Pastrana.
La ministra Ramírez coincidió con Santos y comentó que es claro que las FARC no actuaron solas en el caso del club El Nogal sino que necesitaron de otros grupos internacionales.
Por ello estamos estudiando las técnicas utilizadas por (la organización ilegal vasca) ETA en España y el (separatista Ejército Republicano Irlandés) IRA en Irlanda, para establecer si realmente son esas agrupaciones las que están apoyando a las guerrillas colombianas en estos actos terroristas, agregó.
Sin embargo, el jefe del comando sur del ejército de Estados Unidos, general James Hill, descartó este lunes en Bogotá la participación directa de terroristas internacionales en el atentado del club El Nogal, aunque señaló que el ataque fue financiado con dineros del narcotráfico.
Hill declaró a la radio local Caracol que, si bien no ve que exista una conexión en el atentado en términos operativos, sí hay colaboración del terrorismo internacional con las FARC, el ELN (el rebelde Ejercito de Liberación Nacional) y las AUC (las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia) a través del dinero que produce el tráfico de drogas.
Este acto indiscriminado demuestra que las fuerzas que están combatiendo en Colombia no son ni más ni menos que terroristas, que están tratando de destruir al mismo tejido de su país, apuntó el jefe militar estadounidense.
En tanto, Luis Valencia, analista político de la estatal Universidad Nacional, dijo a IPS que el atentado perpetrado del viernes en Bogotá está cargado de símbolos, pues se trataba, probablemente, del lugar más custodiado de esta ciudad de siete millones de habitantes.
Este exclusivo club desde su inauguración en 1995 se constituyó en el principal punto de encuentro de empresarios, ejecutivos y políticos, y su junta directiva estuvo presidida en los últimos años hasta el 7 de agosto por el ahora ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño.
El atentado a este centro social puede interpretarse como una notificación (aviso) de los violentos al gobierno de que están dispuestos a todo, ya que el ataque estuvo dirigido contra los iconos del poder político y económico, explicó el experto.
En los alrededores del ahora desaparecido centro social están las residencias de los embajadores de Estados Unidos, de España y de Italia, sedes de instituciones financieras y centros comerciales y residenciales de la clase alta colombiana. (
