El envío a Colombia de expertos militares de Estados Unidos, para apoyar el intento de rescate de funcionarios estadounidenses secuestrados por las insurgentes FARC, desató un intenso debate jurídico y político en el país.
La polémica se centra en los pasos que debería dar el presidente Alvaro Uribe para autorizar ese tipo de acciones, y en los riesgos políticos de que aumente la participación estadounidense en el conflicto interno.
Algunos analistas destacaron que la presencia de los expertos estadounidenses debería ser autorizada por el Senado o, dado que éste está en su anual periodo de receso, por el Consejo de Estado, supremo organismo en materia contencioso administrativa, pero ninguno de esos organismos ha brindado su aprobación.
Los artículos 173 y 189 de la Constitución establecen que corresponde al Senado o al Consejo de Estado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la república, dijo a IPS Luis Valencia, de la estatal Universidad Nacional.
El ingreso de asesores estadounidenses sin que se cumpla ese requisito puede interpretarse como una intervención de Washington en los asuntos internos del país, alegó.
Otros analistas destacaron que la actividad de esos enviados militares debería ajustarse a los acuerdos bilaterales vigentes en el marco del Plan Colombia, y por tanto limitarse a asesoramiento técnico y de comunicaciones e inteligencia al ejército, sin partipación en combates.
Las izquierdistas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) secuestraron el 13 de este mes a tres ciudadanos de Estados Unidos a quienes señalaron como agentes de la Agencia Central de Investigaciones (CIA, por sus sigla en inglés) de ese país, en las meridionales y espesas selvas del Caquetá.
Esa fue la primera captura de estadounidenses directamente involucrados en acciones de lucha contra las drogas o la insurgencia.
El gobierno estadounidense anunció el fin de semana el envío de los asesores, pero negó este lunes que se trate de 150 personas, como se había afirmado en versiones de prensa, y alegó que se trata de un grupo muchísimo menor de funcionarios del Departamento de Defensa.
La misión de esos funcionarios es asistir a Colombia en labores contra el terrorismo, el narcotráfico y paralelamente para apoyar las tareas de rescate de los secuestrados por las FARC , aseguró.
El Congreso de Estados Unidos ha limitado la presencia de asesores de ese país a 400 como máximo, y había casi 300 antes del último envío, no cuantificado.
El gobierno colombiano aún no se ha pronunciado sobre la polémica, pero Uribe ha manifestado en diversos foros que desea mayor asistencia de Estados Unidos y del resto de la comunidad internacional para su lucha contra el terrorismo.
El secuestro se produjo luego de un accidente sufrido por la avioneta en la cual viajaban los tres estadounidenses junto con su compatriota Dennis Thomas, cuyo cadáver fue hallado con un tiro en la cabeza, y con el sargento de inteligencia Luis Cruz, del ejército colombiano, quien murió de un disparo en el pecho.
Uribe sostuvo que Thomas y Cruz fueron asesinados por las FARC.
La embajada de Estados Unidos en Colombia y el comandante de las Fuerzas Militares colombianas, general Jorge Mora, coincidieron en afirmar que el accidente se debió a fallas mecánicas debidamente comprobadas.
Eso implica negar veracidad al rumor de que el avión fue derribado por las FARC.
Según Valencia, las FARC retan a Washington para obligarlo a revelar la naturaleza de su presencia en Colombia, y para que demuestre si es capaz de rescatar a sus funcionarios.
La situación es complicada para el gobierno de Estados Unidos, que deberá afrontar un debate con el Congreso legislativo sobre las eventuales consecuencias de aumentar su despliegue militar en Colombia, opinó.
Pero también afrontarán dificultades las FARC, porque si liberan a los secuestrados tras el envío de asesores darían muestra de aparente debilidad, pero si los retienen demasiado tiempo se arriesgan a una situación inmanejable cuando se emprendan operaciones binacionales de rescate, añadió el experto.
Colombia es el tercer receptor mundial de ayuda militar estadounidense, y ha recibido de Washington casi 2.000 millones de dólares, al inicio para combatir el narcotráfico y ahora también para acciones contra la insurgencia y el terrorismo, en el marco del Plan Colombia y la Iniciativa Andina.
La captura de los agentes estadounidenses fue el punto más alto de un escalamiento que comenzó el 7 de este mes con el estallido de un coche bomba en el club social El Nogal de Bogotá, que dejó 35 muertos y más de 160 heridos.
Una semana después, una explosión causó unas 20 muertes y destruyó 70 casas en la ciudad de Neiva, capital del central departamento del Huila, en la víspera de una visita de Uribe.
