La justicia de Chile resolverá en cinco días la situación procesal de tres diputados oficialistas detenidos por supuesto soborno y otros delitos, un caso que pone en tela de juicio la transparencia que se atribuía al país.
La detención el jueves de los legisladores, un hecho inédito desde la recuperación de la democracia en 1990, responde al mismo caso por el cual el ex ministro de Obras Públicas y Transportes Carlos Cruz cumple prisión desde el 7 de enero en el anexo de la cárcel Capuchinos de Santiago, procesado por fraude al fisco de 445.000 dólares.
Al diputado Víctor Manuel Rebolledo, suspendido del Partido Por la Democracia, se le imputan delitos con penas de 541 días a tres años de cárcel, mientras que sus pares Jaime Jiménez y Cristián Pareto, expulsados del Partido Demócrata Cristiano, enfrenan acusaciones que pueden llevarlos a prisión de 61 días a tres años.
En esta investigación también están involucrados, aunque no fueron detenidos, los diputados Eduardo Lagos, del Partido Radical, y Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista e hijo del ex canciller Orlando Letelier, asesinado en 1976 en Estados Unidos por la policía del dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
La causa judicial se inició con la denuncia de pagos de soborno por parte de un empresario de una planta de revisión técnica de vehículos de Rancagua, a 90 kilómetros al sur de Santiago, para financiar la campaña política de candidatos a las elecciones legislativas de diciembre de 2001.
En caso de que los legisladores de la gobernante Concertación por la Democracia sean procesados la calificación de Chile sobre corrupción puede pasar de país con casos aislados a sistémica, aunque aún no masiva, advirtió la socióloga Andrea Fernández, de la organización no gubernamental Transparencia Internacional.
Aunque el monto de dinero manejado es de 25.000 dólares, poco significativo respecto de actos de corrupción en otros países, el episodio ha puesto al descubierto irregularidades en el funcionamiento del Estado y en la financiación de los partidos de la alianza centroizquierdista que gobierna Chile desde 1990.
Los medios de comunicación se están atreviendo a denunciar y eso pasa porque en los países democráticos hay más libertad para denunciar, pues era curioso que los países más probos fueran los más autoritarios, explicó Fernández a IPS.
Fernández indicó que una de las debilidades, no sólo de Chile sino en la mayoría de los países, es el escaso acceso a la información pública que tiene la prensa.
María Eliana Arntz, portavoz del gobierno de Ricardo Lagos, declaró tras enterarse de las detenciones ordenadas por el juez Carlos Aránguiz que la decisión adoptada se ha hecho utilizando los instrumentos jurídicos que tiene a su disposición para realizar la investigación.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Adriana Muñoz, se mostró sorprendida porque no pensaba que los antecedentes que manejaba el juez fueran tan contundentes como para llegar a detener de modo preventivo a los tres parlamentarios.
Muñoz señaló que la única manera de impedir que la corrupción contamine a las instituciones es desplegando la mayor cantidad de información posible para que la ciudadanía controle lo que sus representantes hacen.
En enero la Corte Suprema de Justicia había ratificado el levantamiento de la inmunidad penal de los cinco legisladores acusados de corrupción, dejando a las fuerzas del gobierno con la precaria mayoría de un voto en la Cámara de Diputados.
He venido a ponerme a disposición de los tribunales, voy a seguir colaborando con la justicia y defendiendo mi dignidad, dijo Letelier luego de los interrogatorios a los que fue sometido por dos horas.
Lagos, a partir del avance en la justicia de este caso, decidió activar medidas de mejoras de control de gestión estatal, como el envío de un proyecto al parlamento sobre la materia, la creación una comisión asesora para formular propuestas e impulsar un acuerdo con la oposición derechista sobre financiamiento de los partidos.
También el parlamento aprobó en enero una ley sobre remuneraciones de los funcionarios de gobierno, cargos públicos especiales y de los alcaldes, además de los gastos reservados.
Otro de los proyectos de ley en discusión crea registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, un planteo que la derecha política utilizó para hostigar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) por recibir fondos del Estado.
Sin embargo, la mayor parte del financiamiento de esos grupos civiles chilenas provienen de la cooperación internacional. Un estudio realizado por la Asociación Chilena de ONG reveló que 45 por ciento de los fondos con que estas instituciones realizan sus labores provienen mayoritariamente de Europa.
El gobierno y las opositoras Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente acordaron un paquete de 49 iniciativas tendientes a mejorar la gestión pública y financiera y el trabajo parlamentario, donde también se incluyó normas para el financiamiento de las campañas políticas y de los partidos. (
