El caso de una niña nicaragüense de nueve años embarazada de cuatro meses por una violación de la que fue víctima en Costa Rica despertó una intensa polémica sobre el aborto en América Central, región mayoritariamente católica.
El caso puso de relieve dos flagelos de América Central: el abuso sexual infantil y el embarazo adolescente.
Sin embargo, activistas feministas, organizaciones conservadoras, autoridades y la Iglesia Católica están trenzados en un intenso debate a favor y en contra del aborto que podría practicarse a la menor por razones de salud física y mental.
El proceso de gestación podría poner en riesgo la vida de la niña, que fue además contagiada de dos enfermedades de transmisión sexual cuyo tratamiento no se ha iniciado para no afectar al feto, señalaron médicos tratantes.
Pero un informe médico del Ministerio nicaragüense de Salud advirtió que tanto un alumbramiento como un aborto implicarían riesgos.
La interrupción voluntaria del embarazo está prohibida en Nicaragua, pero las leyes autorizan el aborto terapéutico en caso que peligre la vida de la embarazada y si lo dictaminan al menos tres médicos.
La Procuradoría de la Niñez de Nicaragua sostiene que un aborto terapéutico sería el mejor camino para garantizar la vida, el crecimiento y el desarrollo de la víctima de nueve años.
Por su parte, los padres de la menor, Francisco Fletes y Rosa Reyes, dos humildes inmigrantes nicaragüenses, defendieron primero el embarazo pero viajaron abruptamente de San José a Managua, donde reclamaron un aborto terapéutico.
Organizaciones feministas ofrecieron a la familia boletos de avión a Cuba o a Estados Unidos, países donde la niña podría someterse a un aborto, en caso que las autoridades nicaragüenses no lo autoricen.
Mientras, organizaciones como la Iglesia Católica elevaron voces de protesta, reclamando la continuación del embarazo.
Es una barbaridad que por asuntos ideológicos de adultos se tome de conejillo de Indias a una niña, declaró la ministra costarricense de la Niñez, Rosalía Gil, quien pidió a los activistas que se mantengan al margen.
Gil estimó que la decisión debe tomar en cuenta todas las dimensiones de la situación de la menor, incluyendo aspectos legales, morales, espirituales y psicológicos.
La niña, cuya identidad se mantiene en reserva, y su familia vivían en Costa Rica, en la región rural de Turrialba, 50 kilómetros al este de San José, donde cada año miles de nicaragüenses llegan para trabajar en la recolección de café.
El sospechoso de la violación es un agricultor costarricense de 23 años de apellido Barquero, en prisión preventiva. Pero él se declara inocente y reclama se le practiquen exámenes de ADN para probarlo. En su testimonio arlegó que el verdadero culpable podría estar en la familia y amigos de la menor.
Mientras, este jueves las autoridades de Costa Rica informaron que investigan otro caso de una menor nicaragüense de once años embarazada a consecuencia de una violación.
El Organismo de Investigación Judicial indicó que se trata de una niña que vive en La Cruz de Guanacaste, un aldea en la frontera con Nicaragua.
En 2001 nacieron en Costa Rica 15.461 niños de madres menores de 19 años, lo que representa 20 por ciento del total de nacimientos, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
El embarazo adolescente es un problema muy serio, porque muchas de estas niñas y jóvenes ocultan su embarazo casi hasta el momento de dar a luz, lo que genera consecuencias negativas en sus hijos, dijo a IPS la experta de la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), María Isabel Solís.
Estudios de la CCSS muestran que 74 por ciento de los embarazos adolescentes terminan en partos prematuros, lo que aumenta las probabilidades de mortalidad infantil, señaló Solís.
Un informe elaborado por la CCSS y la Universidad de Costa Rica revela que 30 por ciento de los embarazos adolescentes corresponden a jóvenes que están fuera del sistema educativo, y que 29 por ciento a hijas de hogares desintegrados.
Este caso tan dramático está siendo usado para levantar banderas ideológicas, cuando lo que debe imperar es la vida de la niña, dijo esta semana a IPS Carlos Emilio López, procurador de la Niñez de Nicaragua.
Aquí lo que debe imperar es un derecho humano que está consagrado en los códigos de la niñez de Costa Rica y Nicaragua: el interés superior de la niña, es decir, tomar las acciones que más favorezcan su vida, su crecimiento y su desarrollo, agregó López.
El procurador, convertido en uno de los principales asesores de la familia afectada, informó que la niña está en un albergue de las afueras de Managua, lejos del alcance de los medios de comunicación.
De acuerdo al último parte médico, la niña padece las consecuencias de un intenso estrés, síntomas de fuertes vómitos, y manifiesta continuo temor a morir.
Abogados de la familia estudian una eventual demanda al Estado de Costa Rica, al que acusan de haber ejercido un trato discriminatorio y de no haber facilitado a los padres acceso a suficiente información sobre la situación de su hija.
Autoridades médicas de Costa Rica replicaron que la menor fue objeto de la mejor atención profesional mientras estuvo internada en un hospital de ese país.
La familia Fletes Reyes había llegado a Costa Rica cinco años atrás, sin documentos y en busca de trabajo en labores agrícolas, huyendo de la crisis económica de Nicaragua. En Costa Rica viven 226.000 inmigrantes nicaragüenses documentados y decenas de miles más sin permisos de residencia.
El director de la oficina nicaragüense de Migración y Extranjería, Luis Rodolfo Toruño, sostuvo el miércoles que la familia Fletes Reyes recibió tres salvoconductos solicitados para salir del país.
No sé si quieren sacar a la niña o no, dijo Toruño, quien explicó que el salvoconducto permitiría viajar a la menor y a sus familiares a México, República Dominicana, Cuba y a cualquier país centroamericano.
Cada año, 15 millones de menores de 18 años se convierten en madres en todo el mundo, lo que representa 10 por ciento de los nacimientos mundiales, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Ochenta por ciento de los partos de madres adolescentes ocurren en países en desarrollo.
El riesgo de morir durante el parto se duplica para las madres de 15 a 18 años y se multiplica por cinco para las menores de 15 años, respecto de las mayores de 18.
De acuerdo a estimaciones de Unicef, 4,4 millones de adolescentes se someten por año a abortos inseguros en todo el mundo. (
