Los opositores al presidente venezolano Hugo Chávez se disponen a flexibilizar la huelga que lanzaron contra él hace ocho semanas, pero mantendrán campañas de recolección de firmas que buscan desalojarlo del poder mediante distintos mecanismos.
Centenares de miles de partidarios de Chávez se congregaron el jueves en Caracas, para expresarle su apoyo luego de que el Tribunal Supremo de Justicia rechazó el 22 de este mes la iniciativa opositora de un referendo consultivo, en el cual los votantes expresaran si querían la renuncia inmediata del presidente.
La oposición respondió este fin de semana con la concentración más larga, que convirtió en campamento durante más de 24 horas un tramo de casi cuatro kilómetros en la principal autopista de Caracas, en el cual se reunieron otros cientos de miles de personas.
En las concentraciones opositoras se recogen firmas por una enmienda de la Constitución que abrevie el mandato de Chávez, por un referendo que lo revoque, y por la convocatoria a una asamblea constituyente.
También se firman cartas dirigidas a Chávez para pedirle que renuncie, y otras dirigidas en forma genérica a la comunidad internacional, con apreciaciones sobre la situación del país.
Esa diversidad de iniciativas indica la actual falta de consenso entre los dirigentes opositores sobre el mejor modo de desalojar a Chávez del gobierno.
Yo voy a firmar por todas las salidas. Tenemos que quitarnos a Chávez y regresar a la paz y la armonía que siempre tuvo Venezuela, dijo a IPS en la concentración Arsinoe Marcano, técnica en mercadeo de 23 años, sin empleo fijo, mientras trataba de vender collares y pulseras con los colores amarillo, azul y rojo de la bandera nacional.
La última concentración opositora se asemejó ante todo a un festival, con tiendas de campaña, deportes al aire libre, breves carreras en patines y bicicletas, ejercicios aeróbicos y de danza terapéutica, espectáculos musicales, algunos rezos y unos pocos mitines, campo fértil para la venta ambulante de alimentos, prendas y abalorios tricolores.
Hay que recoger firmas para el referendo revocatorio en agosto (de 2003), que es más lento pero más seguro, dijo a IPS Ricardo Carreño, de 22 años y estudiante universitario de administración, desde su bicicleta.
Pero Claudia Fernández, educadora de 43 años, estimó que mejor es una enmienda constitucional para elecciones rápidas.
La variedad de opiniones refleja la de los dirigentes, tras el fracaso del referendo consultivo y el lanzamiento el 21 de este mes de una iniciativa mediadora del ex presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981), ganador del premio Nobel de la Paz el año pasado.
Carter propuso que la mesa de negociación entre la oposición y el gobierno escoja entre un referendo revocatorio del mandato de Chávez, que no podría realizarse antes de agosto, o una enmienda constitucional que acorte el mandato presidencial y habilite nuevas elecciones en corto plazo.
Preside la mesa de negociación el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria.
Hemos ido del timbo al tambo (sin rumbo claro) y así perdemos el respeto de la opinión pública, criticó Antonio Ledezma, líder del grupo disidente socialdemócrata Alianza Bravo Pueblo.
El camino que más se aproxima a la realidad del país es la enmienda constitucional y debemos concentrarnos en eso, opinó.
César Pérez, secretario general del partido socialcristiano COPEI (por las siglas del Comité de Organización Política Electoral Independiente, que le dio origen en 1946), coincidió en que la enmienda es la opción más rápida para encarar la crisis actual, porque Venezuela no necesita más espejismos o fórmulas milagrosas que pueden generar más frustraciones.
Según la propuesta de Carter, la enmienda pondría fin al actual mandato de Chávez, que comenzó en 2000 y debería terminar en 2006, pero permitiría su reelección para un mandato de cuatro años.
Algunos sectores de la oposición quieren que a eso se agregue la eventual realización de una segunda vuelta, sin antecedentes en el país, para garantizar que el nuevo presidente cuente con el respaldo de por lo menos la mitad más uno de los votantes.
Pero otros, entre ellos los derechistas Primero Justicia y Proyecto Venezuela, y los centroizquierdistas Causa Radical y Solidaridad, impulsan la recolección de firmas para convocar a una Asamblea Constituyente como la que promovió Chávez en 1999, con la intención declarada de desmontar el chavismo y reconstituir los poderes públicos.
Hay partidos que piensan que la Constituyente no debe ser incluida en el grupo de opciones, pero debemos llenar todos los caminos para poder adelantar cualquier proceso, comentó el líder de Primero Justicia, Julio Borges.
La Coordinadora Democrática, formada por 34 partidos y grupos opositores, espera haber llegado a recoger 2,5 millones de firmas el 2 de febrero, fecha inicialmente prevista para el referendo consultivo. La cifra equivale al 15 por ciento necesario para presentar iniciativas populares de enmienda constitucional.
Por otra parte, dirigentes de la central empresarial Fedecámaras y de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que lanzaron la huelga o paro cívico contra Chávez el 2 de diciembre, hablan de flexibilizarla en la educación, la producción de alimentos y los grandes centros comerciales.
En el gigante estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que emplea en forma directa a unas 36.000 personas, la situación es más difícil, pues fueron despedidos 3.000 gerentes, ingenieros y empelados administrativos que se sumaron a la huelga.
El gobierno los acusa de sabotaje y trata de reorganizar en forma acelerada Pdvsa, con eliminación de puestos de trabajo que impediría la reincorporación total de los huelguistas, pero es lenta la reanudación de actividades de extracción, refinación y distribución de petróleo.
Carter propuso una amnistía petrolera que anule los despidos, salvo en el caso de quienes hayan cometido delitos, y la oposición considera irrenunciable la reincorporación.
Las propuestas de Carter son estudiadas por la mesa de negociación y por el Grupo de Países Amigos de Venezuela, integrado por Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal.
Gaviria dijo en una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo que la crisis venezolana es la peor que afronta desde que asumió su cargo en 1994.
Nunca hubo una movilización popular y una polarización de este tamaño, y las personas se están armando en Venezuela, explicó.
La huelga puede causar una disminución de 40 por ciento del producto interno bruto venezolano en el primer semestre de este año, indicó.
No estoy optimista ni pesimista con respecto a la posibilidad de un acuerdo. No estamos cerca de una solución, pero sé que habrá un acuerdo, concluyó Gaviria. (
