El gobierno de Venezuela estudia decretar el estado de excepción ante el aumento de la violencia política, mientras la oposición amenaza con sumar otras medidas de protesta a la huelga que mantiene semiparalizado el país hace 36 días.
No me temblará la mano derecha, y mucho menos la izquierda, para tomar las decisiones necesarias con el fin de hacer cumplir la Constitución y las leyes, advirtió el presidente Hugo Chávez, en respuesta a la agudización de la crisis tras el asesinato de dos jóvenes partidarios del gobierno.
De ese modo, el gobierno no descartó echar mano a medidas especiales contempladas en la Constitución para enfrentar los disturbios callejeros y superar los efectos de la huelga, que ha afectado en especial las cruciales exportaciones petroleras y el suministro en el país de gasolina, gas y de alimentos.
En tanto, la Coordinadora Democrática, que reúne a partidos y organizaciones sociales de oposición, y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la asociación empresarial Fedecámaras, replicaron que desconocerán un eventual estado de excepción que decrete el gobierno.
Ante cualquier decisión que tome este régimen, estamos en desobediencia civil y llamaremos a desobedecerla masivamente, a salir a la calle y a permanecer en ella sin descanso y en resistencia, afirmó la dirigente opositora Haydée Deutsch, del novel Partido Liberal.
El activista humanitario Carlos Correa se manifestó muy preocupado por el agravamiento de la crisis política, ante lo cual los ciudadanos deben llamar a los bandos para que se detenga la violencia a través de la negociación y el acuerdo.
El cauce se está desbordando y los líderes de los dos sectores cada día pierden más el control de sus seguidores, dijo a IPS Correa, director del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos.
El ambiente político se recalentó después que los jóvenes Javier Morán y Oscar Gómez, afines a Chávez, fueran muertos a balazos el viernes, en un enfrentamiento entre manifestantes a favor del gobierno y de la oposición en el sudoeste de Caracas, que además dejó otras seis personas heridas de bala.
Los disturbios fueron reprimidos por unidades del ejército y de la Guardia Nacional, que obedecen al gobierno, y por la Policía Metropolitana de Caracas, sobre la cual tiene jurisdicción el alcalde Alfredo Peña, un tenaz opositor de Chávez.
La Policía Metropolitana también actuó contra millares de indignados seguidores del gobierno que acompañaban los féretros de Morán y Gómez, cuando pasaron por el hotel donde se encuentra alojado el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Carbacho.
El secretario general de la OEA, César Gaviria, conduce la hasta ahora infructuosa Mesa de Negociación entre el gobierno y la oposición, instalada el 9 de noviembre para buscar una salida a la crisis.
Chávez prometió capturar a los asesinos de Morán y Gómez, mientras el vicepresidente, José Vicente Rangel, aseguró que la muerte de esos dos compatriotas servirá para que se acabe la impunidad y reine el imperio de la ley.
Los líderes de la oposición son criminales y traidores a la Patria, afirmó Chávez el domingo en un discurso emitido por cadena nacional de radio y televisión.
La respuesta opositora incluye la amenaza de nuevas medidas de desobediencia civil, que acompañen el llamado por ellos paro cívico, lanzado por la CTV, los empresarios y los gerentes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA para exigir la renuncia del gobierno de Chávez, cuyo mandato finaliza en 2006.
Varios dirigentes opositores ya han llamado a no pagar impuestos, y esa desobediencia tributaria comenzó a ser ensayada en algunos supermercados – – que abren sólo medio día y con sus anaqueles casi vacíos – – en barrios de clase media de Caracas y Maracaibo.
El gobierno debió apelar a las reservas de divisas tras 36 días casi sin ingresos de la exportación de petróleo, que aporta la mitad de los recursos fiscales, y con una fuerte caída en la recaudación de otros tributos por la paralización de parte de la industria manufacturera y del comercio.
Analistas económicos y el propio Chávez prevén graves dificultades para pagar los próximos meses los sueldos del millón y medio de empleados estatales, así como para cumplir con las obligaciones de deuda externa y de otros contratos.
La falta de recursos ha alcanzado incluso al Consejo Nacional Electoral, que ha pedido de la oposición, con el respaldo de 1,5 millones de firmas, convocó a un referendo consultivo para que el 2 de febrero los venezolanos digan si están de acuerdo o no con solicitarle la renuncia a Chávez.
El referendo no es obligatorio, según la Constitución, y su realización está pendiente de un dictamen sobre su legalidad por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
La tensión política es incentivada desde los medios de comunicación, como ha ocurrido desde el comienzo del conflicto.
Las cadenas de radio y televisión privadas han reemplazado la publicidad comercial en los últimos días para pasar en su lugar mensajes contra Chávez, mientras que las emisoras en manos del Estado, con menor audiencia, se ha volcado decididamente a favor del gobierno.
También crispa los ánimos el hecho de que el año escolar (octubre de 2002-julio de 2003) se interrumpió desde el comienzo de la huelga el 2 de diciembre y es muy difícil que se reanude, como exigió el gobierno.
También el transporte de pasajeros, tanto público como privado, se ha reducido debido a la escasez de gasolina.
Mientras, Chávez agradeció la colaboración de Brasil y de Trinidad-Tobago, que han enviado gasolina, así como la oferta de asistencia técnica para reanudar la producción de crudo hecha por Argelia e Irán, socios ambos de Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
La producción de petróleo venezolano cayó de unos 2,8 millones de barriles diarios en noviembre a menos de 600.000 barriles desde que estalló la huelga.
Así, las exportaciones, que eran de 2,4 millones de barriles por jornada, un millón y medio de los cuales con destino a Estados Unidos, bajaron a un promedio menor de 500.000 barriles.
Esa situación y la amenaza de una nueva guerra en el Golfo dispararon los precios en los mercados internacionales, que la semana pasada alcanzaron su nivel más alto en dos años.
Sin embargo, este lunes se registró un leve descenso de precios debido a que Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, ofreció aumentar la producción para tranquilizar el mercado.
El crudo Brent del Mar del Norte se cotizó este lunes en Londres a 30,65 dólares por barril de 159 litros, 12 centavos de dólar menos que el viernes. (
